El oficialismo y sus aliados aprobaron la media sanción que viene del Senado para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que refrenda y formaliza el severo ajuste que el gobierno está llevando adelante con los haberes jubilatorios.
Esto se hizo el mismo día que se trató en el Senado el proyecto para legalizar el aborto, en una maniobra poco feliz que perpetuó este saqueo casi a escondidas de la sociedad.
Apenas asumido el gobierno, el Presidente suspendió por decreto la fórmula aprobada en 2017. Una medida contraria al derecho constitucional de Movilidad Jubilatoria consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que como tal debe ser reglamentado por ley.
Aquella fórmula estaba compuesta en un 70% por el IPC (índice de precios al consumidor) y un 30% por el RIPTE (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables), justamente para que los haberes jubilatorios fueran acompañando a la inflación y no perdieran poder adquisitivo.
La suspensión de la formula representó un ajuste tan grande sobre los jubilados que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, generó un ahorro de 100 mil millones de pesos.
Ocurre que se otorgaron por decreto distintos aumentos por debajo de los que debían darse aplicando la fórmula (por ejemplo el decreto 495/20 otorgó un aumento del 6,12% cuando aplicando la fórmula de 2017 ese aumento debió haber sido del 10,9%).
Ahora, el gobierno convirtió en ley un nuevo modo de cálculo, que se compone por la Variación Anual de los Salarios y la Variación Anual de los Recursos Tributarios del ANSES.
Una fórmula defectuosa y que representa cabalmente el pensamiento mágico del oficialismo según el cual lo que no se nombra, por arte de magia deja de existir. Pero, lo cierto es que la inflación existe. Este año será del 35% y en 2021, según el Banco Central, podría alcanzar el 52,1%. Dejar la inflación fuera de la fórmula no sólo es una brutal forma de castigar a las jubilaciones sino que además pretende negarla como fenómeno económico.
Ya escuchamos alguna vez al ex ministro Lorenzino diciendo "me quiero ir" cuando le preguntaron sobre el tema.
La Argentina está desandando la enorme tarea que realizó el gobierno de Cambiemos para no mentirle más a la población, y estamos volviendo a las épocas en las que se rompía el termómetro para evitar reconocer la fiebre. Si este gobierno no reconoce la inflación, nunca la podrá frenar: hacer esto es defender a los mas vulnerables.
Pero en cambio, se continua con el ajuste a los jubilados: para quienes cobran la jubilación mínima la pérdida ha sido de 949 pesos si se compara lo que recibieron por los aumentos por decreto con lo que hubieran recibido con la fórmula de 2017.
El perjuicio llega a los 6.040 pesos para quienes tienen una jubilación de 40 mil pesos. Ya se calcula que para el próximo aumento de marzo 2021, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados rondará los 14 puntos porcentuales.
Esto se debe a que la fórmula de movilidad, arrojará un aumento del 6,1% contra una inflación acumulada del período que abarca el cálculo del 19,84%. Sumado a las pérdidas de 2020, arrojará un perjuicio de entre el 19 y el 30%, según el haber recibido.
Esta fórmula tiene además una importante cuota de cinismo porque además de ser exageradamente procíclica, también convierte al jubilado en un socio del Estado. Pero en un socio a pérdida: cuando la inflación es más alta que los aumentos salariales y la recaudación del ANSES, los jubilados deben resignarse a perder.
Y a perder sin límites, desprotegidos del principal drama que tiene la argentina hace más de 50 años: la inflación.
Pero en las buenas, esta ley fija un tope. Es así que en un hipotético escenario de fuerte recuperación de los salarios, los aumentos no pueden superar en un 3% al aumento de la recaudación del ANSES. Este proyecto del gobierno, por último, va mucho más allá de los jubilados.
Golpeará a millones de argentinos más dado que la fórmula es también utilizada para calcular entre otras cosas la AUH, las pensiones honoríficas de los Veteranos de Guerra, y las rentas de referencia de trabajadores autónomos.
Por eso, en vez de perpetuar asaltos a los jubilados, se debería pensar cómo terminar con los problemas estructurales que conspiran contra la formalización del empleo, y dar un debate profundo sobre el sistema previsional y su sostenibilidad. Por estas razones, desde Juntos por el Cambio votamos en contra de este nuevo atropello. Con argumentos, con datos objetivos, sin necesidad de tirar 14 toneladas de piedras.
Exigiendo una vez más, una recomposición real, sustentable y efectiva para los haberes jubilatorios.
(*) Diputada nacional del PRO.
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