La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto al CELS y otros organismos pidieron ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal anular el decreto que designa al ex subsecretario de Política Criminal del Servicio Penitenciario Bonaerense César Albarracin como fiscal adjunto de Casación, por su responsabilidad en “violaciones a los derechos humanos cometidas en cárceles” que estuvieron a su cargo desde 2009.
Albarracín se desempeñó hasta el 23 de diciembre pasado en esa área clave del Servicio Peniteniciario, habiendo dejado su cargo poco antes de la triple fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, evadidos del penal de máxima seguridad de General Alvear, Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci.
En el documento presentado, también subrayaron que “las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión de Albarracín”.
COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA (CPM) Y CELS
COMENTARIOS