Al parecer el exvicepresidente Amado Boudou se tomó en serio su carrera de estudiante y está teniendo su premio: nada menos que la libertad condicional a pesar de tener una condena firme de 5 años y 10 meses de prisión por corrupción. Es que la Sala IV de la Cámara de Casación Penal resolvió acortar un mes más su pena, que venía cumpliendo con prisión domiciliaria, y el próximo martes alcanzará los dos tercios del castigo y estará en condiciones de pedir el beneficio de la excarcelación.
Boudou, se sabe, ya había obtenido una reducción de 10 meses de los plazos de cumplimiento efectivo de su sentencia. Fue el juez de ejecución Penal Daniel Obligado, quien también le concedió el arresto domiciliario por tener dos niños pequeños -decisión que luego la Cámara de Apelaciones revirtió pero nunca se hizo efectiva el regreso a la cárcel- quien le computó cursos de Programador de sistema de computadoras personales, Montador Electricista, el curso de Electricista Instalador, Práctico en Organización de Eventos, y hasta un taller de Filosofía. Luego, el exvicepresidente comenzó a dar clases virtuales en la UBA.
Esta nueva decisión que benefició a Boudou fue dictado por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Angela Ledesma y Mariano Borinsky con la disidencia de su colega Javier Carbajo.
Ahora los jueces señalaron que “se acreditó que el condenado Amado Boudou completó la carrera “Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas”, contemplada académicamente como posgrado y reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación de la Nación”, según trascendió.
Los camaristas que fallaron a favor del beneficio al exvice argumentaron que el denominado estímulo a estudiar y capacitarse “consiste esencialmente en la reducción de lapsos temporales para progresar en las diversas fases del sistema penitenciario, hasta un máximo acumulativo de 20 meses, siempre y cuando el interno complete en forma total o parcial estudios en los distintos niveles educativos, así como trayectos de formación profesional o equivalentes”
Planteo ante la CIDH
En abril, el exvicepresidente Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso “amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado”.
En su denuncia, planteó que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”.
En una presentación de 22 carillas, el exvicepresidente de Cristina Kirchner sostuvo que “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial”, apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri. La presentación, que llevó la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores, como responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la imprenta que fabricaba billetes.
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