La escena tuvo lugar el viernes en Olivos. Por los jardines de la quinta presidencial deambulaban ministros, intendentes y familiares de víctimas de la inseguridad, a la espera de que se hiciera la hora del acto en el que Alberto Fernández lanzaría un plan destinado a combatir el delito en el Conurbano. Pero antes, el mandatario convocó a Sabina Frederic y Sergio Berni al chalet de la residencia, donde los esperaba junto al gobernador Axel Kicillof.
La ministra de Seguridad nacional y su colega bonaerense ni amagaron a caminar juntos hasta la casa principal de la residencia. Por el contrario, abordaron distintos carritos de golf de los que se usan para desplazarse en la quinta. La tirantez que existe entre ambos funcionarios no les permitió ni siquiera compartir el breve viaje al encuentro del Presidente. Más de uno de los presentes percibió la situación, que despertó comentarios solapados.
En esa relación mal habida entre Berni y Frederic no incide tanto el carácter de ambos ministros, pese a que el exmilitar suele incurrir en la provocación política, sino más bien la interna del oficialismo. Del lado de la ministra están los intendentes más cercanos al Presidente y el massismo, mientras que la defensa de Berni corre por cuenta del kirchnerismo, tanto nacional como bonaerense.
En las visiones a veces contrapuestas sobre el manejo de la seguridad que tienen Frederic y Berni también hay una apuesta inconfesable del Frente de Todos a la ampliación de su electorado: la ministra expresa la postura del kirchnerismo tradicional, contrario a la mano dura y afine al garantismo; mientras que el ministro cultiva un perfil de combate contra el delito, con un discurso propio de la centroderecha, pero evidencia tener el apoyo de la vicepresidenta.
Los malabares internos de Alberto
El Presidente hace malabares para posibilitar la convivencia de todos los sectores del oficialismo. Habla horas con Cristina Kirchner, su socia principal; pero al mismo tiempo atiende las demandas de Sergio Massa. Los tres son, en rigor, los pilares de una coalición que representa un desafío para el peronismo, históricamente codificado para gobernar de manera verticalista.
La mesa desde la cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la reestructuración de la deuda externa mostró, justamente, el triángulo de poder sobre el que se asienta el oficialismo. Un escalón más abajo se ubica Máximo Kirchner, a quien algunos lo emparentan a una suerte de “comisario político” en inmediaciones de Massa.
El jefe del bloque de diputados del FdT se quejó en la mesa chica de Olivos por la supuesta participación del Movimiento Evita en las tomas de tierras en distritos del Conurbano. El líder de La Cámpora pateó el hormiguero: los referentes de esa agrupación, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, son funcionarios nacionales.
La acusación fue retomada por Berni, quien tuvo un áspero cruce con Navarro. El alineamiento de las “orgas” es parte de la discusión: el Evita se enrola en el albertismo y otras como la CTEP del “franciscano” Juan Grabois o Barrios de Pie están más cercanas al kirchnerismo y se enfrentan en el territorio por la ejecución de planes sociales como el “Potenciar Trabajo”, que incluye cooperativas que reciben financiamiento público y materiales.
La futura conducción del PJ
El Presidente dijo en una entrevista que “el albertismo no existe”, pero también advirtió que Cristina es la líder de “un sector” del oficialismo y no de su conjunto. El diputado Eduardo Valdés, de su absoluta confianza, acompaña al mandatario en incipientes contactos con referentes peronistas de la Provincia.
Los intendentes del Conurbano no son espectadores sino activos participantes de la interna: algunos de ellos ya empiezan a pedirle al Presidente que analice la posibilidad de armar la próxima conducción del PJ nacional, cuando concluya el mandato del histórico diputado sanjuanino José Luis Gioja. Por eso mismo, no dejó de llamar la atención que Berni se anotara en esa interna, traspasando la frontera bonaerense sin aval de Kicillof.
Alberto F. participó por segunda vez de un zoom del PJ bonaerense y dijo que cuando termine la pandemia habrá “un banderazo de la gente de bien”, una expresión que blanqueó también el resquemor del peronismo por haber perdido el monopolio callejero. El avance de la reforma judicial provocará, con certeza, nuevas movilizaciones opositoras.
Tensión política en el Congreso
El Parlamento argentino tuvo una semana caliente. En la Cámara de Diputados se registró una áspera reunión de labor –previa a la sesión- de más de ocho horas, durante las cuales el oficialismo y Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, no pudieron acordar la prórroga del protocolo para que el cuerpo funcione en el contexto de pandemia. Hubo propuestas, contrapropuestas y sobre todo, desconfianza mutua.
Los diputados de JxC temen que el FdT meta en el temario de sesiones la reforma judicial que fue aprobada en el Senado y cuyo tratamiento en comisiones en la Cámara baja aún no tiene fecha confirmada. Un acuerdo de Massa con los bloques minoritarios le permitió al oficialismo refrendar el protocolo y sancionar dos leyes –asistencia al turismo y multas a la pesca ilegal-, pero la tensión política dominó la escena.
Massa recibió amenazas de muerte en mensajes directos a su teléfono celular, mientras que los diputados de JxC se retiraron molestos porque su presencia en el recinto no fue contabilizada, lo que expuso una situación de anormalidad.
En JxC le darían a Massa tiempo hasta el martes para reanudar las conversaciones, pero se siguen reservando la carta de la denuncia judicial para objetar la validez de la última sesión. Hasta ahora, un recurso de amparo presentado por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, fue declarado “inoficioso” por la sala 4 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Cristina y los jueces que la investigan
La fuente de desconfianza no está en la Cámara baja sino en el Senado, donde la Reforma Judicial fue modificada en forma express, incorporando cientos de cargos a último momento. Y el kirchnerismo avanzó el viernes contra los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que se ausentaron de la comisión de Acuerdos, donde se analiza su desplazamiento porque fueron trasladados durante el gobierno anterior sin aval del Senado.
Ese procedimiento irregular no borra, sin embargo, el hecho de que Bruglia y Bertuzzi confirmaron desde la Cámara Federal los procesamientos de la titular del Senado. Castelli, por su parte, fue sorteado para juzgar a Cristina en la causa de los cuadernos. Los tres magistrados acudieron a la Justicia, pero sendos fallos rechazaron la demanda. Por eso, Bruglia y Bertuzzi fueron a la Corte Suprema en forma directa a través de un “per saltum”.
En las manos del máximo tribunal del país está ahora la posibilidad de hacer lugar al pedido de los camaristas o dejar que siga avanzando el Senado, que podría confirmar el desplazamiento en una sesión el jueves. La Vicepresidenta afirmó que Bruglia y Bertuzzi no asistieron a la audiencia porque “no podían responder a las preguntas” que les iban a hacer. Tampoco los senadores de JxC estuvieron en la comisión de Acuerdos.
La oposición adoptó una estrategia de bloqueo legislativo a la Reforma Judicial que, en sentido más amplio, incluye tanto los cambios a la Justicia federal como la revisión del traslado de jueces. Y también el avance de las investigaciones sobre el supuesto espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos. En síntesis, lo que se despliega es la tesis cristinista del “lawfare”.
El combo preanuncia nuevos episodios de alto voltaje político.
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