El actual Código Penal reprime con "prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco, al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden" (art. 266).
En el caso de los seis policías de Chacabuco acusados de pedir coimas, es llamativa la condena pedida por la Fiscal interviniente, ya que exigió el máximo de lo legal: cuando los imputados –como en este caso- no tienen antecedentes, generalmente la pena solicitada no supera al mínimo establecido por el Código Penal.
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