El 17 de agosto pasado, aniversario de la muerte de nuestro Libertador, participé provisto de tapaboca, manteniendo distancia y por un corto tiempo, de la marcha al aire libre convocada por la ciudadanía con el propósito de ejercer mi derecho a expresarme. Estuve presente para protestar por la infundada e inoportuna reforma judicial y especialmente por la falta de consideración de los gobiernos nacional y provincial hacia la Educación.
Si se desea resolver algo, lo primero es reconocerlo como un problema, y lamentablemente ni la dirigencia ni la sociedad en su conjunto han interpretado y resaltado a la Educación como un problema básico que afecta nuestra posibilidad de evolucionar. En este año tan extraordinario, seguramente fue acertado determinar en una primera etapa a la salud y algunas otras pocas actividades como esenciales. Pero hubiese sido conveniente también aprovechar el tiempo y los recursos para acondicionar la infraestructura y los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos para realizar de la manera más plena, equitativa y justa posible la actividad de educar.
El gobierno provincial no ha evaluado seriamente el regreso a clases presenciales ni la mejora en el dictado online de las asignaturas con el propósito de llegar a todo el alumnado. No solo porque no decidió considerar la posibilidad cierta de dar clases en aquellas zonas, ciudades o establecimientos donde era y es posible bajo protocolos bien determinados, sino también porque habiendo recibido de la Nación más de 70.000 millones de pesos extras para atender las necesidades extraordinarias por la pandemia, no ha hecho una sola inversión para adaptar la infraestructura de las escuelas a la nueva realidad, ni siquiera para solucionar las fallas preexistentes en sanitarios, impermeabilización, servicios o conectividad. Sí decidió realizar una inversión menor para pintar algunos edificios guiado más por el deseo de contener a sus cooperativas militantes que por solucionar los problemas de fondo de las escuelas y adaptarlos a protocolos necesarios para la actualidad y para el futuro.
Nadie discute las dificultades en la educación de nuestra provincia antes del Covid-19: las desigualdades en el acceso, la falta de aulas para la primera infancia, la deserción y repitencia en el nivel secundario, la falta de comprensión en los estudiantes y la distorsión de contenidos con los requerimientos del mercado laboral. Pero nada de esto está siendo considerado con la real importancia que requiere. A veces pareciera que nada está pasando.
La interrupción de las clases presenciales y su prolongación harán que las dificultades en el sistema educativo se profundicen, que los alumnos sean víctimas de un atraso ante metodologías que no alcanzan a subsanar lo ya deslucido de la enseñanza. La desigualdad se profundizó, los niños y jóvenes discapacitados tienen más dificultades que nunca y el abandono va a ser mayor. ¿Qué se espera? La Educación es esencial y hay que encontrar el equilibrio entre el riesgo para la salud y los beneficios para la educación que conlleva el regreso a clases.
Infundadamente millones de alumnos no han podido ir a sus escuelas en los últimos meses mientras otras actividades recuperaron su dinámica con protocolos. Desde el propio ministerio se informó que más de 200.000 estudiantes están totalmente fuera del sistema educativo en nuestra provincia porque no están dadas las condiciones para contactarlos, pero sin embargo pareciera que solo queda en un dato más que aporta la pandemia.
Como si todo esto fuera poco, desconsiderando el trabajo que han hecho los docentes en todos estos meses de aislamiento, el Consejo Federal de Educación le puso la frutilla al postre anunciando cuando aún faltan más de tres meses para que finalice el ciclo lectivo que ningún alumno va a repetir, dando en este momento la noticia más inoportuna que generará la desmotivación de docentes, alumnos y familiares de los alumnos, evidenciando así que para ellos la educación en nuestro país no es un problema ni una actividad esencial.
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