La octava cuarentena, adoptada de forma consecutiva para el área del Gran Buenos Aires, prolonga la recesión y profundiza las previsiones de caída de la actividad económica de la Argentina a niveles nunca vistos y muy por encima de lo ocurrido en la región. El daño económico y social es difícil de medir en algunas pocas cifras, pero es evidente que la caída del consumo, con el aumento del desempleo y la destrucción de miles y miles de empresas, llevará al país a un nivel insólito de la pobreza que alcanzará según varios estudios a más de la mitad de la población. La salida del confinamiento social y el inicio de una recuperación económica permanecen en la sombra, sin un horizonte definido y con herramientas escasas por parte del gobierno nacional que, por el momento, solo está limitada a una cuarentena más o menos rígida. Trascendió en los últimos días que tanto a nivel provincial como de la Nación, imaginan que de no existir un rebrote de la pandemia, el confinamiento bajo distintas formas se prolongaría hasta fines de agosto, con lo cual la actividad económica continuaría bajo restricción hasta muy avanzado el año, quedando para el 2021 la posibilidad de una recuperación. Igual, de acuerdo a distintas proyecciones privadas, el rebote económico sería limitado debido a la destrucción de activos productivos, quedando para la gestión del presidente Alberto Fernández la tarea de lograr a lo largo de su mandato recuperar al menos los niveles de actividad del 2019. Un año que fue recesivo y en el cual la Argentina acumuló casi una década de estancamiento productivo. La información oficial del Indec arroja una caída del 5,4 por ciento del PIB en el primer trimestre del año, con un derrumbe del consumo privado de 6,5 por ciento y una desocupación del 12,4 por ciento en el conurbano, período en donde no afectó de manera decisiva la cuarentena, decidida en las últimas semanas de marzo. Esto refleja que la Argentina siguió en recesión y profundizó la caída en los inicios del año. En la región, otros países como Uruguay y Brasil registraron una caída menor o un crecimiento mínimo. De todas maneras, la brecha con estos dos países tomados como ejemplo se harían más profundas en el segundo trimestre del año. De acuerdo a una proyección de la Fundación Mediterránea, la Argentina tendría una caída del 15 por ciento, frente al 8 por ciento de Uruguay y 11 por ciento de Brasil. Otros países desarrollados han recibido un fuerte golpe económico por la pandemia, pero el período de recuperación sería muy corto en forma de V, aunque algunos de estos pronósticos quedan sujetos a que no ocurra un segundo rebote del virus. El Fondo Monetaria Internacional actualizó sus proyecciones de este año e informó que la recesión en Argentina podría ser mayor al 10 por ciento debido a la prolongación de la cuarentena y la demora en el acuerdo con los acreedores. El tema de la deuda es un capítulo aparte acerca de cálculos errados del Gobierno de Alberto F. sobre que ocurriría en el mundo con las acreencias de los países y de su ministro Martín Guzmán. Pero esa errada percepción se extendió luego a otro capítulo, de cómo preservar los activos productivos del país, en donde los casos de Vicentin, la salida de Latam, o lo ocurrido con los cierres de pymes o comercios, se aleja cada vez más de los salvatajes realizados en la mayoría de otros países que minimizar los daños de la pandemia. Tampoco encaja en este escenario las iniciativas de aumentos de la presión tributaria o de mayor regulación del Estado en la economía. Con respecto a la deuda, como se señaló en otras oportunidades en esta columna, el ministro Guzmán realizó una propuesta agresiva y unilateral para negociar la deuda con acreedores de títulos con ley extranjera, suponiendo que la crisis mundial dejaría un tendal de países en default. El supuesto también incluía la idea de un cambio copernicano de las reglas financieras mundiales, situación que los llevaría a los acreedores a aceptar. No ocurrió esa previsión y el desenlace sigue pendiente. En el camino, la Argentina debió aumentar su oferta de 37/38 dólares por cada 100 de deuda, a 50 dólares y algo más con ciertos accesorios. El costo político de la mala negociación ya fue absorbido por el Presidente, pero la tardanza en cerrar acumula nuevos costos. Por un lado afecta a la marcha de la economía y agrega 300 millones de dólares por intereses devengados por cada mes que se retrasa la negociación. Un posible acuerdo con el FMI es otro demonio del Gobierno en donde el Presidente va y viene sin un derrotero claro, desde la afirmación que no hace falta ningún acuerdo hasta la más reciente que luego de cerrar con los acreedores se inicia una negociación con el organismo internacional, en donde no se descarta un acuerdo de facilidades extendidas. Cada vez es más claro que sin un cierre positivo del tema de la deuda y el auxilio del FMI las chances de recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, se haría más lejano e improbable.
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