Entre urgencias y expectativas

En los principales despachos del Gobierno bonaerense  se respira con alivio. La aprobación del Presupuesto, y sobre todo del endeudamiento, abre para la administración de María Eugenia Vidal una perspectiva distinta. “Ahora podemos sacar la cabeza de abajo del agua...”, resumía un hombre clave del Ejecutivo.
Según la evaluación que hacen en Economía, el endeudamiento de 60 mil millones de pesos que les autorizó la Legislatura permitirá, en un lapso que estiman entre 60 y 90 días, estabilizar la situación financiera. Esto significa, regularizar pagos muy atrasados, cubrir los baches más grandes y ponerse al día con lo que llaman la “deuda no documentada” (porque no figura como tal), que es la que mantiene la Administración central de la Provincia con distintos organismos del propio Estado bonaerense y que ascendería a unos 18 mil millones de pesos.
¿Cómo tomará deuda la Provincia? Será una combinación de emisión de Letras de Tesorería (un mecanismo que ya viene utilizando y que permite captar fondos a plazos breves) y la emisión de bonos, en el país y en el exterior. “Se irá tanteando el mercado para conseguir las tasas más convenientes”, anticipan en el equipo económico que lidera Hernán Lacunza.
Los 60 mil millones están muy por debajo de los 94 mil que pretendía el Ejecutivo en el proyecto original. El recorte surgió de las tensas negociaciones con el peronismo para conseguir los dos tercios que exigía la autorización para endeudarse. ¿Esa disminución altera las proyecciones que había hecho el gabinete económico de Vidal? Dicen que, en realidad, no. “No podremos atacar todos los frentes al mismo tiempo y tendremos que establecer prioridades. Pero nos alcanza para estabilizar el barco. Cuando hicimos las primeras proyecciones sabíamos que no iba a salir la pretensión de máxima”, dicen cerca de Vidal.
Los números del Presupuesto (354 mil millones) y del endeudamiento alcanzarían para lo que en Economía definen como “un año de austeridad, pero con obras y acomodamiento financiero”. Prevén para obra pública unos 16 mil millones de pesos (“multiplica por tres lo que se presupuestó el año pasado”, remarcan). En esas cifras también están contempladas las paritarias. Guardan bajo siete llaves el dato de cuál es el porcentaje de aumento que les propondrán a los gremios. Pero creen que tendrán margen de negociación.
Un incendio tras otro
El diagnóstico que hace la nueva administración es el de una provincia “en llamas”, desde el punto de vista financiero. “Hay proveedores que no cobran desde mayo del año pasado. Se junta la plata hoy para tapar agujeros mañana. Con esa lógica se ha funcionado. Y no es una metáfora...”, dicen en Economía.
El déficit que habían estimado inicialmente en unos 15 mil millones de pesos, aseguran que en realidad es de más de 20 mil millones. “Y no sabemos qué más nos vamos a encontrar porque todos los días aparece algo nuevo...”, afirman.
Cuando hablan de “incendios”, en Economía explican que reciben llamados desesperados del ministerio de Salud, por ejemplo, porque no se pagó el mantenimiento de los tomógrafos y necesitan una partida urgente para que no dejen de funcionar. O del servicio penitenciario porque no se paga a los proveedores de alimentos desde hace casi un año y están a punto de cortarles la provisión de comida para los presos. “Estamos en ese límite... trabajando de bomberos”, dice un funcionario de Hacienda.
El objetivo del equipo de Lacunza es ordenar esta situación antes de abril, para concentrarse a partir de allí en la búsqueda de soluciones estructurales para la economía de la Provincia. “Porque está claro que la forma de funcionar no puede ser en base a endeudamiento crónico y ayudas del Tesoro nacional”, dicen en la Gobernación.
La Provincia, como se sabe, arrastra un déficit estructural. Y, con una presión impositiva que creció mucho, está al borde ser inviable si no se replantea su participación en la “torta nacional”. Impositivamente, no piensan por ahora en otra cosa que no sean las actualizaciones de Patente e Inmobiliario que acompañan la inflación.
Hay tres ejes sobre los que piensan trabajar: el más importante pasa por el esquema de coparticipación (la parte de la “torta nacional” que recibe la Provincia). El segundo es el gasto y el tercero el flujo con los proveedores del Estado.

Cada capítulo tiene sus complejidades
En materia de coparticipación, es muy sabido que la Provincia está relegada y sujeta a un esquema injusto. Los números son claros: Buenos Aires aporta el 35 por ciento del Producto Bruto nacional y sólo recibe, del total de recursos coparticipables, el 18 por ciento. Esa asimetría refleja una desigualdad que en algún momento se intentó corregir con el Fondo del Conurbano y que luego se terminó acentuando.
Es precisamente sobre el Fondo del Conurbano que intentaría avanzar la administración de Vidal. Y sobre eso hablaron hace unos días Lacunza y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Para entender cómo ha quedado perjudicada la Provincia hay que recordar una historia que EL DIA ya ha contado varias veces. Cuando se creó, en 1992, el Fondo del Conurbano se nutría del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Luego, en 1996, en un contexto de estabilidad de precios y crecimiento de la recaudación, se fijó un tope al fondo del Conurbano de $ 650 millones de pesos por año. Y se estableció que si el 10 por ciento de Ganancias excedía ese tope, el excedente sería distribuido entre el resto de las provincias. Cuando se alcanzó el tope, el excedente era una cifra relativamente pequeña. A cada provincia le tocaba un “fondito”. Hoy, inflación e impuestazos mediante, ese excedente es enorme y la mayoría de las provincias recibe por esa vía un “fondazo”, mucho más que Buenos Aires, que quedó “clavada” en 650 millones absolutamente devaluados.
Tamaña distorsión nunca fue corregida. Y es lo que intentará negociar ahora la Provincia con la Nación.
El cálculo que hacen en Economía es que en su momento de mayor gravitación, el Fondo del Conurbano llevaba -en la práctica- el 18% de la coparticipación bonaerense a un 25%. Para “empatar” con esa situación -estiman- hoy se necesitarían 30 mil millones de pesos. Saben que es una meta difícil. Se contentarían con 13 mil millones, que en la práctica representarían un aumento del 18 al 21 por ciento en la coparticipación. Creen que con eso se lograría equilibrar a la Provincia y sacarla del déficit crónico y estructural que ha sufrido en los últimos años como consecuencia de estas distorsiones. ¿Cuál sería el mecanismo? Todavía no lo saben.
El otro punto es el gasto. En Economía admiten que es bastante “inelástico” y que los recortes que puedan hacerse en cuestiones operativas y de funcionamiento “son poco relevantes”. Dicen que habrá un foco puesto en la cantidad de personal con una instrucción precisa de Vidal: no tocar al que trabaja y sacar a los que no trabajan. Todavía no tienen una cuenta depurada.
En el equipo de Lacunza ponen el acento en otra cuestión “estructural” que tiene que ver con los proveedores. “Como saben que se les paga con mucho retraso, cargan el costo financiero al precio de los bienes y servicios. Así, la Provincia compra caro y con sobreprecios, en un mecanismo que genera mayores costos”. Corregir eso es uno de los objetivos que se fijan para el mediano plazo.
La economía bonaerense transita, en definitiva, por aguas turbulentas. Se combinan factores estructurales y coyunturales. Se mezclan “incendios” aquí y allá con distorsiones groseras en el reparto de recursos coparticipables. La aprobación del Presupuesto de este año, con un fuerte endeudamiento, abre en el equipo económico de Vidal la expectativa de enderezar el barco. Pero saben que para llegar al puerto no alcanza con acomodar el rumbo. Se necesita combustible.