A mediados de mayo, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual simple y por entorpecer a la justicia violando una perimetral contra su víctima. Mientras se desarrolla la investigación judicial, otra denuncia amenaza con resurgir del olvido, pero, podría reabrierse.
Corría el año 2017. María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri, hacía lo propio a nivel nacional. Elisa Carrió era una de las aliadas estratégicas de Cambiemos y la espada más filosa a la hora de realizar denuncias judiciales.
Acompañada por su equipo de diputados de la Coalición Cívica, ese año, Carrió recibió una documentación ABC1 con escuchas legales a las altas esferas de la cúpula de la policía de La Matanza que lo vinculaban a su ex intendente, Fernando Espinoza.
Pero los barones del conurbano aún eran intocables y la denuncia de Carrió pasó desapercibida en medio de escándalos por la ruta del dinero K, la detención del vicepresidente, en aquel momento, Amado Boudou, y los imputados colaboradores que amenazaban con “cantar todo” en Comodoro Py.
Espinoza logró tapar una grave denuncia judicial de Carrió por “posible asociación ilícita, usurpación de autoridad, violación de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito”.
La hipótesis de la denuncia es que existía un sistema de recaudación ilegal que se constituía utilizando recursos y atribuciones de los funcionarios municipales que reportaban directamente al intendente Espinoza.
Los negocios llegaban directamente al crimen organizado. Parecían escenas salidas de la película Tropa de Elite, en la que se observa la corrupción de la policía brasileña y sus relaciones carnales con el poder político.
Carrió contaba con escuchas legales y con un testigo dentro de la organización criminal. En el Juzgado Criminal y Correccional Nº3 de Morón se sorprendían con la cantidad de información. Estaban bajo el radar de la justicia el poderoso secretario de protección ciudadana de La Matanza, Carlos Orsingher, el comisario Daniel Barraza, el jefe de la policía departamental Enrique Sobrero y el supuesto jefe de todo: Fernando Espinoza.
“Nunca antes tuvimos tantas amenazas, la causa quemaba” recuerda una de las abogadas que acompañó a Carrió en la denuncia. “Todo quedó en la nada, no tuvimos respaldo político para que la causa continuase su turno”, explica la fuente en off de record.
El punto C de la denuncia que investigó la justicia de Morón contra el intendente de La Matanza, se titula “Relación Espinoza –Orsingher –Salazar”.
Allí se asegura que en un sumario interno policial, “un testigo de identidad reservada se presenta bajo el programa de que Salazar era quien manejaba la asignación de horas adicionales en La Matanza”.
En febrero de 2016, se produjo un secuestro extorsivo realizado por seis delincuentes que utilizaron un móvil oficial perteneciente a la policía local. La víctima tenía vínculos con el tráfico de drogas. No quería pagar la coima a la policía matancera. El civil que reconoció que realizaba tareas para la policía de La Matanza se llamaba Mario Mauricio Puñales. Lo dijo en declaración judicial, en la indagatoria que le tomaron en el juzgado Nº3 de Morón que accedió NA.
Allí afirmó que tenía acceso libre a la Municipalidad. Otro testimonio afirmó que los policías investigados armaban “grupos de tareas” para ir a romper reuniones opositoras y de vecinos que denunciaban falta de seguridad.
Por último, Carrió exigía que se investigue el patrimonio personal del jefe de gabinete, el procesado por abuso sexual simple, Fernando Espinoza. Hablaba de 56 cajas de ahorro en bancos de todo tipo. Antes de meterse en política, en el año 2001, Espinoza había sido remisero. Su agencia de remises la vendió a comienzos de siglo a Daniel Humberto Carrizo.
No le fue nada mal. La causa judicial en la que está procesado asoma con reabrir viejas investigaciones sobre su patrimonio personal, sus vínculos con la “maldita policía bonaerense” y con el crimen organizado.
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