En tiempos donde se discute la reincidencia en el delito y las posibilidades de reinserción social, el Patronato de Liberados es una institución clave en este tema, ya que es el encargado de supervisar a las personas condenadas por alguna violación penal que consiguieron la libertad.
En la actualidad hay más de 48 mil personas en esa situación en la provincia de Buenos Aires. En la delegación Junín –que además incluye a General Arenales y General Viamonte– hay bajo supervisión alrededor de 750 personas.
Fuentes de las fuerzas de seguridad hacen foco en la reincidencia de estos malvivientes quienes “recuperan la libertad por buen comportamiento, vuelven a delinquir y se genera una puerta giratoria”.
Se trata de gente que, cuando obtiene la libertad o se les aplica una condena que puede ser cumplida sin pasar por la prisión, son asistidas por la delegación en el domicilio que tiene esa persona o mediante una pulsera electrónica que es muy cuestionada.
Un hecho reciente a destacar ocurrió el jueves último en un domicilio de calle Palacios al 450: desde el Servicio Penitenciario alertaron sobre una alarma en una pulsera de arresto domiciliario de un delincuente identificado como "monito" y luego se constató que no se encontraba en la vivienda.
Se procedió al secuestro del brazalete y el fiscal Dr. Javier Ochoaizpuro dispuso actuaciones por presunta evasión.
“La pulsera es un carnet para robar y matar”
En diálogo con Democracia, el asesor de Seguridad del Municipio Luis Chami resaltó: “Los jueces de Ejecución dejan en libertad a estos malvivientes de Junín o de otras regiones como el conurbano, que se quedan a vivir en nuestra ciudad y no coordinan con los fiscales o fuerzas policiales, ya que no informan nada”.
“No es muy transparente la forma de dejarlos en libertad con una pulsera o con la prisión condicional porque está a la vista que los informes fracasan porque salen y en 24 horas están reincidiendo”, exclamó.
“La pulsera electrónica es un carnet que los habilita para salir a robar, ya que nadie los controla. Los jueces de ejecución, que son quienes les dan la salida, no informan quiénes andan en la calle”, informó.
“No hay respuestas de nada y se manejan como quieren. A mi entender los informes son precarios, ya que no alcanzan a salir de prisión y ya están robando. O sea le dan licencia para salir a robar”, remarcó.
“¿Por qué le dan las salidas?”
“Lo que no funcionan son los controles. Me pregunto por qué dan las salidas o las avalan con las pulseras que son una licencia para matar. Son una cárcel al descubierto y la víctima sigue siendo el ciudadano”, aseguró Chami.
“Los jueces de Ejecución señalan que reciben una pericia psicológica que asegura una buena conducta en prisión. ¿Y qué va a hacer dentro de la cárcel? De esta manera están aptos para la salida transitoria o con la pulsera”, reafirmó.
“Para qué hacemos un desgaste o inversión costosísima para que después cualquiera de estos magistrados ocultos les conceda la libertad a los delincuentes de manera gratuita”, se preguntó el asesor de Seguridad. Y continuó: “De esta manera no sabemos si andan en la calle, porque no hay un informe”.
“La Justicia juega con la vida del vecino común y son tan responsables como el que roba. El pueblo está sometido por estos delincuentes que supuestamente son genios de las leyes, que se acomodan entre un psicólogo, los dejan en libertad y no hay un control estricto”, subrayó.
El Patronato en Junín
Para atender esa población de 750 personas en Junín, la delegación local cuenta con doce trabajadores, una cifra que no solo resulta insuficiente, sino que es menor a la que la Ley dispone.
Así lo reconoce el director de Estrategias Comunicacionales del Patronato de Liberados, Néstor Juliano: “Nunca son suficientes. La legislación establece que como número de referencia debe haber una persona cada 30 supervisados. O sea que acá no se estaría cumpliendo con eso, pero también tiene que ver con la realidad de cada municipio. Está claro que no es lo mismo una ciudad del interior de la Provincia que La Matanza, no sólo en cuanto a la cantidad de su población sino por la realidad socioeconómica de cada lugar. En el caso de Junín estaríamos un poco lejos”.
450 prófugos con salidas transitorias
En los últimos dos años, más de 450 presos con condena, alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a quienes se otorgó el beneficio de la salida transitoria, no volvieron a sus lugares de detención. Ahora son considerados prófugos de la Justicia y sobre ellos pesan las órdenes de captura correspondientes.
Son datos oficiales brindados por el SPB a este diario. Durante 2016, un total de 235 reclusos entraron en la categoría de “evadidos” porque nunca volvieron a la unidad carcelaria en la que cumplen condena. Ese año, se otorgó ese beneficio a 947 personas. Esto significa que casi un 25% aprovechó la salida transitoria para escapar.
En 2017, los que nunca volvieron fueron 182 de un total de 915 reclusos con salidas transitorias durante ese año. Representó casi el 20% del total.
Hasta marzo de 2018 contabilizan 38 casos, apenas un 3,8 % de las 986 personas condenadas a las que se les otorgó el beneficio. En total, la secuencia arroja 455 evadidos, en dos años y casi tres meses.
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