REPRESENTAN EL 3 POR CIENTO DEL TOTAL DE LA PROVINCIA

Durante 2017, en Junín hubo 84 menores de edad imputados por delitos penales

La cifra solo comprende las acusaciones formales en el Fuero Penal Juvenil, por lo que la cantidad de casos podrían ser más. Por otra parte, dentro del territorio bonaerense se iniciaron 2.452 procesos penales, tomados por el Registro de Procesos del Niño.

En medio del debate instalado a partir de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con una iniciativa por la baja en la edad de imputabilidad, trascendieron estadísticas oficiales que indican que en apenas un año, dentro del Departamento Judicial Junín, 84 menores de edad fueron imputados formalmente. En la Provincia, hubo un total de 2849 procesados.
También sobresale que en nuestra ciudad, se iniciaron 78 procesos penales juveniles, mientras que en el total de la provincia de Buenos Aires esa cifra asciende a 2.452 casos. 
Los datos surgen del Registro de Procesos del Niño que elabora el Ministerio Público de la Provincia en base a la información que elevan jueces, fiscales y defensores oficiales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que corresponden a 2017, el último año que fue medido en su totalidad. 
Se trata de la mejor aproximación estadística al tema de los menores y el delito en la Provincia, aunque está lejos de reflejar la totalidad de los casos que ocurren día a día en las calles bonaerenses.
Además, el informe abarca un total de cuatro años de estadística elaborada con los procesos penales en los que hubo como imputados jóvenes de entre 16 y 18 años, todos ellos tramitados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
En total, entre 2014 y 2017 en la provincia de Buenos Aires hubo 13.381 imputaciones formales a jóvenes por delitos. Visto desde otro ángulo, 11.385 jóvenes menores de edad fueron procesados por algún tipo de delito en esos años.

Por regiones y modalidad
Medido por regiones, con 84 imputaciones formales, Junín aparece en el último año analizado con cifras que lo ponen justo en la ubicación 13 entre 19 departamentos judiciales del territorio bonaerense, por encima de Necochea (38) Trenque Lauquen (47), Pergamino (70), San Nicolás (79) y Zárate – Campana (81). 
Quilmes, con el 11 por ciento del total, es el departamento judicial en donde hubo más imputaciones contra menores a lo largo de 2017: un total de 304.
Lo siguen, siempre según las estadísticas oficiales, otros dos departamentos judiciales del Gran Buenos Aires: Lomas de Zamora (258) y San Martín (264), ambos con el 9 por ciento del total de las causas con menores.
La Plata con 195, junto con La Matanza (216) y Morón (199), concentra el 7 por ciento de los casos. En el total de 2017, en la Provincia, los delitos contra la propiedad representan la modalidad más repetida.
El robo con uso de armas es, dentro de ese universo, el delito con mayor incidencia, con el 26,2 por ciento del total de los procesos iniciados. Otros robos agravados representan el 22,4 por ciento. Y el resto de los delitos contra la propiedad, el 18,6 por ciento.
Los homicidios son un porcentaje menor: el 2,6 por ciento. Con los delitos por infracción a la ley de estupefacientes ocurre algo parecido: solo son el 1.4 por ciento del total.



En descenso
La estadística de la Procuración en base a los datos que envían jueces, fiscales y defensores marca, contra una sensación extendida en toda la Provincia, que el número de jóvenes imputados por delitos ha ido en descenso continuado en los últimos años. 
En 2014 fueron 3.334; en 2015, 2.958; en 2016, 2.659 jóvenes y en 2017 fueron 2.434 los adolescentes de entre 16 y 18 que cometieron un delito y terminaron con una causa en la Justicia.
El dato se conoce en el marco del debate abierto a partir de las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien anunció anteayer que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.