Con menos apoyo del esperado pero con el afán de mantener vivo el tema durante el año electoral que comienza, Alberto Fernández y tan sólo 11 gobernadores peronistas acordaron presentar hoy en el Congreso el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño y por haber incurrido en conductas de “parcialidad manifiesta”. La “foto” que buscó el Presidente en su nuevo embate contra el máximo tribunal tuvo, en verdad, menos volumen político que la de hace dos semanas cuando ambas partes se reunieron para repudiar la resolución del alto tribunal que reintegraba fondos de la Coparticipación a la capital federal.
El propio jefe de Estado había manifestado la intención de avanzar con este proceso durante la salutación que hizo por el Año Nuevo. Pero se trata más que nada de una estrategia política para buscar mayor cohesión en el convulsionado Frente de Todos porque, se sabe, no tendría destino por la falta de apoyo legislativo.
Es que el oficialismo puede introducir el tema en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, órgano acusatorio contra altos funcionarios previsto por la Constitución, mantener el debate durante varios meses y, quizás, hasta emitir dictamen. Pero no podría aprobar el proceso en el recinto donde se necesitan las dos terceras partes de los votos; al esperado rechazo de Juntos por el Cambio y otros espacios opositores, se le sumarían ahora diputados que responden a gobernadores del PJ como Sergio Uñac (San Juan) y Alberto Rodríguez Sáa (San Luis) o al massista Gustavo Saénz (Salta), por ejemplo, que decidieron no acompañar el ataque contra los jueces del máximo tribunal.
Lo cierto es que ni siquiera todos los mandatarios firmantes participaron de la reunión de dos horas celebrada ayer en el Salón Eva Perón que encabezó Alberto Fernández, donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el secretario general Julio Vitobello, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, en teoría encargado del vínculo con las provincias pero que poco tuvo que ver con la logística de dicho encuentro. En forma presencial estuvieron ocho mandatarios provinciales presentes y 2 vicegobernadores (Santa Cruz y Catamarca) y otros dos gobernadores conectados por videoconferencia (Entre Ríos y Chubut).
Finalmente firmaron el pedido de juicio político, además del primer mandatario, Axel Kicillof (Buenos Aires), Raul Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), tres menos que los que rubricaron el comunicado que rechazaba la devolución de fondos a CABA.
El episodio registró, además, un paso de comedia: el texto oficial incluyó la firma del entrerriano Gustavo Bordet que finalmente decidió no acompañar la embestida contra el máximo tribunal, según comunicaron con posterioridad sus voceros. De este modo, la denominada “zona centro” del país (que incluye Córdoba y Santa Fe), gobernada por el peronismo, no acompañó la embestida oficial contra los ministros del alto tribunal.
Kicillof, Zamora y Capitanich oficiaron como voceros del encuentro en una rueda de prensa posterior celebrada en el Patio de las Palmeras. En verdad, estos tres mandatarios, que de alguna manera son los delegados de Cristina Kirchner en la Liga de Gobernadores del PJ, vienen siendo los más duros contra el máximo tribunal. Así, explicaron que iniciaron el proceso de destitución contra el titular de la Corte, Horacio Rosatti, por supuestamente haber incurrido en conductas que configuran la causal de “mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la Constitución” y, al mismo tiempo, pidieron la remoción de los otros jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
El santiagueño Zamora, en tanto, justificó la movida porque “esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats” que involucran al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, con un colaborador de Rossatti. Justamente el funcionario porteño decidió ayer pedir licencia en su cargo como forma de amortiguar el escándalo que produjo la difusión de sus conversaciones, interceptadas, según denuncia, en forma ilegal, que han provocado un profundo debate interno en la administración porteña y en sus aliados de JXC.
El texto firmado por Fernández y los 11 gobernadores instó a los integrantes del bloque del FdT en la Cámara baja a que impulsen “el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación”. El mismo se incluirá en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias que el Ejecutivo enviaría hoy al Parlamento.
La titular de la comisión de juicio político, la diputada “albertista” Carolina Gaillard, de concretarse el pedido, estaría en condiciones de iniciar el proceso en un cuerpo donde el oficialismo tiene una ínfima mayoría. Se descuenta que, ante la imposibilidad de darle aprobación en el recinto, se abocaría a un diagramar un extenso debate con el fin que el FdT pueda usufructuarlo políticamente. La legisladora, como titular de la misma, estaría en condiciones de citar a los cortesanos en caso de considerarlo necesario. En la oposición, no obstante, consideran improbable que haya actividad parlamentaria antes de febrero próximo.
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