Nuestros constituyentes pensaron al gobierno federal como un instrumento para responder a las grandes necesidades generales y atender a los problemas comunes a todas las provincias. José Benjamín Gorostiaga, uno de los redactores del anteproyecto de Constitución, señalaba que los poderes del gobierno federal son definidos en la Constitución y son un pequeño número, mientras que el gobierno provincial penetra en todos los detalles de la sociedad, con poderes indefinidos que se extienden a las cuestiones cotidianas de los ciudadanos, la vida, la libertad y la propiedad. Puesto de otro modo: el gobierno provincial debía ser la regla y el gobierno nacional la excepción. De este modo, el federalismo busca que las decisiones sean tomadas de la forma más próxima a los ciudadanos y que se tengan en cuenta las particularidades e intereses locales al momento de tomar esas decisiones.
Como demostró repetidamente la discusión sobre el cierre de las escuelas, los gobiernos locales son los que tienen mejor información sobre la situación de sus distritos, sobre las actividades económicas que se llevan a cabo en su jurisdicción o sobre cuánto y cómo se usa el transporte público. Y también son quienes conocen mejor la situación y los intereses de sus ciudadanos. Cuando el gobierno nacional insiste en tomar decisiones centralizadas, todas estas particularidades quedan desdibujadas y se impone una legislación de “talle único” que implica regular de más en algunos lugares y regular de menos en otros. Los meses en los que las escuelas estuvieron cerradas en provincias y municipios sin casos, durante 2020, es quizás el ejemplo más claro de esta regulación injustificada.
En su decisión sobre el cierre de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de la Corte reivindicó el federalismo y el rol subsidiario que le cabe al gobierno federal: a las jurisdicciones locales le corresponde decidir sobre la situación de sus distritos, al gobierno nacional todo lo que exceda sus límites territoriales. Son las provincias y la ciudad de Buenos Aires las que deben decidir si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o virtual.
El gobierno nacional tiene facultades para regular las cuestiones sanitarias que afecten el bienestar general, de forma concurrente con las provincias y la ciudad. Pero la Corte deja bien en claro que la interjurisdiccionalidad que justifica la intervención del gobierno federal no puede ser caprichosa o antojadiza: la delimitación del “AMBA” por decreto no basta para sujetar a ese territorio a la jurisdicción federal. El Ejecutivo no puede, a través de una norma, transformar en interjurisdiccional lo que fáctica y jurídicamente no lo es. Tampoco alcanza con invocar la salud o conjeturar acerca del impacto interjurisdiccional de la educación para justificar su intervención regulatoria. Como señala el voto de Rosenkrantz, la emergencia sanitaria no es una franquicia para desconocer las competencias provinciales.<
(*) Doctora en Derecho (UBA). Profesora de Derecho (Universidad de San Andrés).
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