El Estado nacional y la Policía Federal Argentina deberán pagarle 10 millones de pesos más intereses a dos mujeres que fueron abusadas por agentes de esa fuerza entre 2009 y 2011, cuando las víctimas eran adolescentes.
Por los ataques sexuales, condenaron a seis policías y un agente del Servicio Penitenciario Federal a penas de entre 7 y 16 años de prisión.
Según informó ayer el Ministerio Público de la Defensa, ambas fueron abusadas de jóvenes y atravesaban además una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.
Fue el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) el que actuó como querellante a favor de las víctimas.
La condena indemnizatoria fue emitida el pasado 14 de octubre por la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1, Silvina Andrea Bracamonte, quien tuvo en cuenta los hechos expuestos en la demanda por la defensora pública oficial ante los Tribunales Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas.
Sin antecedentes
Según indicaron fuentes judiciales, los montos ordenados en esta sentencia no registran antecedentes similares. Los mismos se fijaron “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”.
Por pedido de la defensoría, y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños ocasionados a las víctimas, la suma deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la sentencia quede firme.
También, entre las medidas que solicitó la defensa pública y fueron incluidas en la sentencia, se encuentran el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio.
Esta medida, que apunta a reparar el daño al proyecto de vida de las dos mujeres, incluye la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo, señalaron.
También, como forma de reparación, el fallo condenó al Estado a “implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal”. El resarcimiento también prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de quienes son ya dos jóvenes adultas. Sobre las pericias psicológicas sobre las víctimas, la jueza consideró al dictamen como “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”.
Además, esas medidas de prueba habían sido impugnadas por la Defensoría por no haber sido desarrolladas con perspectiva de género.
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