El Gobierno nacional comienza a aceptar con la resignación que le impone un contexto mundial de enorme demanda y escasa oferta, que su ambicioso plan de vacunación se verá demorado. Se trata de un dato central para una administración ávida por generar buenas noticias tras un primer año de gestión de enormes pesares, mucho más cuando se comenzaron a transitar los primeros pasos de un 2021 en el que el oficialismo afrontará su primer test en las urnas.
Los datos duros de la realidad indican que Alberto Fernández estaba abrazado a la esperanza de que antes de finales de este mes debían llegar a la Argentina 5 millones de vacunas elaboradas en Rusia. Esa cifra se redujo a apenas 880 mil, si se toman en cuenta las 300 mil que habían llegado en diciembre. Indefectiblemente, el plan oficial se verá alterado.
El Gobierno cayó acaso en los brazos de la tentación da dar buenas nuevas a una población agobiada por el virus y el durísimo impacto psicológico, económico y social derivado de la pandemia. Prometió una vacunación prácticamente masiva (se habló en su momento de 10 millones de personas) para los dos primeros meses del año, como placebo para aquellos pesares. Le dio un tono de epopeya a aquel primer viaje del vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia que trajo al país la primera remesa de las Sputnik V.
No puede dejarse de lado una cuestión tangible. La demora en la entrega de vacunas afecta a la mayoría de los laboratorios y, por ende, a todos los países. Una situación que, en parte, exculpa al Gobierno nacional por la afectación del programa oficial de inmunización.
Ahora la estimación gubernamental es vacunar a casi 14,5 millones de personas antes de finales de abril, pero depende de que las provisiones rusas se aceleren y que comiencen a hacerse operativos los acuerdos con otros laboratorios internacionales. La previsión es todo un enigma en el contexto actual.
El debate por la pandemia llegó también a las entrañas de la política doméstica, puntualmente, a las costas borrascosas de la provincia de Formosa. El inoxidable gobernador peronista Gildo Insfrán lleva adelante un férreo control fronterizo y acumula denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a gente que no deja salir de centros de aislamiento aun con resultados de PCR negativos. “En pandemia no hay derechos”, bramó en un contundente sincericidio el jefe del bloque de senadores nacionales, José Mayans, y echó más leña al fuego.
La oposición se colgó de la situación que se vive en Formosa para atacar a ese peronismo de tinte feudal. Y la movida buscó ser desbaratada rápidamente por el Gobierno, que envió a la provincia al secretario de Derechos Humanos quien negó arbitrariedades en la tierra de Insfrán.
Existen otras cuestiones domésticas que, en cambio, exhiben las fisuras oficiales. Sergio Massa impactó en el latir del Instituto Patria al afirmar que sería un enorme error político que el Ejecutivo dispusiera un indulto para los exfuncionarios kirchneristas condenados por hechos de corrupción. Es una posibilidad que menean sectores K. Algunos en forma más explícita, otros, con formatos menos directos. Por caso, el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni planteó formar una “comisión de la verdad” para revisar si durante la gestión de Mauricio Macri se sometió a persecución judicial a opositores, tal como viene denunciando, por caso, Cristina Kirchner.
El jefe de la Cámara de Diputados fue blanco de fuego K. Tanto el ex ministro Julio De Vido como Luis D´Elía salieron a cuestionarlo con dureza. Y a vincularlo a la reciente venta de la distribuidora eléctrica Edenor adquirida por tres empresarios, dos de ellos amigos de Massa.
Ese fuego cruzado oficial ametralla sobre un proyecto que genera controversia y que tiene que ver con la eventual suspensión de las elecciones Primarias de agosto. Es una iniciativa que viene siendo fogoneada por algunos de los gobernadores y cuenta, en parte, con algún guiño del Gobierno nacional, que incluyó la propuesta como temario en las sesiones extraordinarias del Congreso.
La movida no encuentra consenso porque es repelida por Máximo Kirchner. El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos quiere conservar esa herramienta básicamente en territorio bonaerense.
Las urgencias
Las urgencias de los gobernadores son otras. En el marco de una crisis económica y social profunda, pretenden ir directamente a una elección general. La excusa para suspender las Paso tiene que ver con la pandemia y la emergencia que impone. También, porque se estima que para agosto aún estará en desarrollo el plan de vacunación nacional. Y en tercer término, ahorrar el millonario costo de esa cita electoral.
Pero el escenario en el Congreso para esa movida aparece, en principio, adverso. Porque en Diputados, además de La Cámpora, es rechazada por amplios sectores de la oposición. Por ahora no parecen soplan vientos favorables para los gobernadores.
Hay otras cuestiones que cruzan el frente interno oficial. Habría que tomar en consideración los números de una encuesta realizada por Analogías, una firma con fuerte llegada al Instituto Patria.
El sondeo no sólo marca un descenso en la imagen positiva de Alberto Fernández, sino también revela que la principal preocupación de la gente pasar por la economía y uno de sus aspectos centrales: la inflación para la que no hay soluciones a la vista.
La aceleración del costo de vida no se detiene y se estima que será de alrededor del 4 por ciento en el mes que hoy culmina. Inquieta además que los aumentos en alimentos volverán a ser más altos que el promedio y se ubicarán en torno del 4,7 por ciento, de acuerdo a estimaciones de consultoras privadas. Y esos incrementos impactan directamente sobre el poder adquisitivo.
Ese aspecto es central porque golpea principalmente a los sectores de menores recursos. De hecho, diciembre cerró con una caída del consumo masivo de 6,7%, de acuerdo a diversas estimaciones. En los últimos seis meses, el aumento sólo de la categoría de alimentos que componen la canasta básica habría sido del 23%.
Peleas en la oposición
Estos avatares oficiales se trasladan a la oposición donde se ahonda una notoria crisis de liderazgo. Mauricio Macri acaba de lanzar su propia fundación como forma de seguir en la escena política aun cuando jura y perjura que no será candidato. Pero su figura es discutida hacia adentro de Juntos por el Cambio, donde existen dirigentes que preferirían verlo como uno de los tantos beneficiarios de la Anses. Lo dijo Martín Lousteau en las últimas horas cuando sólo concedió a Macri haber dejado como legado el hecho de terminar su mandato.
Macri se abraza al hecho de haberse ido derrotado pero con el 41 por ciento de los votos, un porcentaje que, varios dirigentes de su entorno, interpretan un impedimento para sacarlo de la escena y de la toma de decisiones. Bajo ese influjo del expresidente estaría el proyecto que lentamente ha puesto en marcha Patricia Bullrich.
La exministra de Seguridad busca competir en Capital Federal y encabezar la lista de diputados nacionales. Se trata de una movida de aproximación que tendría un objetivo final en 2023 con un horizonte dual. Bullrich, que empieza a aparecer como una de las dirigentes mejor ponderadas en Juntos por el Cambio, busca acordar con Horacio Rodríguez Larreta quizás, para después transformarse en uno de sus desafíos.
La titular del PRO acaso se termine interponiendo en el derrotero de Larreta. Tanto si aspira, como se dice, a sucederlo en el gobierno porteño -el alcalde piensa en María Eugenia Vidal y no descuida su acuerdo con Martín Lousteau- o si “si le dan los números”, como dicen en su entorno, da la batalla presidencial. Macri mira desde su fundación cómo el ala dura del PRO sigue dando batalla.
COMENTARIOS