Como siempre, no hubo acuerdo entre israelíes y palestinos y el más que meneado proceso de paz cae en un bloqueo del que le resultará difícil salir. Tras la última reunión en Jerusalén, entre la ministro de Relaciones israelí, TzipiLivni, y el negociador jefe palestino, Saeb Erakat, en presencia del emisario de los Estados Unidos, Martin Indyk, solo se produjo una nueva constatación de los desacuerdos.
Israel y Palestina atraviesan un período de negociación que debe concluir el 29 de abril próximo con una hoja de ruta sobre los temas pendientes de resolución: Estado palestino, fronteras, derecho al retorno de los refugiados palestinos, status de Jerusalén.
Sin dudas, luego de cuatro guerras contra varios países árabes, ningún gobierno israelí puede ignorar las cuestiones de seguridad. No obstante, si pretende la paz, debe hacer concesiones. No llevarlas al extremo.
Y esto último es lo que hizo el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu cuando exigió a los palestinos el reconocimiento de Israel como “estado-nación del pueblo judío”. Es que Netanyahu sabe que, de ninguna manera, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, puede aceptar.
Sencillamente, porque aceptar implica desconocer los derechos de los árabes con nacionalidad israelí, aproximadamente el 21 por ciento de la población de Israel. Y, más grave aún para Abbas, representa aceptar que los palestinos o sus descendientes que abandonaron Israel no tienen derecho al retorno. Dicho, en términos económicos, no tienen derecho a reclamar la restitución de sus propiedades confiscadas por el gobierno israelí y revendidas a propietarios judíos. Y esto, para los palestinos, es absolutamente inaceptable.
De allí que Netanyahu pide lo imposible. Para que sea imposible. A no confundir, no se trata del derecho a la existencia del Estado de Israel. Ese reconocimiento, la Autoridad Nacional Palestina ya lo hizo en tiempos del fallecido líder Yasser Arafat. Sino de la aceptación del carácter confesional de Israel que, sin embargo, vio la luz como estado laico.
Como ya ocurrió otras veces, sobreviene entonces la obvia escalada anti diálogo que entierra por un tiempo la paz, que da aire a las posiciones extremas y que liquida las aspiraciones de gloria de los norteamericanos –en este caso, el secretario de Estado John Kerry- que se inmiscuyen en la cuestión.
Como siempre, la exigencia de Netanyahu rechazada por Abbas dio inicio al “proceso anti paz”.
Primero fue un intento de corrimiento de la fecha límite -29 de abril- para el período negociador pre negociador –que es el actual- por parte de Netanyahu, reforzado por la decisión de aplazar la liberación acordada de un cuarto contingente de 104 prisioneros y condicionarla a la continuidad de las negociaciones luego del 29 de abril.
La respuesta palestina fue activar la demanda de ingreso como Estado a quince agencias y tratados de Naciones Unidas. La Autoridad Nacional se había comprometido a no hacerlo durante el período de negociación hasta el 29 de abril. Cabe recordar que Palestina está reconocida como Estado por la Asamblea General de la ONU.
Y la respuesta israelí acaba de ser la directa anulación de la liberación de los 104 encarcelados, más como siempre, la construcción de nuevas viviendas para colonos en la Cisjordania palestina.
Además, el primer ministro Netanyahu ordenó limitar a sus ministros los encuentros o diálogos con homónimos palestinos. No tiene mayor importancia, salvo para los responsables de finanzas que resuelven cual es el porcentaje de los impuestos cobrados por Israel que van a la Autoridad Nacional Palestina.
Cuestión de nunca acabar. Y parece que así lo entendió John Kerry cuando declaró “se puede facilitar, se puede empujar, pero son las partes las que deben adoptar decisiones cruciales para llegar a un compromiso”.
Para Yitzhak Herzog, jefe de la oposición laborista en Israel, el comportamiento de ambas partes “es propio de un jardín de infantes” y ya “cansó” a los norteamericanos que parecen tener ganas de decir “mis amigos, hagan lo que quieran y no nos llamen hasta que hayan terminado”.
