A finales de 2019 en América Latina resurgió el debate indispensable sobre la (des)igualdad en nuestras sociedades. Los ciudadanos expresaban su descontento tanto en acceso a servicios como en sus altos costos. En otros casos, el reclamo era por el desapego a principios del sistema democrático, la impunidad judicial, la percepción de falta de transparencia o a casos de corrupción.
El descontento por la corrupción se ha trasladado de los políticos a las instituciones. En efecto, en América Latina el apoyo al sistema democrático ha disminuido cada año desde 2010. Muchos ciudadanos sienten que la corrupción ha debilitado severamente las posibilidades de que nuestros países salgan adelante. El 85% de los latinoamericanos piensa que la corrupción es un tema grave en sus países. Los casos a nivel regional como el Odebrecht, los llamados Panama Papers y otros escándalos han sido clave en generar este sentimiento.
Algunos pueden percibir detrás de estas manifestaciones un fenómeno repentino o espontáneo. La realidad es que este desencanto refleja un problema que se venía cocinando a fuego lento. Los ciudadanos de América latina y el Caribe hace mucho tiempo expresan una fuerte preocupación por la corrupción que captura las tarifas y condiciones de los servicios públicos, que beneficia a una empresa con la adenda indebida de un contrato, que altera las reglas democráticas del régimen político o que otorga impunidad judicial a los poderosos.
Una oportunidad histórica
La pandemia de la Covid-19 ha sumado otro elemento a esta crisis. Desde marzo de 2020 los medios de comunicación y redes sociales no se ocuparon de otra cosa. Algunas reglas fundamentales del Estado de Derecho, como la privacidad de los datos personales, la división de poderes y la transparencia sobre el uso de recursos públicos se enfrentaron a una prueba de fuego.
Esta crisis puede ser una oportunidad en favor de la integridad. De hecho, varios países están analizando o directamente poniendo en práctica cambios importantes en la manera que organizan la vida política y económica de manera más acorde con las expectativas de la mayoría, en algunos con cambios constitucionales, como es el caso de Chile, donde hubo un estallido violento como consecuencia de la profunda desigualdad social.
Como indica el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad del BID, la calidad institucional y la transparencia son determinantes para la provisión de servicios públicos, el clima de negocios y la confianza ciudadana. ¿Cómo podemos aprovechar esta crisis y apuntalar la confianza en la democracia y sus instituciones? Aquí algunas sugerencias:
1. El presupuesto nacional y los sistemas de inversión pública serán fundamentales para la recuperación económica post-pandemia. El acceso a la información no es una actitud pasiva. Hay que abrir los datos, mostrar cómo se construyeron, y establecer mecanismos de participación ciudadana usando tecnologías digitales. La transparencia es el resultado de combinar accesos a la información con tecnologías digitales. Tenemos a la mano los resultados sobre la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos que ofrecen plataformas como Rindiendo Cuentas y que hemos verificado mediante estudios sobre Mapa Inversiones en Colombia y Costa Rica.
2. Es imperativo fortalecer los órganos de control. Las entidades de fiscalización superior deben aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para realizar analítica de datos masivos a lo largo de la cadena de control gubernamental (prevención, detección, investigación y sanción). Pero también hay que poner en perspectiva la gobernanza de estas entidades, incluyendo su independencia y la capacidad de sus recursos humanos. Como señala la OCDE, las entidades de fiscalización también pueden contribuir a mejorar la formulación de políticas y las decisiones sobre licitaciones con evidencia más sólida y evaluaciones sobre la relación calidad-precio.
3. Los países de la región deben avanzar en la implementación de estándares internacionales para prevenir y controlar la corrupción. Debemos fortalecer los mecanismos de regulación y prevención de los conflictos de interés para reforzar la legitimidad de las decisiones de todos los funcionarios del Estado. Estas reglas y mecanismos deben apoyarse en sistemas de declaraciones juradas digitales que permitan cruzar datos de manera ágil, fortaleciendo la prevención y detección de situaciones irregulares.
4. Finalmente, es fundamental que la región avance en la promoción de reformas de integridad para el mercado. Estas deben estar alineadas con estándares internacionales como los del GAFI, OCDE y EITI y los compromisos del B20 que promueven reformas para implementar regímenes de beneficiarios finales. Estas reformas son imprescindibles para asegurar la integridad del mercado y evitar que los recursos públicos terminen en el bolsillo equivocado.
La salida gradual de la emergencia asociada a la Covid-19 y los esfuerzos por recuperar las economías abren una oportunidad importante en los países de nuestra región para redoblar los esfuerzos que permitan poner a la transparencia, la prevención y el control de la corrupción como uno de los pilares del crecimiento económico.
Nuestras democracias necesitan debatir cómo pueden llegar a construir consensos políticos que habiliten la administración de los recursos públicos con transparencia e integridad. Pero además, los ciudadanos deben ser parte de las soluciones. Sin avanzar fuertemente en esta agenda va a resultar muy difícil recuperar la confianza en las instituciones.
(*) Coordinador del Clúster de Transparencia e Integridad.
(**) Especialista en Modernización del Estado ambos de la División de Innovación para servir al Ciudadano del BID.
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