Luego del genocidio, la Argentina en su conjunto acordó decir Nunca Más al Terrorismo de Estado. En esa expresión estaba contenida, también, la negativa a todo tipo de violencia política. Las casi cuatro décadas de democracia vividas parecían mostrar que ese compromiso acordado era definitivo. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fueron el reaseguro del Nunca Más y por ello siempre las propusimos y sostuvimos.
El atentado a la Vicepresidenta de la Nación, extremo de una escalada de expresiones fanáticas que se viene desarrollando sostenidamente en la sociedad argentina, demuestra que hoy hace falta agregar algo más a aquel acuerdo fundacional. Falta volver a convenir el unánime acatamiento a reglas de juego en las que el respeto por lo que piensan las y los otros tenga lugar. Sin este compromiso no puede haber pleno funcionamiento institucional.
Esto no quiere decir que debamos pensar lo mismo ni que algún sector deba renunciar a representar los intereses que realmente representa. El conflicto es propio de toda sociedad desigual. El acuerdo debe consistir en que desde cada identidad política se asuma que solo en un marco de respeto y tolerancia se pueden expresar y debatir las ideas y propuestas que se entiendan mejores para la sociedad.
Dicho de otra manera: terminar con la extremada radicalización que necesita de la mentira, el odio y la violencia para descalificar a quienes no piensan igual. Las manifestaciones de las y los principales líderes políticos luego del atentado a Cristina Fernández de Kirchner permiten presumir que este acuerdo es posible. Algunos y algunas lo pensaron siempre y otros y otras parecerían advertirlo recién ahora. Felizmente son casos aislados los que siguen atados al fundamentalismo autoritario para seducir a la breve porción social supérstite de la dictadura. Todos los medios de comunicación, por su importancia en la construcción de la opinión pública, deben asumir idéntico compromiso.
El principal insumo para construir ese compromiso son los derechos humanos. Los derechos humanos, puntualmente prescriptos en una docena de tratados que forman parte de nuestra Constitución Nacional, deben brindar contenido a las propuestas y sustento a las acciones de todos los partidos que componen las tradiciones políticas populares y democráticas del país. Esto les sería de utilidad a fin de rearmar sus identidades, los haría más confiables, previsibles y eficientes. Tienen ahí un interesante desafío para superar el momento oscuro que estamos atravesando.
Guillermo Torremare: Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
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