Egipto: récord de condenas a muerte
Finalmente, tras deshojar la margarita, el mariscal Abdel Al-Sisi decidió postularse para presidente de Egipto, en las elecciones que se llevarán a cabo el 26 y 27 de mayo próximo.
Después de la primavera árabe que derrocó al también militar y autócrata Hosni Mubarak, después de la transición y la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Militar, después del triunfo de los Hermanos Musulmanes con Mohamerd Morsi como presidente y después del derrocamiento de Morsi, el círculo se cierra con la candidatura de Al-Sisi
Es que en Egipto, el “partido político” del gobierno es el Ejército. El resto conforman oposiciones más o menos toleradas según las épocas. La oposición se divide en tres grandes corrientes: la salafista o islámica fundamentalista con algunas vinculaciones con Al Qaeda; la de los Hermanos Musulmanes, islámica moderada, de buena relación con el Hamas palestino, la Turquía de Erdogan y sobre todo con el Emirato de Qatar; y la liberal, bien vista por Occidente y nada más.
En cambio, el Ejército es el oficialismo desde 1952 cuando el entonces coronel Gamal Abde lNasser derrocó a Faruk, el último rey del país del Nilo.
Tras el poco apto gobierno de Morsi y los Hermanos Musulmanes con funcionarios que no poseían ningún tipo de experiencia en el manejo del gobierno, gran parte del país volvió a mirar al Ejército como fuente de estabilidad.
De allí que el ilegal golpe de Estado contra Morsi haya sido popular. Su correlato es la casi inevitable elección de Al-Sisi en la primera vuelta de mayo próximo. Más aún, si se tiene en cuenta que la casi totalidad de medios de comunicación egipcios claman por la presidencia del militar.
Pero además, la nomenclatura egipcia no está solo compuesta por el Ejército. La administración pública, la justicia y la policía forman parte. Y todo eso junto, es demasiado.
A tal punto que un juez de una ciudad sureña, Minya, condenó a muerte a, nada menos que 529 Hermanos Musulmanes por el homicidio de un policía en los disturbios de hace un año. Nadie, en su sano juicio, puede admitir una sentencia como la señalada. Y, peor aún, los medios aplaudieron. Solo los opositores laicos y los defensores de los derechos humanos criticaron semejante barbaridad.
La sentencia es una demostración de la persecución de la que son objeto los Hermanos Musulmanes. O están en la cárcel, o en la clandestinidad o en el exilio. Como en cualquier autoritarismo, en Egipto ahora existe el delito de opinión.
Y cuando ello ocurre, la inevitable respuesta es la violencia. Los ataques a casernas militares y comisarías policiales se suceden por todo Egipto. En los Hermanos Musulmanes frustrados, el fundamentalismo islámico encuentra una fuente de reclutamiento inagotable.
De momento el saldo es de 1.400 personas muertas por la represión a las protestas y de 15.000 Hermanos Musulmanes en prisión a la espera de proceso. Decididamente, una represión brutal. Del otro lado, el gobierno dice que, desde el golpe de Estado del 3 de julio pasado, fueron muertos en “ataques terroristas” 252 policías y 187 soldados.
Desde el exterior, menos Qatar, Arabia Saudita y los emiratos del Golfo Pérsico apoyan a los militares. Y no con palabras, sino con 12.000 millones de dólares que permitieron hacer frente a las erogaciones del Estado. Mientras que Occidente hace la vista gorda frente a la ilegalidad del golpe y a la represión.
Todo hace prever que Al-Sisi ganará en primera vuelta con los Hermanos Musulmanes proscriptos. Claro que después habrá que gobernar un país donde la economía está estancada. Y donde, aunque por muy poco tiempo, existió un clima de libertad.
LA COLUMNA INTERNACIONAL
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