La denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, consecuencia del peritaje indiscreto de un teléfono en el marco de la investigación por supuesta corrupción durante su gobierno en torno a los seguros contratados por el Estado, entierra al ex presidente en una dimensión inédita de descrédito y rechazo de propios y extraños.
El mismo hombre que cosechó niveles récords de adhesión para un jefe de Estado, allá por 2020, en los inicios del manejo de la crisis por la pandemia, y luego protagonizó una saga política que fue esmerilando su figura, hoy se encuentra interpelado por todo un país a causa de un tema que por definición lo aísla, lo condena a la soledad de aquel acusado al que le es difícil encontrar abogados defensores: pegarle a la pareja y, para colmo, cuando ésta estaba embarazada, según la versión que emana de los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Hay fotos, hay videos. Eso aseguran las fuentes judiciales en base a la recuperación de datos del celular de María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández durante 30 años. O sea, no sólo cuando fue Presidente. Ellos tenían más que una relación laboral: eran amigos personales. Lo mismo que con el esposo de ésta, Horacio Martínez Sosa, a quien el entonces mandatario habría favorecido con el negocio de los seguros en los organismos del Estado justamente por esa cercanía y, se supone, a cambio de algo. Es lo que investiga el juez Julián Ercolini.
Que Cantero haya sido amiga de Fernández explica también la cercanía con Fabiola Yañez. Terminó siendo amiga de la pareja y por esa afinidad la ex primera dama le habría mandado las fotos de su cuerpo agredido y los lamentos por lo ocurrido, responsabilizando a Alberto por esa supuesta violencia cuando ambos vivían en la Quinta de Olivos.
La denuncia conyugal asoma como el corolario de una caída de Fernández que empezó justamente en la pandemia del Covid-19, con el escándalo del vacunatorio VIP. Le siguió la foto maldita de la fiesta de cumpleaños de Fabiola en plenas restricciones de encierro, la pelea política constante con Cristina Kirchner -esa dama que lo había llevado a la Rosada en una jugada electoralmente efectiva pero dañina para la salud del espacio- y, claro, la capitulación final frente a Sergio Massa, quien se convirtió en el mandamás del gobierno y ejecutor de la opacidad política final de Alberto. Luego de la denuncia formalizada ayer, aparentemente al cabo de 48 horas de asedio a su exesposa, según se desprende del expediente, Fernández sólo se limitó a asegurar que las acusaciones de Yañez son falsas y en un breve comunicado. Prometió demostrar esa supuesta falsedad en la Justicia, que dispuso la prohibición para que salga del país y ordenó “medidas de restricción y protección” para que no se pueda comunicar por teléfono con la madre de su hijo. La ex primera dama reside en España con el pequeño Francisco.
UN RELATO QUE SE CAE
La doble investigación de Ercolini (maniobras espurias con los seguros y, por ende, con dinero público, y la violencia contra Yañez) exponen a Fernández a la refutación del relato que él mismo construyó sobre su paso por la Presidencia.
Se ha jactado de “no ser corrupto”, de no tener causas abiertas por sospechas de quedarse con lo que no corresponde (en su momento, una forma sutil de diferenciaciones de las gestiones presidenciales que encabezó Cristina), hasta que llegó la data de los millonarios montos en comisiones que iban a Martínez Sosa. Que se daban gracias a un decreto firmado por él mismo que obligaba a todos los organismos estatales a contratar los seguros con la empresa del Banco Nación y, posteriormente, la presión que ejercía sobre sus funcionarios para que pidieran que los manejara su broker amigo. Esa es otras de las cosas que se desprenden de los chats que quedaron en el teléfono de la secretaria Cantero.
Por otro lado, en caso de probarse la denuncia de Yañez impugna cuatro años o más de una actitud pública de Alberto de alineamiento con la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género, según la cual se creó y potenció el ministerio de la Mujer -luego disuelto por Javier Milei- y se trabajó, al menos desde lo verbal, para eliminar “gel patriarcado, ese enemigo filosófico del colectivo feminista, con medidas como el impulso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En una celebración por el Día de la Mujer Fernández llegó a decir: “Me da vergüenza que una mujer padezca violencia de género en Argentina”.
Por todo lo antes mencionado la situación incomoda a todo el peronismo y especialmente al kirchnerismo/cristinismo, soporte de la llegada de Alberto al poder y de su permanencia aún con diferencias. Pero sobre todo, genuinamente aplaudidor de aquellas políticas de protección y equiparación de género. Anoche había muchos decepcionados/as en ese campamento, donde primó el silencio. Salvo excepciones, como la de Mayra Mendoza y Juliana Di Tullio, espadas de Cristina. Es inédito en la historia Argentina que un ex presidente sea acusado de violencia hacia su pareja, para colmo durante el ejercicio de la primera magistratura. No lo iguala ni el desopilante episodio de Carlos Menem echando de Olivos a Zulema Yoma e hijos con la asistencia del entonces jefe de la Casa Militar, el brigadier Andrés Antonietti, en el año 1990. Hasta ahora ese había sido el mayor escándalo público conyugal que rodeó al poder en los tiempos modernos.
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