La política comenzó a moverse en este enero atípico de un año electoral y no escapa a la pandemia, con un segundo rebrote alto de contagios confirmado. La continuidad de la vacunación y la vuelta a las clases presenciales marcaron agenda, y muchas controversias, además del avance reformista del Gobierno sobre la salud y la Justicia, que puso en guardia a los principales actores de esos sectores, más allá de la oposición. También las idas y vueltas con el campo, en medio del viento a favor que sopla desde el exterior para los granos y la carne.
Muy tenso y movido fue el comienzo de semana para el gobierno de Alberto Fernández. La posibilidad de un cambio en el plan de vacunación sugerido por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, causó un gran revuelo en la Rosada y el enojo del propio Presidente, aseguran. Con más argumento populista que sanitarista, la funcionaria -una de las principales gestoras de la vacuna rusa- planteó que se podría aplicar a más gente la primera dosis de la Sputnik V, dejando sin la segunda dosis a los que ya la recibieron. En criollo, tener para marzo a 20 millones de personas parcialmente inmunizadas -una cifra que parecería, al ritmo actual pretenciosa- en vez de 10 millones con la vacunación completa.
Obviamente, la sugerencia dada por Vizzotti durante una entrevista, desató más incertidumbre y una catarata de críticas, además de una explicación lógica de los especialistas: la vacuna rusa necesita de las dos dosis para ser efectiva. Horas después tuvo que salir a aclarar, vía Twitter y previo llamado desde Olivos, que el plan continuaba igual.
“Se cortó sola”, aseguraron fuentes oficiales que, sin embargo, admitieron que el plan de una sola dosis en algún momento se discutió puertas adentro de la Rosada. Algunos analistas políticos plantearon dudas: ¿pudo haber sido un globo de ensayo para medir la reacción de la gente y de los expertos? Por lo pronto, desde un primer momento en el entorno del Presidente trataron de transmitir su malestar y su desautorización por los dichos de Vizzotti que, de todos modos, se sumó a la larga lista de “perdonados” por Alberto Fernández.
La pulseada por la salud
En el medio, la reforma del sistema de salud que ahora persigue el kirchnerismo y que ya desató el encendido de alerta en todos los actores del sector, fue la central obrera que esta vez salió a marcar cancha, aunque con un documento cauto, defendiendo las gestiones sindicales de las obras sociales y, de paso cañazo, reclamando al Gobierno por el fuerte desfinanciamiento que tuvieron durante la pandemia. Siguen apostando al diálogo con Fernández y desconfiando de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo dijo Antonio Caló, el jefe de la poderosa UOM: “Las decisiones las toma el Presidente; la Vicepresidenta tiene que dedicarse a su función legislativa”.
Sin embargo, el kirchnerismo buscará tener a la CGT como aliada en la pelea que buscaría dar contra el ámbito privado y principalmente, las prepagas, en la reforma del sistema de salud que viene elaborando en silencio. En este sentido, en los próximos días habría un acercamiento a través de una convocatoria del viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, que tratará de explicarles a algunos referentes de la central obrera que la propuesta no perjudicará -en fondos, seguramente- a las obras sociales sindicales, sino que las integrará a un sistema único.
El plan sí apuntaría de lleno a las prepagas -que las ven atadas más a una intermediación financiera que a la atención sanitaria, aunque cuenta con 6 millones de afiliados en el país- pero niegan que el objetivo pase por la estatización. “Quieren todo el poder con la fantasía de un sistema único de salud”, advirtió la voz referente de esas empresas, Claudio Belocopitt, que ya le llevó la inquietud al Presidente.
Un dato que no es menor a la hora de esta reforma: las dos obras sociales que maneja el Estado con una importante cantidad de afiliados están a cargo de La Cámpora: El PAMI, con la exfuncionaria de Cristina y exdiputada nacional por la Provincia, Luana Volnovich, y el IOMA, con Homero Giles.
En donde tampoco descansa el Gobierno parece ser en su obsesión por otra reforma: la judicial. Trascendió que avanza con un proyecto de crear un tribunal intermedio que tendrá entre otras facultades filtrar los casos de corrupción, que actualmente resuelve la Corte Suprema. Sumaría una embestida más contra el máximo tribunal, que se renovó con las duras críticas de Cristina y de Alberto Fernández tras la decisión judicial de que Amado Boudou debe volver a la cárcel. Mientras, gana las calles la presión de los más ultras kirchneristas para liberar a los “presos políticos”, como Milagro Sala o el propio ex vicepresidente.
Ahora se coló en el escenario político nacional el delicado tema de la vuelta a las clases presenciales, una situación que afecta a millones de escolares, y de padres. La disputa, política, se subió al ring ya con la mirada a octubre. El ex presidente Mauricio Macri lo hizo su “caballito de batalla” desde que volvió al llano. Y desde el oficialismo le salen con los pies de punta cada vez que hace el reclamo. Si bien hay un principio de coincidencia de que se tiene que regresar a las aulas, hay diferencias de cuándo. El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de Nación y quiere iniciar el ciclo lectivo el próximo 17 de febrero; en la Provincia y gran parte del país está dispuesto para el 1 de marzo. Lo confirmó ayer el Presidente.
Y ahora aparecieron los gremios a condicionar, o directamente a oponerse, al dictado de clases en las escuelas, que argumentan que no están preparadas en cuanto a infraestructura sanitaria. El reclamo vino acompañado por una definición de la sindicalista de Ctera, Alejandra Bonato: “La circulación del coronavirus en una escuela, con muchos maestros, es tan alto como la de una fiesta privada”. Así estamos.
¿Y la economía?
Dentro de estos avatares de la política, una economía que trae más señales de preocupación que de alivio, cuando está a la vuelta de la esquina una negociación clave con el Fondo Monetario Internacional, en un año electoral donde el gasto público estará en la mira de todos.
En ese sentido, el ministro Martín Guzmán tiene, y tendrá, que hacer malabares entre la política y la economía. Por ejemplo, la continuidad de los subsidios en los servicios públicos para no ajustar las tarifas -Cristina habría pedido un solo aumento en el año, en marzo, del 9 por ciento-, que seguramente no le caerá bien a la misión del FMI que vendrá al país en febrero y que ya reclamó un plan austero para enfrentar la emergencia.
Ayer volvieron a subir los combustibles y se sabe que, tarde o temprano, ese aumento se traslada a los productos elaborados en distintas zonas del país por el flete. Pero lo que es poco comprensivo es que las naftas esta vez -y luego por lo menos cada 3 meses- se encarezcan no por el producto o por una disparada del precio internacional del crudo sino por impuestos internos.
Las buenas noticias para la economía vienen de afuera y de la mano de la producción agropecuaria, con el aporte más significativo en dólares que tanto necesita el país. Sin embargo, el Gobierno aún no hace pie en la relación con el campo. Tuvo que dar marcha atrás con el cepo a las exportaciones de maíz tras la protesta. En cambio, los productores siguen con la guardia alta; creen que el Ejecutivo no va desistir de una intervención en el mercado.
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