En solo tres días, Nigeria vivió un ataque de los fundamentalistas islámicos de la organización Boko Haram contra poblados del noreste del país con un saldo de 60 muertos. Al día siguiente, una bomba en el mercado central de la capital, Abuja, mató a 72 personas. Un día después, en la ciudad de Chibok, estado de Borno –noreste- grupos comando secuestraron más de 100 niñas de una escuela secundaria de habla inglesa.
Boko Haram es una compactación del nombre del grupo criminal islámico cuya traducción del hausa es “la educación occidental está prohibida”. Desde enero a abril, los muertos por violencia política en Nigeria totalizan 1.500 personas.
La gobernabilidad de Nigeria está en juego, al menos en gran parte del país. Desde ejemplos de la vida cotidiana hasta la cuestión de los movimientos armados que asolan el noroeste del país, la cuestión religiosa abarca a Nigeria.
Y el problema es el islamismo fundamentalista de fuerte implantación en el norte del país, donde predominan las etnias islámicas de los Hausa y de los Fulani. No así, en cambio, el sur oeste con los Yoruba de religión cristiana protestante o el sur este con los Igbo, católicos.
Recientemente, el gobierno que encabeza el presidente Goodluck Jonathan, cristiano perteneciente a una etnia menor, los Ijaw, promulgó una durísima ley de represión de la homosexualidad. Sin dudas, una concesión al militantismo islámico.
Precisamente, pocos días después, un tribunal de la norteña ciudad de Bauchi condenó a pena de 15 azotes a cuatro hombres que reconocieron su culpabilidad de “haber formado un club homosexual”. Como prevé la ley, los acusados fueron condenados por un tribunal religioso, no laico.
El caso de Nigeria no es único en el mundo. Siguió al de Uganda, con una sanción de ley aún más dura. No son pocos los países que castigan la homosexualidad. Prácticamente, la totalidad del mundo árabe e islámico, pero además buena parte del África no islámica y el Caribe, presentan legislaciones represivas.
El islamismo extremo, en Nigeria, no se conforma con una legislación represiva respecto de la homosexualidad. Lucha con armas en la mano para implantar un califato que abarque toda la región del Sahel.
Desde el 2009, el grupo Boko Haram comete violencias en la zona noroeste del país, en los estados de Yobe, Adamawa y Borno, pero durante el presente año, dichas violencias se multiplicaron con ataques contra pueblos, colegios, iglesias y puestos policiales.
Hasta el año pasado, la violencia, si bien siempre presente, parecía acotada a acciones esporádicas. Luego, en mayo de 2013, la sanción de una ley de emergencia posibilitó la intervención interna de las fuerzas armadas. Y allí todo se desmadró porque los militares se empeñaron en procedimientos de guerra sucia, sobre todo fuera de las ciudades.
Boko Haram creció, por entonces, enormemente gracias al comportamiento militar. De allí en más o no fue denunciado por los pobladores o, directamente, muchos de ellos se unieron a las filas rebeldes.
Consciente de la derrota en el terreno de la inteligencia, el ejército formó grupos civiles como milicias locales. Es en esos pueblos de milicias, donde a modo de castigo ejemplar, Boko Haram destruye todo y mata sin piedad.
Como ocurrió en muchas partes del mundo, el noroeste de Nigeria es víctima actualmente de masacres de uno u otro bando.
Lo que comenzó en el 2000 con un reclamo religioso por la aplicación estricta de la “sharia”, la ley islámica, se convirtió en lucha despiadada a partir del 2009 cuando la policía detuvo y asesinó a Mohamed Yusuf, el fundador de Boko Haram.
Desde entonces, si bien persisten las demandas religiosas, los métodos de acción se volvieron mafiosos como la toma de rehenes o el ataque a bancos. En frente, la corrupción liquida cualquier perspectiva de combate exitoso. En los tres estados mencionados, el presupuesto militar solo suma dos millones de dólares anuales, mientras que en el presupuesto nacional la partida equivale a un cuarto de la recaudación. Obviamente, la diferencia va aparar a manos de militares y políticos.
