El Ministerio de Economía publicó los primeros datos de la deuda pública bruta a fin de 2021. El stock asciende a U$S 363.000 millones, y el 60 por ciento de ese stock es deuda bajo legislación local. Sobre el total a diciembre pasado, U$S 260.802 millones eran letras del Tesoro y otros títulos, esto es, 71,8% del total. El mismo incluye letras en el activo del Banco Central, por U$S 57.509, 4 millones y deuda del Tesoro con la autoridad monetaria por adelantos transitorios por U$S 21.149 millones.
Si al total de la deuda bruta se sustraen los pasivos con el BCRA, por U$S 78.658 millones, resulta un subtotal de U$S 284.703 millones con otros acreedores (78,4% del total).
Sobre esa suma, la deuda de corto plazo es fundamentalmente letras del Tesoro en pesos por U$S 19.041 millones que se tratará, obviamente, de cancelar con nuevos títulos. Pero es bien conocido la deuda computada de “largo plazo” no colocada en el Banco Central: U$S 164.996 millones.
A fin de 2021, la deuda con organismos internacionales era de U$S 68.028 millones (18,7% del total). Sobre dicho stock el pasivo de mayor volumen es la deuda con el FMI, por U$S 40.952 millones, concentrándose los vencimientos de capital en 2022 (U$S 17.763 millones) y en 2023 (U$S 18.743), además de los intereses (U$S 1.239 millones 2022 y U$S 419 millones en 2023).
La evolución del año pasado muestra que la deuda pública bruta registró un incremento de U$S 27.779 millones, habiéndose concentrado esa variación en el cuarto trimestre de 2021, con una suba del stock por U$S 20.741 millones, de los cuales, U$S 13.030 millones fueron nueva deuda con el BCRA: U$S 10.787 millones por adelantos transitorios y U$S por nuevas letras del Tesoro
El total publicado consolida la deuda bruta documentada y su valor final seguramente estará sujeta a reajustes ya que las cifras para el cuarto trimestre son preliminares. Recién entonces se podrá tener la cifra definitiva, pero estos valores dan una idea del patrón de la política fiscal y de su financiamiento.
La variación del stock informado ha sido positiva tanto en 2020 (U$S 12.518 millones) como en 2021 (U$S 27.779 millones), lo que muestra que al menos en términos absolutos, no habría habido una mejora del resultado fiscal del sector público no financiero en el último año, sino todo lo contrario.
Sobre el flujo de nuevo endeudamiento de 2020, U$S 3.026 millones (24,2% del total del año), correspondieron a nueva deuda con el BCRA por adelantos transitorios (U$S 742 millones) y letras intransferibles (U$S 2.284 millones) que el Tesoro colocó en dicha entidad. Luego, en 2021 sobre los U$S 27.779 millones de nueva deuda, U$S 10.308 millones (37,1% del total) fueron por nueva deuda con la autoridad monetaria. Sobre este subtotal, U$S 6.169 millones provinieron de adelantos transitorios y U$S 4138 millones de la colocación de nuevas letras en el Banco Central.
Si se deja de lado el financiamiento desde el BCRA, el incremento de la deuda pública total no pareciera ser preocupante, pero muestra una significativa suba en 2021. La variación absoluta (excluyendo el endeudamiento con la autoridad monetaria) fue de U$S 17.472 millones, superando al registrado en 2020, que fue de U$S 9491 millones.
A su vez, en 2021, la velocidad de aumento de los pasivos del sector público no financiero ha sido, por lejos, la mayor del año pasado. Probable reflejo del “plan” de poner “platita en el bolsillo” para sostener la demanda con motivo de los comicios de medio término y para evitar desbordes y protestas hacia fin de año.
La posición de deuda a fin de 2021 no parece todavía inmanejable, pero es claro que la reestructuración del cronograma de vencimientos con el FMI luce más que necesaria. Algo que requiere, un programa de mediano plazo que de manera creíble permita convencer al organismo (y también a inversores locales y del exterior) de un compromiso serio para sentar condiciones básicas de crecimiento de la actividad y de la capacidad de repago del sector público sin incurrir en nuevo endeudamiento para pagar deudas previas, gastos corrientes o proyectos inviables.
Al presente nadie espera cambio alguno en el expansionismo fiscal y monetario en curso con controles cambiarios y de capitales y al comercio exterior. Al menos hasta las elecciones presidenciales de 2023 para que sea otra administración la que soporte los costos políticos de la reestructuración de la deuda con el FMI, y de la oposición agresiva de los beneficiarios del actual “modelo”.
En esa transición, la idea de “poner platita en el bolsillo” vía emisión monetaria y de deuda y mayor presión impositiva, no sería abandonada. Pero sin credibilidad, será cada vez más difícil imaginar una baja de la inflación, de la incertidumbre sobre ingresos, costos y precios futuros, de la brecha cambiaria y de la prima de riesgo país.
Esto seguirá bloqueando los incentivos para la inversión, lograr el cierre permanente de la brecha fiscal y reducir el stock de la deuda pública.
Si algo es claro, es que el expansionismo fiscal permanente requiere el aumento constante de la demanda voluntaria de deuda pública y de moneda local.
Algo bastante difícil de lograr sin una reducción del déficit fiscal, y si las autoridades no revierten el visible deterioro de la credibilidad y de la confianza interna y externa de los últimos dos años.
Héctor Rubini, [email protected].
COMENTARIOS