Mezcla de vacaciones y trabajo, Axel Kicillof se instaló unos días en la zona del complejo de Chapadmalal que es manejada por la administración provincial. Una suerte de base de operaciones del verano político en la que sobresale, casi como único tema, la ofensiva del oficialismo contra el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand, en particular, y contra la gestión anterior más en general, con María Eugenia Vidal como cara visible, a quien acusan de pergeñar una persecución judicial contra opositores.
Son las esquirlas del “video de la Gestapo” en el que se vio a exfuncionarios vidalistas y empresarios platenses afinar criterios para denunciar judicialmente al líder de la Uocra local, Juan Pablo “Pata” Medina, por supuestas prácticas extorsivas, que según desarrolladores inmobiliarios sufrían continuamente. Está claro que el peronismo se ha subido a un tren que explota con criterio mediático con dos objetivos aparentes: que el tema, grave y desprolijo, se mantenga vigente y generar ciertas grietas en Juntos a partir de la alta sensibilidad del mismo “Juegan fuerte, tenemos baile asegurado”, se sinceró ante este diario un alto referente opositor.
Con algo de teatralidad, intramuros en Juntos hablan casi de una “caza de brujas” en la que buscarían exponer a Vidal y conseguir el viejo anhelo de Kicillof de echar a Conte Grand, que es el encargado de la persecución penal en la Provincia. Y, aunque es difícil que algún referente lo diga en público, apuntan como arietes de esa faena al juez federal Ernesto Kreplak y a la fiscal Ana Russo, quienes manejan el caso en la Justicia.
La relación familiar del juez con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, es una obviedad, pero le sirve a la oposición para teñir de sospecha la supuesta ideología del magistrado. Lo de la fiscal Russo es otra historia. Es la viuda del fallecido miembro de la Suprema Corte provincial, Eduardo De Lázzari, un enconado crítico de cómo la gestión Vidal manejó la Justicia durante sus cuatro años en el Gobierno.
En un foro de magistrados realizado hace algunos años, cuando presidía la Corte, De Lázzari llegó a denunciar al vidalismo por el “armado de causas judiciales” con complicidad mediática. Una suerte de lawfare bonaerense. El macrismo justamente utiliza ahora ese “back up” para denunciar en voz baja que es la presa de una avanzada de perfil político promovida desde la gobernación y, como terminal final, desde el Instituto Patria.
Axel apunta, pero no tira…
Kicillof, en rigor, no se ha expuesto demasiado con el tema del juicio político al Procurador, un trámite que inició el oficialismo hace unos días atrás en la Legislatura, pero difícilmente prospere porque el peronismo no tiene los números necesarios. Se trata del mecanismo para remover al jefe de los fiscales. Axel envió a su alter ego, el asesorísimo Carlos Bianco, y al ministro de Justicia, Julio Alak, a sentar postura pública sobre la cuestión. Aunque es su área de gestión, lo de Alak sorprendió un poco en Juntos: era vox populi su buena relación con el Procurador, por lo menos hasta antes de la aparición del video venenoso.
Una radiografía actual de Juntos en la Provincia arroja que, en verdad, han quedado varias divisiones internas después de la polémica votación de la ley que les posibilitará a los intendentes bonaerenses presentarse a un nuevo período.
Está claro que el vidalismo y otros sectores internos que se opusieron a eliminar los topes a las reelecciones, quedaron de un lado; y la mesa de intendentes amarillos, más los radicales (beneficiarios de las re-re) quedaron del otro. Pero, como explicó una fuente del sector, “hay temas que los unen”. Justamente la jugada justicialista para forzar la salida de Conte Grand o la “victimización” del Pata Medina luego del escandaloso video, son dos de ellos. Si hasta la durísima Patricia Bullrich salió a bancar a Vidal, con quien mantiene claras diferencias en lo referido a la dinámica interna del PRO.
La paridad de fuerzas en la Legislatura obliga al Gobernador a negociar, algo que no está en su ADN. Su nueva obsesión es designar al joven Federico Thea (exsecretario general de la gobernación y hombre de extrema confianza) como titular del Tribunal de Cuentas, el organismo que controla los números de la administración provincial y de los municipios. Es un cargo vitalicio, que por años ha tenido el radicalismo. Axel intentó a fin de año sin éxito porque, más que negociar, quiso imponer. Fuentes oficiales dijeron que en marzo el Gobernador insistirá.
Diversas fuentes de Juntos explicaron que lo de Thea podría ser posible en un contexto de conversaciones “civilizadas, no bajo fuego”. Y con ciertas condiciones negociadas. Una: compensar a la UCR con más presencia en el Tribunal, lo que generará una linda discusión entre el massismo, el PRO y el PJ de los intendentes, que manejan las vocalías. Dos: que Axel abandone la idea de remover a Conte Grand, aun cuando huela a derrota política.
Resta el verano para que se desplieguen los oficios negociadores de ambos lados.
COMENTARIOS