Hace pocos días nos enteramos de una triste noticia. María Rosa Daglio, psicóloga oriunda de nuestra ciudad, fue asesinada por un motochorro al robarle sus pertenencias en la localidad de Ramos Mejía.
El autor del hecho, quien cuenta con un amplio prontuario de reiterados robos desde hace más de 30 años, debía estar preso hasta 2024, pero se encontraba libre, ya que es uno de los tantos presos beneficiados con prisión domiciliaria en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Una prisión domiciliaria que nunca existió. El asesino fue liberado en mayo de 2020, volvió a delinquir en octubre de 2020 y hace pocos días le quitó la vida a María Rosa.
El problema de la inseguridad parece no importarle al Gobierno actual. Todos los días somos testigos de la cantidad de delitos que se cometen, con una violencia inusitada, que destruye cientos de vidas y familias: chicos que se quedan sin padres, abuelos que son golpeados hasta la muerte, vecinos que son asesinados para robarles el celular, sus pertenencias o sus vehículos.
A esta situación, más que preocupante, se le suma un condimento que la agrava muchísimo: un gobierno nacional y provincial cuya intención parece ser poner el foco en defender a los delincuentes en lugar de hacer lo propio con las víctimas. No es posible que los delincuentes sean beneficiados con una supuesta prisión domiciliaria cuando debían cumplir una condena firme. Lo dijimos cuando comenzaron a liberar presos sin control, que esa decisión iba a ser perjudicial. Estas son las consecuencias. Lamentablemente, para María Rosa y su familia ya no hay vuelta atrás. Ya no hay otra oportunidad.
Y yo me pregunto: ¿Quién va a asumir las consecuencias de estas decisiones? En este caso hay responsables que autorizaron la prisión domiciliaria, que no controlaron la tobillera electrónica, que mantuvieron libre al autor del hecho cuando volvió a delinquir.
La seguridad debe ser una política de Estado. Debe haber acuerdos entre Nación, Provincia, municipios y la Justicia, sin ningún tipo de distinción política. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todas las semanas somos testigos de la novela entre la ministra nacional y el ministro Berni. En medio de esas peleas, están los ciudadanos, desprotegidos, intentando volver a sus hogares sanos y salvos. Si destinaran el tiempo que insumen esas peleas o la cantidad de horas en las que el ministro de seguridad bonaerense se dedica a dar mensajes políticos de programa en programa de TV, en planificar una política seria en materia de seguridad, convocando y dialogando con todos los actores involucrados en el tema, seguramente el resultado sería muy distinto.
Miles de presos fueron liberados durante la pandemia. A pesar de las voces de la oposición y de millones de argentinos que se negaron a estas medidas. Espero sinceramente que no tengamos que lamentar otra vez este tipo de consecuencias. Que aquellos que tienen la responsabilidad de cuidarnos tomen las decisiones que corresponden y que de una vez por todas se ocupen de cuidar y proteger a aquellos vecinos de bien, que se levantan cada día a trabajar para ganarse el pan, que pagan sus impuestos y cumplen con la ley y que viven encerrados, entre rejas y con miedo, porque los delincuentes siguen sueltos, sin que nadie los controle.
(*) Diputada bonaerense por Juntos por el Cambio.
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