La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, avanzó ayer con un pedido elevado por la fiscalía para que los ocho profesionales de la salud que se encuentran imputados sean juzgados como presuntos responsables de un “homicidio simple con dolo eventual”.
Quienes instruyen la causa argumentan que una serie de “omisiones” y “desmanejos” ubicaron a la víctima en una “situación de desamparo” y de una persona librada “a su suerte” en el marco de una internación domiciliaria “indignante”.
El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz.
Este requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del “10”, Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, acusa a los ocho imputados como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “Diez” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
“Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está”, señalaron los fiscales en su pedido de 378 páginas. Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.
Este requerimiento se conoce a pocos días de cumplirse un año y cinco meses de la muerte del “Diez”, a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaria que cursaba en el barrio privado San Andrés.
17 de los 22 peritos que analizaron las circunstancias de la muerte de Maradona concluyeron que se trataba un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales” y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado en una clínica. “La internación domiciliaria misma, mientras duró, fue indignante”, consideraron los fiscales.
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