La mesa chica del oficialismo, que no es el Gabinete sino la que define la estrategia política del Frente de Todos, volvió a escena tras el receso estival y el congelamiento que le había impuesto Alberto Fernández por resquemores internos que en la coalición gobernante nunca se admiten públicamente, pero que se verifican tanto en la gestión del Gobierno como en el Congreso.
Con Sergio Massa y Máximo Kirchner sentados a la mesa, el Presidente reflotó la idea de correr el calendario electoral hacia fin de año -por motivos sanitarios y también económicos- y analizó lo que en el oficialismo denominan el “plan de las cuatro i” que atribuyen a la oposición: “inseguridad, inflación, inmunización (con críticas a la campaña de vacunación) e impunidad”.
En la definición del discurso y las acciones para contrarrestar los pilares sobre los que el Gobierno entiende que se basará la estrategia electoral de Juntos por el Cambio, el oficialismo opondrá lo que bautizó como “CVU”: crecimiento, vacunación y unidad. Con esa lógica, Máximo aceptó hablar de la alteración de las PASO pese a que originalmente La Cámpora no estaba de acuerdo.
Pero la presión de los gobernadores aumenta día tras día: los mandatarios del PJ, de partidos provinciales y radicales como el jujeño Morales y el correntino Valdés, entienden que pagarán los platos rotos en las urnas si se mantienen las primarias en agosto, porque no habrá tiempo para que la población sienta los efectos de una recuperación económica que tampoco está garantizada.
Por eso Alberto, Massa y Máximo evaluaron tres escenarios: el primero de ellos supone la postergación de las PASO para septiembre y el corrimiento de la elección general a noviembre; una opción que no caería mal en un sector de la oposición, a tal punto que hay un proyecto en ese sentido de los diputados radicales Emiliano Yacobitti y Carla Carrizo, cercanos a Martín Lousteau.
El segundo escenario es la unificación de las primarias y las generales, para lo cual se debería modificar el sistema electoral e implantar una “ley de lemas” en la que cada línea interna aporte votos para el espacio político bajo cuyo paraguas competirá. Con el guiño de Máximo, esta opción es la más rechazada por la oposición, que arrastra amargas experiencias en distintas provincias.
La tercera carta que baraja el Gobierno es la suspensión de las PASO. El diputado tucumano Pablo Yedlin, vinculado al gobernador Juan Manzur, ya presentó una iniciativa en ese sentido en la Cámara baja y Alberto Fernández incluyó en el listado de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso un ítem tan impreciso como lo revela su denominación: “Calendario electoral”.
Sin los votos en Diputados
El problema, para el oficialismo, es que no cuenta con los votos en la Cámara de Diputados para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias. Los bloques que suelen apoyarlo en temas económicos, como el que responde al gobernador cordobés Juan Schiaretti, retiran ese aval cuando se trata de asuntos institucionales: por eso sigue trabada también la reforma judicial.
Cristina Kirchner, que no participa de la mesa chica del oficialismo pero que se reserva la última palabra, avanzó igualmente en la semana con el armado de su esquema judicial. El Senado prestó su acuerdo a la designación del juez Alejo Ramos Padilla para hacerse cargo del juzgado federal 1 de La Plata, que tiene un plus político: la organización y el control de las elecciones en la Provincia.
La oposición le hizo sentir a la Vicepresidenta su desacuerdo con el traslado de Ramos Padilla, con el voto negativo de 26 senadores de Juntos por el Cambio y varios aliados, y con el argumento de que la actuación del magistrado en la causa por espionaje radicada inicialmente en Dolores –que puso en la mira a falsos abogados, fiscales y periodistas- estuvo sesgada por una mirada partidaria.
El próximo recambio en la presidencia del Consejo de la Magistratura, que pasará a encabezar el académico Diego Molea, también es interpretado como parte del entramado judicial oficialista. El jurista, que se desempeña como rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, no es considerado un camporista, pero tampoco se incomoda porque lo rotulen con esa etiqueta.
La avanzada del cristinismo en el ámbito judicial, una tarea que sigue de cerca el ministro del Interior, Wado de Pedro (otro de los que participa de la mesa política del FdT), tiene sin embargo otro contratiempo: la paralización del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados, que busca aumentar el control político sobre los fiscales federales.
