No la tiene fácil Alberto Fernández: deberá gobernar los casi dos años que le quedan de mandato con un kirchnerismo que ya blanqueó que no acompaña el plan económico devenido del acuerdo con el FMI ni su liderazgo político y con un entorno que le pide dar un paso hacia adelante y armar una gran alianza con gobernadores, gremios e intendentes bonaerenses. El problema es que el Presidente no se decide a adoptar alguna postura que le posibilite ordenar la coalición gubernamental y solo tiende a confiar en su capacidad comunicacional.
El jefe de Estado viene de transitar una semana en la que, acuerdo con la oposición mediante, logró aprobar en el Congreso el programa de facilidades extendidas que patea los vencimientos de deuda hasta 2026. Claro que habrá revisiones trimestrales que validarán cada refinanciamiento, uno de los requisitos que impugna la vicepresidenta Cristina Kirchner, que el jueves a la noche abandonó en silencio el Senado y no presidió la votación del acuerdo, en un claro gesto de rechazo.
“Hay que ampliar la coalición y no achicarla. Alberto está ante una nueva oportunidad pero tiene que conducir”, reconoció un funcionario que suele realizar recorridas con el primer mandatario y es uno de los que le sugirió que esta suerte de relanzamiento de gestión que posibilita la renegociación de la deuda, debería incluir un cambio de gabinete. Pero el jefe de Estado no se decide a oxigenar el equipo de gobierno, como ha deslizado la portavoz Gabriela Cerrutti, al decir que en eso coinciden hasta algunos dirigentes dispuestos a acompañarlo ante el enfrentamiento con el kirchnerismo duro.
Las retenciones
La suba de los dos puntos a las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, una medida de escaso impacto ante el aumento de los precios, despertó una airada reacción opositora desde gobernadores peronistas como Juan Schiaretti (Córdoba) hasta el senador radical Alfredo Cornejo. No parece haber en el menú oficial nada nuevo salvo un relanzamiento de Precios Cuidados, la adopción de “precios sostén” a algunos productos de la canasta básica y la clásica convocatoria a dialogar a empresarios y sindicalistas. En 2021 esa mesa tripartita fracasó y no logró hacer viable, por caso, una pauta salarial del 32 por ciento.
“Tiene que traer a los pesos pesados de AEA (Asociación Empresaria Argentina, que integran Arcor, Techint y Coto, entre otros) sino esto se va a la mierda. Los controles de precios fallaron diga lo que diga (el secretario de Comercio Roberto) Feletti”, fue el crudo relato de un jefe gremial que participó de la reunión con Alberto Fernández y dirigentes de la UIA el miércoles por la tarde tras actualizarse el salario mínimo vital y móvil en un 45 por ciento. Entre los aliados del Presidente hay muchas dudas sobre el rumbo económico.
Inflación alta
El Índice de Precios al Consumidor de febrero dio un 4,7 por ciento de aumento –con un alarmante 7,5 por ciento en alimentos- en el que muy poco influyó un conflicto bélico iniciado a fines de ese mes. Se sabe que el indicador de marzo, donde si tallaría la suba en la harina por la disparada internacional del trigo y el ajuste en las naftas, tenderá a escalar aún más. Ese escenario fue el que obligó al Gobierno a cambiar el tono del relanzamiento de gestión: pasó de una estrategia ofensiva de anunciar planes de aliento a la producción y a la exportación a una defensiva de intentar poner coto a la disparada de los precios.
En el medio hay reproches internos por una nueva marcha atrás: eran varios los sectores de la coalición oficial que pedían subir las retenciones a las exportaciones de granos, como soja, trigo o maíz, como forma de desenganchar los precios internos del boom de las commodities. La amenaza de la oposición de bloquear el tratamiento legislativo del entendimiento con el Fondo y los gritos de guerra del campo le pusieron un freno. Habrá que ver hasta cuándo.
El ministro Julián Domínguez se opone a dichas medidas y ayer solo dio detalles del plan de estabilización para el mercado del trigo, en el que se utilizarán los fondos de la recaudación de las multinacionales cerealeras para crear un fideicomiso que subsidie la harina que compran los argentinos. Hay voces que alertan que esta iniciativa poco influirá en el mercado doméstico ya que solo impactaría sobre 700 mil toneladas cuando en el país se consumen varios millones.
Aunque varios gremios como la UOM y Obras Sanitarias, han cerrado paritarias en un 45 por ciento de suba, con revisión a noviembre para cubrir el desfasaje inflacionario, la puja distributiva está lejos de haberse controlado. Es que el oficialismo no logra calmar las expectativas y mucho menos después del discurso presidencial del viernes en el que dio pocas precisiones sobre un eventual plan antiinflacionario.
El kirchnerismo, en tanto, ya movió sus fichas votando en contra del acuerdo con el FMI y cuidando su propio capital político rumbo a 2023. En ese espacio aseguran que evitaron participar de los discursos en ambas cámaras legislativas para no generar “zozobra” en la sociedad por efecto del internismo, como lo expresó ayer la senadora Juliana Di Tullio, y admiten que “por ahora” vislumbran una “convivencia tensa hasta el final” de mandato de Fernández.
Mientras, el Presidente se rodea con sus incondicionales. La próxima semana se volverá a reunir el Grupo Callao, que en estos años ha actuado como una suerte de “think tank albertista”, para difundir un documento sobre las medidas que considera necesarias para el relanzamiento del gobierno.
La oposición
Justamente la oposición hizo mella sobre esa interna del Frente de Todos durante el debate legislativo por la refinanciación de la deuda. A la postre, los votos de Juntos por el Cambio superaron en gran número a los colectados por la bancada oficialista de la Cámara alta, mismo escenario que el registrado en Diputados.
El aval del mayor espacio opositor no se logró sin sobresaltos: el radicalismo y la Coalición Cívica nuevamente se transformaron en un dique de contención contra los intentos por homogeneizar la estrategia de parte de halcones del PRO, como Patricia Bullrich.
En la víspera la titular del partido amarillo buscó mayor coordinación en su propio partido al difundir una carta abierta junto a titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y su par del Senado, Humberto Schiavonni. Es que tanto dirigentes propios como ajenos la han acusado de intentar “cortarse sola” y anticipar posturas de la coalición opositora sin un consenso previo.
En el citado comunicado remarcaron que “el trigo es solo el 10 por ciento del valor del pan, pero más del 30 por ciento son impuestos” y que ha llegado el momento “de desacoplar la mesa de los argentinos del gasto de la política” y, como sucedió durante Cambiemos, quitarle el IVA a productos que consumen “quienes más lo necesitan”.
Lo cierto es que Juntos demostró, a la postre, poder coordinar una estrategia común para evitar que Argentina cayera en default. Mañana, al parecer, divulgarán el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que fue debatido por integrantes de las distintas fuerzas: saben que desde el martes el oficialismo intentará hacer pesar un texto propio en un plenario de comisiones del Senado que comenzará a discutir el tema en los próximos días. Se trata de otro capítulo de la ambiciosa reforma judicial que intentó imponer, sin éxito, el Presidente. Pero el Parlamento solo se avino a tratarlo luego que fuera emplazado por la Corte Suprema de que, en caso de no haber una nueva ley, restauraría la composición original del cuerpo a todas luces desfavorable para los intereses del oficialismo.
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