Es cierto que en el fragor de una crisis es difícil pensar más allá del corto plazo, porque la urgencia obliga en este caso a que la previsión esté puesta en el alcance que tendrá la pandemia y sus consecuencias inmediatas. Sin embargo, conviene reflexionar acerca de algunas cuestiones que, como mínimo, deberían quedar planteadas a futuro.
Que el sistema de salud hoy sea una prioridad es una excelente noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que históricamente ha sido muy valorado desde lo dialéctico pero también muy postergado desde la asignación de recursos. A partir de la amenaza que significa el avance del coronavirus, el gobierno nacional -así como los gobiernos provinciales y municipales- decidió reasignar todas las partidas presupuestarias a tres áreas sensibles para hacer frente a la crisis; desarrollo social, seguridad y –obviamente- salud. La pregunta que surge como consecuencia de este re direccionamiento de recursos es si esta crisis nos dejará un sistema sanitario más robusto y eficiente del que teníamos antes. ¿Mejorará la calidad o sólo aumentará la capacidad de respuesta? Al mismo tiempo, se plantean algunas inquietudes en torno al mantenimiento que tendrá la nueva estructura sanitaria después de la pandemia. ¿Quién se hará cargo, la Nación, las provincias o los municipios?
Son preguntas que hoy posiblemente no tengan respuesta, aunque serán disputas que habrá que resolver hacia adelante en torno a la distribución de recursos y la coparticipación, sobre todo si se tiene en cuenta que hoy la Nación está centralizando la compra de insumos -como respiradores artificiales- para luego dotar a los municipios y a las provincias de las necesidades que surgen en cada región. ¿Y después?
En la provincia de Buenos Aires cerca del 70% de los hospitales públicos son municipales. Si nos ceñimos por la ley orgánica de los municipios, los intendentes no deberían hacerse cargo de la salud pública ni de la seguridad. Pero lo cierto y concreto es que, de hecho, los alcaldes han ido asumiendo nuevas responsabilidades impuestas por la propia realidad que los vecinos y sus necesidades les han ido exigiendo por ser la primera ventanilla de reclamo en cuanto a proximidad. Atentos a esto, ¿No sería lógico que los gobiernos nacional y provincial les deleguen esas facultades y recursos para sostener esas estructuras y que los municipios ganen mayor autonomía? ¿O habrá que seguir confiando –a pesar de los malos resultados obtenidos- en que la buena articulación y el trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado logrará algún día satisfacer las demandas de la sociedad toda?
La crisis ha demostrado, -en especial en el comienzo de la pandemia- que todo el arco político está trabajando codo a codo para hacer frente al COVID-19, sin importar las diferencias ideológicas ni partidarias. La incógnita pasa por saber si esa mecánica es sostenible en el tiempo una vez que se supere la pandemia y vuelvan al escenario las mezquindades políticas.
¿Qué pasará cuando la asignación de recursos vuelva a cada ministerio y se le quiten los fondos extraordinarios que está recibiendo hoy el sistema de salud en todos los niveles? ¿Quién –y con qué plata- se hará cargo de sostener la nueva estructura sanitaria?
Habrá nuevos hospitales, equipamiento y mayor capacidad en cada uno de los ya existentes, algo que debe celebrarse pero también mantenerse. Está claro que si no hay un rediseño amplio en materia de recaudación, ni los municipios ni las provincias podrán hacer frente a estas nuevas estructuras. De allí surge otro desafío; si la infraestructura que se sumó al sistema para hacer frente a la pandemia quedara ociosa después del coronavirus, también ameritaría un costo de mantenimiento para que no se deprecie su valor y pueda considerarse como parte de los servicios operativos de cada centro de salud. De lo contrario, habrá sido una inversión sólo pensada en paliar la crisis pero sin una visión estratégica de mediano y largo plazo para mejorar estructuralmente el sistema de salud pública.
¿Será que esta vez el apuro abrirá paso a un nuevo orden mundial para repensar las prioridades y poner al sistema sanitario a la cabeza?
Como sea, lo que está claro es que esta es la gran oportunidad histórica para discutir en serio la descentralización de recursos con el objetivo de hacer más eficiente la gestión en cada uno de los niveles del Estado, pero muy especialmente en el orden local, donde urge institucionalizar algo que sucede de hecho; la autonomía municipal. Empoderar a los intendentes con más recursos y más facultades es una demanda que exigen los vecinos desde hace tiempo y que los políticos, hasta aquí, no hemos podido resolver.
Sin dudas, este es el momento de hacerlo, aunque obviamente, la descentralización de servicios tiene que ir acompañada de los recursos correspondientes. Ello podría hacerse aumentando la masa coparticipable que corresponde a los municipios, que actualmente es de apenas el 16,14%, o bien avanzando también en una descentralización de la responsabilidad de recaudación. Con respecto a esto último, el principal argumento para descentralizar es la conveniencia de que exista correspondencia entre gastos e ingresos. Si el que gasta no es el mismo que el que recauda, se rompe con la corresponsabilidad fiscal, incentivándose a gastar mal y en exceso.
En definitiva, siempre es conveniente que quien sea el encargado de prestar un servicio, se haga también responsable de obtener los recursos necesarios para hacerlo. Esa autonomía, bien entendida, generará una gran responsabilidad de los municipios, incluso generando una sana competencia, que seguramente redundará en mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos, que son el eje y la razón del sistema.
*El autor es Diputado Provincial de Juntos por el Cambio
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