Una de las claves de la remontada del Frente de Todos en la Provincia se explica en la suba de adhesiones que el oficialismo consiguió en distritos del Conurbano que gobierna. Allí, los intendentes del peronismo pusieron toda la carne en el asador y fueron decisivos para que la diferencia de 4 puntos que Diego Santilli había conseguido en las PASO se redujera a 1,3.
El Frente de Todos celebró esa recuperación como una victoria. Tuvo el efecto de un bálsamo porque, entre otras cuestiones, minimizó la posibilidad de que el gobierno nacional ingresara en una nueva crisis política como sucedió luego del duro derrape de septiembre.
Si bien la derrota se terminó consumando en la Provincia para el peronismo, el efecto quedó de alguna forma amortiguado por la escueta distancia que terminó separando a Santilli de Victoria Tolosa Paz.
Los intendentes del PJ emergieron como los grandes hacedores de esa recuperación. Y salieron empoderados, además, porque en su gran mayoría ganaron sus distritos del Conurbano por diferencias amplias. Ahora, según comenzó a trascender en diversas fuentes, estarían dispuestos a no dejar pasar mucho tiempo para pasar por ventanilla a cobrar sus boletos ganadores.
Una de las recompensas que reclamarán está en su agenda de necesidades políticas desde hace largo tiempo y tiene que ver con la ley que limita sus propias reelecciones sancionada durante la administración de María Eugenia Vidal. Los alcaldes, casi sin distinción de partidos, ven con buenos ojos dar marcha atrás con esa normativa o, por lo menos, modificarla.
Los alcaldes peronistas están dispuestos a hacer punta y ya habrían existido sondeos con la oposición en ese sentido. Hay quienes incluso arriesgan que alguna normativa podría alumbrar antes de fin de año en la Legislatura.
La mayoría de los intendentes, tanto del peronismo como de la oposición está atrapada por la ley que limita la posibilidad de permanecer en el cargo. De los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, 95 estarían impedidos de ir por un nuevo período en 2023 porque la norma sancionada en 2016 limita a dos consecutivos los mandatos de los jefes comunales. Y como se toma como primero el que empezaron a transitar en 2015, están transcurriendo el segundo que arrancaron en 2019.
Desde sectores del peronismo, la aspiración de máxima es dar por tierra con esa ley. Es decir, derogarla lisa y llanamente. La mayoría de los jefes comunales opositores también se muestran de acuerdo en quitar ese cepo.
SONDEOS LEGISLATIVOS
De este tema conflictivo se habla informalmente en la Legislatura. Es un asunto que genera incomodidad especialmente en la oposición porque varios de sus legisladores votaron en 2016 el límite a las reelecciones producto de aquél acuerdo entre Vidal y Sergio Massa. Y como para reformar la ley el oficialismo no tiene mayoría, necesita el apoyo de Juntos. Hay quienes hablan de una salida intermedia: hacer una reforma para que no se tome al iniciado en 2015 como primer mandato. De esta forma, los alcaldes podrían presentarse para reelegir en 2023 por estar transitando el primer período de gobierno que arrancó en 2019. Como sería una reforma que mantendría el límite a las reelecciones aunque postergaría su aplicación, podría ser más digerible para que legisladores de Juntos levanten la mano.
Ante la eventualidad de que no se pudiera saltar el cerca de la Legislatura, intendentes peronistas habían comenzado a tomar recaudos. Apelando a un artículo de la reglamentación de la ley, algunos tomaron licencia para asumir otros cargos de modo de no completar dos años de mandato y no quedar incursos en la prohibición.
Pero como esa interpretación podría ser atacada judicialmente, se ha vuelto a hablar de la intención de hacer una reforma a la ley. Hay quienes señalan que el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, sería el encargado de pilotear la negociación con la oposición. En rigor, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia tendrá en sus manos la articulación de acuerdo con Juntos en la Legislatura, donde el Frente de Todos no puede reunir por sí solo quórum en ninguna de las dos cámaras.
Más allá de el debate legislativo, para el peronismo aparece como prioridad avanzar con la reforma a la ley con la mira puesta en el próximo turno electoral. Incluso se dice que el presidente Alberto Fernández, que casualmente ayer se reunió con Insaurralde, apoya la decisión de quitar el cepo. “El resultado del domingo dejó en claro que el Frente de Todos va a necesitar del territorio en 2023”, dicen en la Casa Rosada.
La representación básica de esa territorialidad son los intendentes, los depositarios de la mayoría de las voluntades en sus distritos. Por eso, la aparición de sus nombres en las boletas electorales aparece crucial para el oficialismo.
Cuando varios alcaldes del PJ intentaron internamente plantear ese debate, se encontraron con la resistencia de La Cámpora, que puja por abrirse paso en los distritos con nombres propios. Sin embargo, las necesidades políticas y electorales del oficialismo de cara a 2023 habrían hecho ceder esa resistencia.
En ese contexto, ya se habla en la Legislatura de que el proyecto se aprobaría antes de fin de año junto a un paquete de iniciativas que enviará en breve Axel Kicillof como el Presupuesto y la ley Impositiva. Quizás, como para que la polémica discusión no quede tan expuesta en medio del debate de otros proyectos pesados.
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