Mientras el Gobierno sigue jugando con fuego en cuanto a la demora del crucial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le suceden hechos muy graves como la presencia de un funcionario iraní en Nicaragua buscado por ser uno de los autores intelectuales del atentado a la sede de la AMIA y que el representante diplomático argentino dijo no haber visto, o el apoyo tácito desde la Casa Rosada a una movilización que preparan para el 1 de febrero agrupaciones peronistas para “echar” a los jueces de la Corte Suprema.
Lo que sucedió en la cuarta asunción consecutiva como presidente del exguerrillero Daniel Ortega fue cuestionado y repudiado lógicamente por toda la comunidad judía, además de los pedidos de explicaciones de la oposición al Ejecutivo en ambas cámaras del Congreso. ¿El embajador Daniel Capitanich -hermano de Jorge, el gobernador de Chaco- no conocía de antemano a los invitados extranjeros a la ceremonia? ¿Se le puede haber pasado la presencia del iraní cuando los diarios oficialistas de Nicaragua la anunciaron como uno de los visitantes estelares? Pareciera muy difícil.
Sin embargo, para el Gobierno, no. Su versión oficial tras recibir las explicaciones del diplomático, quien fue ratificado en el cargo: “Era difícil prever que esta situación iba a suceder (…) El embajador no sabía que estaba, no le conocía la cara a esta persona (Mohsen Rezai), no estuvo en la misma habitación, no sabía que había sido invitado y se enteró al día siguiente, por la publicación de algunos diarios”, aseguró Gabriela Cerruti, la voz diaria de la administración de Alberto Fernández.
Cierto que hubo un “enérgico reclamo” oficial a Nicaragua y a la Interpol para su detención, pero ya era tarde. El iraní prófugo de la justicia argentina se dio el gusto de pasar por Cuba, otra de las naciones de esa alianza estratégica, que desde el Instituto Patria ven con empatía, pero que irrita, principalmente, a los Estados Unidos.
Avanzada
No menos serio fue en el orden institucional la nueva avanzada en la semana desde el Gobierno contra la Corte Suprema, con las expresiones de apoyo del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, a una movilización tras la feria judicial en reclamo del desplazamiento de los actuales miembros del máximo tribunal, organizada por sectores peronistas, con el expiquetero Luis D´Elía al frente. “La gente tiene derecho a expresarse”, argumentó el funcionario muy ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Cuando en diciembre pasado la Corte declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, Mena advirtió: “El fallo pone en riesgo el sistema republicano”. Entonces cabría la pregunta: ¿y los ataques públicos de un poder a otro, no?
Pero no terminó en el inédito respaldo oficial a la marcha a los tribunales del 1 de febrero. Más tarde, fue el propio jefe de Estado quien volvió a criticar al máximo tribunal: “Tiene un problema de funcionamiento muy serio”, aseguró. A esta opinión le cabría otra pregunta: y si el presidente de la Corte dice que el funcionamiento de la administración pública es muy malo, ¿cómo reaccionarían desde el Ejecutivo? Un probable conflicto de poderes que el Gobierno parece no estar dispuesto a cerrar.
Tras estos hechos que marcaron la semana del Gobierno, llegó un nuevo escándalo con las imágenes que se hicieron viral de la funcionaria que maneja una de las mayores “cajas” del Estado, la titular del PAMI, Luana Volnovich, de vacaciones en una isla del Caribe, nada menos que junto a su segundo en la obra social de los jubilados, Martín Rodríguez, mientras también gozaban de licencias el tercer y cuarto funcionario del escalafón. Dicen que la orden del Presidente fue clara, en medio de la crisis y la escasez de dólares: no veranear fuera del país. Pero parece que la militante de La Cámpora hizo caso omiso y generó un nuevo malestar interno en el oficialismo, que no gana para sustos.
Inflación
Y en medio de estos avatares políticos, la economía, con la incertidumbre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y el registro de una inflación en 2021 que pasó la barrera del 50 por ciento -fue la tercera más alta del mundo detrás de la difundida por Venezuela y El Líbano- y rompió todos los esquemas del equipo económico en su lucha, al menos, de controlarla. El palacio de Hacienda había calculado unos 20 puntos menos para el año pasado en el presupuesto.
Las miradas, en el propio oficialismo, apuntan contra el responsable de la economía, Martín Guzmán. Desde el sector del kirchnerismo, comenzado con Cristina, ya no disimulan su malestar con el ministro, a quien a puertas cerradas lo ven como “un vende humo”. Creen que después de todas las buenas expectativas que impulsó con respecto a la posibilidad de llegar a buen puerto en un acuerdo con el FMI, ahora cada vez más lejos de esa posibilidad dejó al Gobierno en una encrucijada. Sin embargo, tiene como principal defensor de su gestión a Alberto Fernández.
El tema pasa por el ajuste fiscal en los próximos años para llegar al acuerdo. El FMI exige por los menos un achicamiento del déficit en los gastos de 0,7 puntos porcentuales por año. Presiona por un 2,2 por ciento en 2022 y 1,5 por ciento en 2023. Una meta difícil, con menos cosecha y por ende, menos ingresos por retenciones. También sin “el impuesto a los ricos”, que el año pasado dijeron que era por única vez. Y otro tema es el recorte de subsidios en energía o en el transporte; el aumento de las tarifas deberá ser muy significativo para llevarlo a cabo. Y a no olvidarse que el año que viene es electoral. Pero el ajuste parece inevitable por la falta de divisas, que genera restricciones en las importaciones que, según los industriales, son indispensables para la producción.
A Guzmán, mientras, le endilgan un error estratégico en las negociaciones por la deuda. Fue no acordar con el FMI en 2020, en medio de la compasión del organismo a sus países asociados por la pandemia, con los bonistas jugando a favor tras haber cerrado su acuerdo.
El ministro ve, además, una cuestión “geopolítica” detrás de la falta de acuerdo y le apunta a EE.UU. que al igual que el FMI brega por una reducción del déficit fiscal y el combate contra la inflación. En este contexto, el martes sale la misión política a Washington con el canciller Santiago Cafiero al frente para lograr el apoyo del mayor socio del organismo. Claro que el Gobierno no le da buenas señales: los acuerdos con China avanzan y hasta el presidente Alberto F. programó un viaje en febrero hacia el gigante asiático.
La oposición
Mientras, en Juntos por el Cambio, el tema de la deuda y el apoyo al Gobierno divide aguas. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador jujeño, Gerardo Morales -que en la semana limaron asperezas en una reunión- ven con buenos ojos un acuerdo, aunque siguen esperando las explicaciones del Ejecutivo de cómo será y cuál es el plan económico a cumplir. En cambio, Mauricio Macri rechaza cualquier diálogo con la Rosada: “Nos complicarán en su fracaso”, dice. “Palomas y halcones”.
Lo cierto es que son tiempos cruciales para una economía en crisis, ahora también complicada por un ausentismo laboral ante los avances del contagio de Covid, y un calor extremo que obliga a encender las alarmas por la alta demanda eléctrica. A ello se agrega la sequía que afecta al principal productor de divisas de la Argentina que, como siempre, es el campo.
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