Con mucho asombro en los últimos tiempos vimos dos casos que llamaron la atención relacionados con el aeropuerto internacional de Ezeiza. Un pasajero que bajaba con su mascota después de un viaje con dos escalas con transbordo le fue comunicado que su perro Coco tenía vencido por unos días uno de los certificados de vacunación, lo que le impedía su ingreso al país con su afectuoso dueño.
Nos enteramos por los medios de comunicación del episodio de que entrevistado el afectado por la Directora, le fue comunicado que había tres alternativas: o ambos volvían a su lugar de origen, o Coco era despachado de vuelta o bien era sacrificado. Conmovida por la trascendencia periodística, la opinión pública llevó a la razonabilidad. Se le aplicó la vacuna en cuestión, y se lo mantuvo en cuarentena y luego partió para reintegrarse con su familia a la provincia de Córdoba.
La semana pasada, con motivo de la niebla, un gran avión con 5 tripulantes iraníes y 14 venezolanos no pudo aterrizar en Ezeiza y fue desviado, vaya casualidad, a la misma ciudad de Coco. Estuvo en Córdoba varias horas y partió nuevamente para finalmente aterrizar en dicho aeropuerto. Después de 5 días sin que se hablara una sola línea, ni un minuto radial o televisivo, nos enteramos ante el amparo presentado ante el juzgado de la jurisdicción correspondiente que se solicitaba la devolución de los pasaportes retenidos a la tripulación iraní.
A partir de ese momento, y ante el asombro de toda la Nación, nos enteramos del aterrizaje frustrado en Montevideo, de la negación de carga de combustible a la nave, de la comunicación de los gobiernos de Uruguay y Paraguay de negar la navegación aérea a la misma, y demás detalles que son públicos y notorios.
El problema de fondo es quién ordenó al fantasma que recorrió todos los organismos públicos establecidos en el aeropuerto imponiendo la frase de ese legendario futbolista que dijo “Silencio Stampa”. De allí surge una decisión de no sabemos quién, pero que seguramente expresa un poder importante en la Argentina. Soy uno de los tantos que me molesta que decisiones que la República y la Constitución establecen como facultades de poderes bien definidos no sean quienes resuelvan la política exterior y los compromisos de nuestro país con el mundo. No vaya a ser que le exijamos a la Justicia que sea la que asuma la responsabilidad de dichos compromisos y la política de Relaciones Exteriores de nuestra Nación.
José María García Arecha: Exsenador de la Nación (UCR-CABA)
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