Luego de la publicación de los datos que daban cuenta de la caída de la actividad, del empleo y de los ingresos, era esperable que los índices de pobreza e indigencia reflejaran un aumento considerable respecto al primer semestre de 2019. Aun así, conocer que 18.5 millones de argentinos son pobres, y casi 5 millones no cubren las necesidades alimentarias básicas, nos impresiona y preocupa sobremanera.
Al hilar un poco más fino, encontramos que el escenario que enfrentamos presenta incluso dificultades más graves. A un hogar pobre ingresa, en promedio, 25 mil pesos por mes. La canasta básica alimentaria tiene un valor de 45.500 pesos (subió un 2,6% en agosto). Es decir que a ese hogar le faltan 20 mil pesos para dejar de ser pobre. En el contexto socioeconómico actual, tanto el sector público como el mercado están a años luz de poder ofrecer un ingreso de esa magnitud.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Que los pobres son más pobres que antes y que están muy lejos de dejar de serlo. Lo mismo ocurre con quienes están en situación de indigencia. Bajar estos índices que nos llenan de tristeza, y reflejan una deuda histórica de la democracia con los más postergados, nunca fue más difícil.
El debate urgente en Argentina es dejar de reducir la pobreza a las coyunturas económicas: el fenómeno es multicausal, pero se habla poco de eso. Nuestro país no termina de resolver temas que producen pobreza: ¿Cuál debe ser el rol del Estado? ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? ¿Somos un país que genera confianza para la inversión que genere empleo?
El rol de Estado: el primer paso es romper con la glorificación del Estado que amortigua la crisis pero que no genera las condiciones para superarla. Que asiste con lo básico a quienes lo precisan, pero desaparece de la discusión más importante: la promoción social de los que menos tienen, a través de trabajo de calidad y condiciones de vida dignas. Un Estado asistencialista es una máquina de generar pobreza, porque, una vez más, reduce el problema a una coyuntura económica sin observar la cuestión de fondo. El asistencialismo produce clientelismo, el clientelismo es manipulación política.
La educación: ¿es posible pensar cualquier desarrollo económico sin revisar la educación? Todos los indicadores educativos de Argentina son escandalosos y la actualidad de la educación pública no da respuestas a las brechas de conocimiento, culturales y económicas. Las generaciones anteriores a las nuestras veían en la educación pública la posibilidad de que sus hijos tengan más y mejores oportunidades que las que ellos habían podido tener. Ese esquema se estancó e, incluso, se revirtió. La educación fue para atrás, y mientras algunos pudieron avanzar, la otra mitad se queda sin opciones. El tema es urgente, porque la educación no puede ser la reproducción institucional de la desigualdad, sino el camino hacia el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Confianza e inversión: ¿Es el Estado el que debe generar empleo público para amortiguar la falta de empleo privado? Ese es un esquema insostenible. El rol de la inversión privada en relación con la pobreza es central, porque motoriza el empleo, inserta a miles de personas en el sistema, diversifica posibilidades. Pero nuestro país da señales confusas, desconfía del sector privado, lo ahoga con impuestos, lo ahuyenta cambiando las reglas del juego.
Estos debates requieren de coraje político para no repetir el fracaso. Lo que se necesita es que cambien los resultados que hoy tenemos: eso es lo que debe marcar la agenda y no el enfrentamiento para imponer una razón por sobre otras.
Los avances que logremos en estos tres ejes, de los que se habla poco, nos darán las herramientas y la confianza necesarias para transitar otro camino: este país tiene que dejar de añorar lo que alguna vez fue, clavar la vista hacia adelante y hacerse cargo de las decisiones que hay que tomar para materializar un futuro mejor para las nuevas generaciones.
(*) Jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio Provincia de Buenos Aires
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