La reducción de la condena de Amado Boudou, que deja al exvicepresidente al borde del beneficio de las salidas transitorias, provocó otro efecto indeseado por el oficialismo: los diputados aliados que estaban evaluando un camino intermedio para apoyar las reformas, se retrajeron de inmediato. Y el propio Massa advirtió que sería “un error” impulsar una amnistía.
Idas y vueltas con las vacunas
El paso del ministro de Salud, Ginés González García, por la Cámara de Diputados dejó una frase sugestiva: “La prolongación de la pandemia genera cansancio y encuentra liderazgos desgastados”, deslizó el funcionario en cuyas espaldas recayeron los cuestionamientos por el manejo de la situación sanitaria, la cuarentena y la provisión de vacunas contra el COVID-19.
Las explicaciones de Ginés sobre la vacuna rusa Sputnik V –que recibió el aval científico de Occidente con la publicación de la revista británica The Lancet- y sobre la fallida negociación con Pfizer convencieron a los propios pero no dejaron satisfecha a la oposición. El titular de la cartera sanitaria se quejó amargamente de que lo hayan acusado de “envenenamiento de la población”.
En su exposición ante los diputados, Ginés reveló los pormenores de la negociación con China por la vacuna que produce el laboratorio Sinopharm. Y hay novedades de última hora: hubo acuerdo para que lleguen al país 1,2 millones de dosis.
Mientras llegan las vacunas, a cuentagotas en medio de la batalla global por la provisión entre laboratorios, países ricos, los gobiernos que adelantaron sus compras, naciones emergentes y pobres, el combate al coronavirus sigue provocando ruidos políticos: el Gobierno de Formosa tuvo que ablandar los rígidos protocolos de aislamiento que regían en la provincia luego de que se constataran casos de violencia y abuso institucional.
En el medio quedó mal parado el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien confundió todo al negar la existencia de “centros clandestinos de detención” cuando, en rigor, lo que se cuestionaba era el trato prácticamente carcelario que se le estaba dando a los formoseños aislados no solamente por tener coronavirus sino por haber tenido contacto con los infectados.
El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque del FdT, dio a su vez una muestra de falta de dimensión y escala política cuando comparó al gobernador Gildo Insfrán con la canciller alemana Angela Merkel, porque ambos llevan cinco mandatos consecutivos en el poder. La “geopolítica” también estuvo presente en la Cámara alta con la designación de embajadores afines a Cristina.
La Cámara alta prestó acuerdo al nombramiento de Sabino Vaca Narvaja en China, de Ariel Basteiro en Bolivia y de Luis Ilarregui en Cuba, quienes junto a Eduardo Zuain (Rusia) conforman el cuarteto diplomático en el que tiene influencia la Vicepresidenta. Sobre los acuerdos, el Senado tiene pendiente aún los pliegos del directorio del Banco Central, entre ellos el de Miguel Pesce.
Inflación, al tope de las preocupaciones
El calendario económico del Gobierno tiene una fecha clave: en mayo, el ministro Martín Guzmán pretende cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le abra las puertas, a la vez, a un entendimiento exprés con el Club de París. La estrategia incluye las conversaciones de Alberto Fernández con líderes europeos, como la que tuvo en la semana con el francés Emmanuel Macron.
En el plano interno, la máxima preocupación económica del Gobierno es la inflación. En la reunión con Massa, Máximo, De Pedro y Santiago Cafiero, el Presidente aceptó apelar a “un conjunto de herramientas para avanzar rápido y que los salarios no pierdan con los precios”, un concepto que amplificó la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca cuando no descartó aumentar las retenciones.
Los cortes de carne de baja calidad que salieron a la venta tras un acuerdo del Gobierno con los frigoríficos alimentaron la polémica y dejaron en “off side” a funcionarios como Matías Kulfas y Paula Español. A su vez, la Casa Rosada anticipó una convocatoria a los gremios –serán los primeros- y las cámaras empresarias para empezar a discutir un acuerdo económico y social.
En el medio, Alberto Fernández se involucró personalmente en el diálogo con jerarcas sindicales –Hugo Moyano y Sergio Palazzo entre ellos- para pedirles que no reclamen aumentos salariales por encima de la pauta de inflación fijada en el 29% en el Presupuesto Nacional 2021. El líder de los bancarios le cumplió, pero todavía está por verse qué hará el histórico jefe de los Camioneros.
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