La negociación entre el gobierno bonaerense y la oposición que concluyó en acuerdo en la Legislatura por el endeudamiento que solicitaba Axel Kicillof tuvo un rasgo distintivo. Podría decirse que la puja entre un sector de Juntos por el Cambio que se mostraba menos contemplativo con el pedido del Ejecutivo y la postura un poco más flexible de los intendentes terminó resolviéndose para el lado de las necesidades de las comunas.
La característica que adoptó la última etapa de la discusión fue por demás elocuente. Cuando todo parecía naufragar en la conversación entre el Ejecutivo y los legisladores, aparecieron en escena los jefes comunales de la oposición. Fueron ellos quienes terminaron enderezando el barco, cuando obtuvieron una serie de concesiones para asegurarse recursos para este año y el que viene que necesitan como el agua para mantener la gobernabilidad en sus distritos.
Un detalle adicional: la última reunión en el ministerio de Economía donde se terminó cocinando el acuerdo entre el dueño de casa, Pablo López, y los intendentes comenzó sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, que venían liderando la negociación. Algunas fuentes afirman que recién se los notificó de ese cónclave cuando la reunión estaba avanzada y el cierre, cantado. Ese desenlace deja expuesto, acaso, un doble comando en la oposición, que Kicillof se encargó de explorar como ocurriera hacia principios de este año con el debate de la ley Impositiva.
Otra vez sobrevuela la figura de María Eugenia Vidal. En la Gobernación la emparentan con el ala dura legislativa que no le querría hacer las cosas fáciles a Kicillof y hasta dan crédito a la versión que circuló en los últimos días acerca de que vía Zoom la exmandataria habría sugerido demorar el tratamiento del expediente. Legisladores de la oposición juran que Vidal nunca adoptó una posición de esas características y que finalmente hubo acuerdo cuando se aseguraron recursos para los municipios, entre ellos, 3 mil millones de pesos para el pago de sueldos, el desembolso de otros 2 mil millones para obras que estaba pendiente y la postergación hasta el año que viene de la devolución de unos 4 mil millones de pesos que la Provincia otorgó a las comunas en medio de la emergencia por la pandemia.
Claro que Kicillof se llevó lo suyo: una autorización para tomar deuda por 28 mil millones de pesos y un permiso adicional por 500 millones de dólares para contraer con organismos internacionales. Buena parte de esos recursos serán para hacer obras, otra porción, para cancelar deudas.
Aquellos tironeos políticos tuvieron su rebote en otros asuntos. La temporada de verano quedó en medio de una polémica tras las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Gollán, en las que puso en duda la posibilidad de que se pudiera ir a la playa producto de la pandemia.
Hubo revuelo a varias puntas. Los intendentes de la Costa vienen trabajando en una serie de protocolos para que al menos “haya temporada”. Sus distritos dependen en buena parte de los recursos que pueden generar en verano y requieren imperiosamente abrir las puertas de acceso a las playas que están vedadas desde marzo, cuando arrancó la cuarentena.
La Provincia buscó rápido descomprimir y aclaró que la temporada estival es imaginada como uno de los pilares del despegue económico pospandemia que imagina Kicillof. “Va a haber temporada, pero no sabemos cómo se va a desarrollar porque dependemos de la evolución de la pandemia”, dicen cerca del Gobernador. Y acotan: “Si vamos a empezar con las clases presenciales en el Interior, ¿cómo no va a haber turismo?”, se preguntan con tono de respuesta en el Ejecutivo.
Hay, todavía, alguna idea dando vueltas de avanzar con alguna prueba piloto para la Costa. El fin de semana largo de noviembre podría ser el principio de la apertura de los distritos turísticos. Pero todo está atado a cómo marche la curva de contagios por coronavirus.
Ese test tendrá una previa esta semana con la decisión oficial que deberá volver a adoptarse en relación a la continuidad de la cuarentena. Pese a los 5 mil casos promedio de contagios que se registraron en los últimos días, no habría margen de maniobra para endurecer las restricciones actuales. Tampoco para habilitar nuevas actividades, al menos en el Gran Buenos Aires.
Un eventual confinamiento severo ante una disparada de casos y saturación del sistema sanitario pareciera depender ahora de una decisión nacional. Más aún: hay quienes estiman que si se diera esa situación, la medida debería alcanzar a todo el país, es decir, no solo reservada para el Conurbano.
El debate vuelve una y otra vez y tiene que ver con la saturación que genera en la sociedad una cuarentena tan extendida. Y, puntualmente, sobre la desobediencia cada vez más marcada que se verifica en la mayoría de las ciudades.
PANORAMA PROVINCIAL
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