Asesoran a personas que se manifestaron en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires informó que esta semana se realizó una intervención en la localidad de Rojas, donde se mantuvo reuniones con varias de las personas que participaron de las manifestaciones del 8 y 9 de febrero pasado en el marco del reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y que se encuentran involucradas en una causa caratulada "Resistencia a la Autoridad".
Se puso a disposición de las personas involucradas el patrocinio del equipo de abogados coordinado por César Sivo, con quien el organismo provincial viene articulando en diferentes hechos de violencia institucional en la Provincia.
En ese sentido, como consecuencia de esos encuentros realizados en Rojas, dicho equipo jurídico se presentó formalmente en las causas relacionadas a los hechos de febrero, patrocinando a varias de las personas involucradas en esos expedientes.
Tras las manifestaciones de febrero en reclamo de justicia por el femicidio de Bahillo, se abrieron dos expedientes en el plano judicial.
Por un lado, se encuentra en etapa de instrucción la causa por la cual se investiga la responsabilidad de los agentes policiales que actuaron en las manifestaciones y que ocasionaron múltiples lesiones en personas mayores, niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal continúan impulsando dos causas por "Resistencia a la Autoridad", tanto en el fuero de mayores como en el fuero de responsabilidad penal juvenil.
Desde la Dirección Provincial de Protección de la Subsecretaría se marcaron en varias oportunidades las irregularidades de estas investigaciones y la necesidad de que se observen los numerosos elementos de prueba que ha aportado dicha dirección, y que darían cuenta del accionar desproporcionado por parte de agentes policiales identificados en los hechos.
A su vez, la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad continúa realizando las tareas de acompañamiento sobre las personas que sufrieron la violencia institucional, poniendo a disposición un abordaje socio-comunitario en coordinación con concejales y referentes locales.