De BokoHaram ya surgió una disidencia, denominada Ansaru. Dicha disidencia se produjo como consecuencia de la discusión si Boko Haram debía o no pertenecer al tejido de Al Qaeda. Al resolver mantener su independencia, un sector se abrió y formó Ansaru, directamente vinculada a la organización que fundó Osama Bin Laden.
Irak: el gobierno acusa a Arabia Saudita y Qatar por actos de guerra
El próximo 30 de abril, Iraq celebra elecciones legislativas. La Comisión Electoral que debe supervisarlas presentó su renuncia en disconformidad con las trabas que el gobierno y la justicia ponen para la presentación de candidaturas que llegan incluso hasta vetar a quienes la Comisión ya había aceptado.
Vale como muestra de lo lejana que aparece la democracia luego de la intervención de las tropas occidentales –en particular, norteamericanas- que se prolongó desde el 2003 hasta el 2011.
Irak es hoy gobernado por el primer ministro Nuri al-Maliki, un árabe shiíta que afronta un fuerte descontento de los árabes sunitas y prácticamente una cuasi independencia de los kurdos –no árabes- en el norte del país.
En la zona central, de mayoría sunita, dos ciudades de la provincia Al-Anbar, Faluja por completo y Ramadi, parcialmente, están en manos, desde hace varias semanas, del autodenominado Emirato Islámico para Irak y el Levante (EIIL), que responde a la organización Al Qaeda.
Al-Maliki no ha podido recuperarlas. Entre otras razones, además de la deficiente preparación militar del Ejército, porque sus acciones de gobierno frente a la comunidades tribales sunitas fueron tan desafortunadas que no cuenta con el necesario apoyo de las tribus para recuperar ambas ciudades.
Es más, los rebeldes islámicos sunitas vinculados a Al Qaeda capturaron y cerraron una represa que es una importante fuente de abastecimiento de agua para el centro y el sur del país. En cuanto a las víctimas fatales de la violencia, en lo que va del año, superan las 2.550 personas.
Impotente para mantener la unidad del país, Al-Maliki culpa a Arabia Saudita y a Qatar por apoyar a los grupos insurgentes. Fue mucho más allá y declaró que esos países “atacan a Irak, vía Siria y también en forma directa y que le han declarado la guerra a Irak”.
Agregó que ambos países son los “primeros responsables por las violencias intercomunitarias, por el terrorismo y por la crisis de seguridad en Irak”.
No paró allí y dijo que las acusaciones contra el gobierno iraquí por marginalizar a la comunidad sunita son alimentadas por “personas sectarias ligadas a agencias extranjeras, incitadas por Arabia Saudita y Qatar”. Además puntualizó los insurgentes en Irak cuenta con el apoyo financiero, mediático y político de esos países que “compran armas para beneficiar a esas organizaciones terroristas”.
Semejantes acusaciones explícitas profundizan las divisiones en Medio Oriente. Al-Maliki se presenta como aliado del Irán persa y shiíta y del gobierno dictatorial sirio de Bashar Al-Assad.
Tanto Arabia Saudita como Qatar se plantan en la vereda de enfrente pero no en la misma vereda. Arabia Saudita forma un grupo con los restantes emiratos de la península arábiga y con los militares egipcios, mientras que Qatar es aliado de la Turquía de Recep Erdogan, del Hamas palestino y de los perseguidos Hermanos Musulmanes en Egipto.
Nada es impensable, ni imposible en Medio Oriente, pero no resulta tan fácil de creer en un apoyo, al menos estatal, de Arabia Saudita o de Qatar a los combatientes fundamentalistas del EILL ligados a Al Qaeda.
Sí, en cambio, no es absurdo imaginar apoyos privados provenientes de dichos países para la organización terrorista islámica. Y por allí resultan más realistas las acusaciones de Al-Maliki. Claro que el primer ministro iraquí no formuló aclaración alguna sino, por el contrario, habló de guerra de los gobiernos saudita y qatarí contra Irak.
LA COLUMNA INTERNACIONAL
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