Avance del ciberdelito con víctimas de todas las edades y distintas profesiones

En diálogo con Democracia, el doctor Martín Laius, titular de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Junín, se refirió a la situación planteada en el ámbito judicial dada la expansión de los ciberdelitos en la comunidad actual.

La primera pregunta al fiscal fue si los casos de ciberdelitos iban en aumento o si las autoridades habían podido controlar su avance. Al respecto, el doctor Laius respondió: “en base a lo que vemos diariamente, es igual o mayor el número de casos, respecto al 2021, que es lo que tenemos hasta ahora,  puesto que Procuración publicó un informe sobre ciberestafas y defraudaciones ocurridas en el 2021 y el aumento fue del 67 por ciento de casos respecto del 2020”.

“Hubo un estallido en pandemia con un montón de modalidades de estafa. Nosotros creíamos que iba a bajar en el 2021, pero no fue así. Subió. En el 2022, ya salido de pandemia, estimo que se mantuvo el número de ciberestafas y defraudaciones o es mayor inclusive”, dijo, aclarando que todavía no tenían el informe estadístico anual de Procuración del año pasado.

Control

Si bien desde hace muchos años atrás las estafas virtuales tenían en principio como víctimas a adultos mayores, actualmente los estafados resultan ser de distintas edades, muchos jóvenes incluso, y adultos también.

A la pregunta si desde la Justicia se estaba pudiendo controlar ese tipo de casos o quizás faltaban herramientas para poder hacerlo, el entrevistado respondió: “desde el punto de vista penal, con una víctima estafada o defraudada tenemos dos objetivos: primero, recrear qué fue lo que pasó y luego identificar a los responsables. En ese camino, nosotros también tenemos herramientas para recuperar el dinero de la gente embargando las cuentas donde esta gente hace pasar el dinero; también haciendo procedimientos alternativos de mediación penal, en donde el imputado puede resarcir económicamente a la víctima, eso se hace y de hecho hoy tenemos varios procedimientos positivos. El 90 por ciento de estos se hacen en otras provincias donde están los autores. 

Por lo expuesto, dada la ocurrencia de cibercrimen a nivel nacional, el doctor Laius mencionó que tenían, en cada una de las provincias, un operador de cibercrimen en contacto con ellos, a los cuales les pedían colaboración y viceversa.

“La semana pasada estuvimos allanando en Córdoba varios domicilios, por una causa que se denunció en diciembre último. Con esto quiero decir que tenemos los medios como para establecer dónde están, asimismo tenemos información bancaria rápida y demás. En eso estamos funcionando bien”, apuntó.

Penas

Consultado sobre las penas por esto que sería, en principio, un perjuicio económico, el doctor Laius dijo que en lo que es defraudaciones y estafas, que afectaban al patrimonio de la víctima, la pena oscila entre un mes y 6 años de prisión. “Son delitos excarcelables. Hay que ver los casos puntuales. Si la persona imputada llega a tener algún antecedente penal condenatorio, entonces quizá se pueda pedir alguna detención al juez de Garantías, pero en principio, si no se da esa situación, y no hay ningún peligro de fuga o que entorpezca la investigación tenemos que seguir la causa con la persona en libertad, tomarle declaración y después hacer el pase a la etapa de juicio para lograr una condena”, detalló.

Cárceles

Ante el planteo si en las cárceles (en Junín hay tres) los internos por el uso de celulares podían hacer llamados para estafar a los vecinos, el entrevistado aclaró: “En octubre del 2022 tuvimos un procedimiento a nivel provincial con el departamento de Ciberdelito que depende de la Procuración General y que nuclea a todos los cibercrimen de la Provincia. Ahí se allanaron tres o cuatro unidades penitenciarias y se lograron secuestrar teléfonos”.

“En lo que es modalidad de estafas por cibercrimen, tenemos casos desde dentro de una unidad carcelaria y fuera de las cárceles. Pero la tenencia de dispositivos electrónicos en su momento, en pandemia estuvo permitida y reglamentada por las unidades penitenciarias. Luego, cuando se puso ‘fin’ a la pandemia el régimen volvió a la normalidad de que no podían tener dispositivos”, advirtió.

“En realidad si lo tienen – aclaró- , es una infracción a los reglamentos carcelarios. Cuando hay una investigación, allanamos la unidad y detectamos la existencia de algún teléfono, cada unidad sanciona administrativamente al recluso, más allá de que hace una investigación de cómo entró ese teléfono o quien se lo dio, y más allá de la imputación penal que hacemos nosotros”.

Respecto a las cárceles de Junín, según lo dicho por el doctor Laius, estos casos no estarían ocurriendo demasiado. Afirmó que en los tres o cuatro años que había estado abocado a este tema, solo se habían registrado pocos casos, no más de cuatro vinculados al cibercrimen.

Avance del delito

Sabido es que las estafas usando teléfonos, por ejemplo, vienen desde hace muchos años atrás, pero las que empezaron en pandemia con los cobros de los beneficios sociales de Anses, IFE, y demás, afectaron a personas mayores, aseguró el fiscal Laius. El funcionario judicial advirtió que esa situación ahora había avanzado y las defraudaciones ya tenían como víctima a personas de distintas franjas etareas y de todas las profesiones.

“Hay médicos, abogados, jueces, gerentes de banco, empleados de banco, empleados de fiscalía, de todas las franjas etáreas y ¿por qué? Porque cada uno tiene su talón de Aquiles en este mundo cibernético, compran en plataformas virtuales, navegan en la web, reciben mails digamos falsos, etc.”, advirtió.

La Fiscalía 8 

El titular de la Físcalía N° 8, que asumiera en diciembre último, aclaró que a partir de su asunción, el fiscal general doctor Mastrorilli había sacado una resolución en la cual dispuso cuatro fiscalías de instrucción, que son las que investigan en primer término el hecho, y dos fiscalías de Juicio.

“Yo estoy en una de esas cuatro de investigación, de la instrucción inicial  y todos estamos abocados a investigar los mismos delitos. Como no funciona más la secretaría que estaba a mi cargo, se puso un operador del Cibercrimen en cada fiscalía, en cada una de las cuatro. La Fiscalía 8 quedó también como una posibilidad de apoyo para alguna investigación compleja, con temas tecnológicos también, es decir, un poco más especializada”, explicó.