Hace pocos días, funcionarios y candidatos nos decían que la solución para casos trágicos como el asesinato de Roberto Sabo en La Matanza, es meter bala, agujerear personas como un queso. El miércoles en Barracas tuvimos una muestra de lo que eso significa. Lo que pasa cuando ese pedido irresponsable ante las cámaras de TV se materializa en un hecho. Lucas González fue ejecutado en una intervención policial irregular, motivada por una "sospecha". Conocemos su desenlace, inadmisible desde cualquier perspectiva sobre cómo debe ser el trabajo policial. Este final fatal, extremo, no debe hacernos perder de vista que la situación se origina como una más de miles que ocurren cotidianamente: policías parando jóvenes "con fines de identificación", es decir, sospechosos por ser jóvenes de barrios populares.
"Parecían chorros", así describió uno de los amigos de Lucas a los policías que los interceptaron utilizando un auto particular. Históricamente, las "brigadas", tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, utilizan la posibilidad que tienen de no vestir uniforme, porque supuestamente están realizando tareas de investigación, para otros fines: recorrer las calles para recaudar, regular de manera ilegal el delito. Al igual que el "jefe de calle", son figuras tristemente célebres en barrios como Barracas, Pompeya, Flores o Lugano. Una tradición de la vieja Policía Federal Argentina. Cuando se creó la Policía de la Ciudad, nos dijeron que era una fuerza nueva, sin los vicios de las policías anteriores. Pero hay cosas que no cambiaron. En estas zonas de la Ciudad que cuentan con una larga historia de violencia policial y de desconfianza extrema hacia todas las fuerzas, hay que redoblar los esfuerzos para construir fuerzas policiales capaces de dar seguridad y de revertir la imagen construida por años de abusos.
Limitar la cuestión a una reacción irracional de tres policías es una vieja estrategia del poder político, la famosa teoría de las manzanas podridas. Es elegir no ver que hay problemas extendidos de violencia y falta de controles en el accionar policial en los barrios populares. En los últimos años, mensajes políticos tendieron a borrar el límite que ponen las leyes sobre el carácter absolutamente excepcional del uso de la fuerza letal. Así, vimos en distintos lugares del país cómo policías reaccionan utilizando el arma cuando una persona no se detiene en un control o desobedece una orden.
Desde hace más de tres décadas, víctimas, familiares y organizaciones vienen denunciando el problema de las versiones policiales de los hechos, que condicionan los expedientes judiciales, las coberturas mediáticas y las respuestas políticas sobre los casos de violencia policial letal o lesiva. Desconfiar o no naturalizar la versión policial es casi una verdad de perogrullo hoy en día. Y sin embargo, la escena inverosímil que montaron los policías en Barracas y las confusas acusaciones contra los pibes (¿averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad?) prosperaron en todos los ámbitos hasta que la familia empezó a visibilizar la verdad de los hechos. La lectura de los primeros partes policiales muestra cómo se fue armando ese relato. Mientras Lucas moría en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, la investigación judicial seguía orientada a averiguar qué delito habían cometido él y sus amigos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una reacción tardía y mínima. El apartamiento de los tres policías sospechados es una medida básica pero insuficiente frente a la falta de empatía con la familia de Lucas y con sus amigos que vivieron una situación traumática. El Ministerio de Seguridad de la CABA cuenta con una oficina de Transparencia. En su conferencia de prensa, el ministro D´Alessandro ponderó esta agencia, en tanto no está integrada con policías. Desde el punto de vista del diseño institucional esto es correcto, pero sin la voluntad política de ponerlo en funcionamiento, se transforma en una cáscara vacía. En diversos casos de violencia policial en contextos de protestas sociales, observamos que esta agencia no actúa, no avanza en investigaciones, y ni siquiera colabora cuando los funcionarios judiciales piden información. Esta oficina no solo tiene que instruir los sumarios de los tres policías que seguramente serán exonerados si avanza la investigación penal. Debe también investigar cómo es el funcionamiento cotidiano de esas comisarías que habilita intervenciones de este tipo, y proponer formas de modificar esas prácticas. Para esto se requiere, como se dijo, voluntad política de cambiar lógicas arraigadas.
Es también voluntad política lo que se requiere, desde todos los sectores partidarios, para no fomentar el miedo y la violencia como formas de resolver delitos y conflictos. Los últimos treinta años de punitivismo casi ininterrumpido mostraron que nada se resuelve con esos mensajes y esas políticas. Y las consecuencias sobre los jóvenes pueden ser letales.
Paula Litvachky, Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS.
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