¿Hacia dónde se dirige la Argentina? ¿Coquetea el presidente Alberto Fernández con el abismo de una debacle económica sin precedentes? ¿Se trata de gente confundida e imprudente o existen otras razones que impulsaron el banderazo del sábado pasado? No hay dudas que la economía y la cuarentena se han politizado, en versiones cada más opuestas y prestas a un choque en lugar de una negociación. Las manifestaciones del 20 de Junio quiebran el escenario político en muchos sentidos.
Se trata de la primera movilización nacional que haya levantado como bandera la defensa de la propiedad privada, algo inimaginado en la liturgia política. La contraparte es la expropiación de Vicentin, un concurso de acreedores que hoy escaló hasta ubicarse en uno de los ejes de debate nacional y también de una pulseada entre el oficialismo y la oposición. La situación económica de amplios sectores sociales subyace en este entuerto que revive igual, lo ocurrido hace más de una década con el enfrentamiento del campo con el gobierno de CFK. Existen muchas razones para rechazar esta idea de otra 125, aunque por encima de las argumentaciones prevalecen las percepciones y en las extensas zonas rurales de la pampa argentina se cree en esa realidad. Con el agravante de que la discusión de las retenciones ha mutado al temor por la vigencia de la garantía constitucional de la propiedad privada.
En las zonas rurales el reclamo alcanza a trabajadores y cooperativistas, ámbitos en donde el gobierno imaginaba una división con el resto de los productores rurales o el puñado de las grandes agroexportadoras. En las grandes ciudades el reclamo económico está vinculado a la extensión de la cuarentena que afecta básicamente a los sectores medios, profesionales, comerciantes y de infinidad de actividades individuales, que llevan casi tres meses de parálisis, sin un horizonte de que ocurrirá con sus trabajos y negocios. Una reciente encuesta de CAC (Cámara Argentina de Comercio) abre un horizonte negro para alrededor de 50.000 comercios que cerrarían de manera definitiva y otra cantidad que duplica los cierres, que continuaría pero achicando estructuras y personal.
En la industria el panorama es similar. Otra encuesta de la UIA (Unión Industrial Argentina) sostiene que casi el 40 por ciento de las empresas dice que su negocio no es sostenible si las actuales restricciones se prolongan; el 13 por ciento dice que entrará en concurso de acreedores y dos tercios de los encuestados dice que sufrió caída en sus ventas mayores al 50 por ciento. En definitiva, la extensión de la cuarentena ocasionaría pérdidas de empleo que serían gigantescas con la caída de miles y miles de empresas, y un aumento sideral de la pobreza. Los próximos dos meses serían dramáticos para la economía sin chances reales de un rebote inmediato, por la destrucción de capital productivo. La decisión de Alberto Fernández de extender la cuarentena, aún con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, no podrá eludir el capítulo económico y reducirla a una cuestión de coeficientes sanitarios. Una catástrofe productiva también originará un enorme costo en vidas y años de retraso en condiciones de subsistencia para amplios sectores de la sociedad. La pandemia que azota hoy al país no es solo una sanitaria, desde hace algunas semanas se agrega la económica. Las señales oficiales por el momento no consideran esa posibilidad. El último anuncio de convocar a la CGT y la UIA a participar de las reuniones sectoriales que organiza la Jefatura de Gabinete, suena a poco y de escasa utilidad.
El Presidente también ha asegurado que sabecomo salir de la crisis abierta por la pandemia del COVID-19, igual que su afirmación de que el gobierno cuenta con un programa económico, pero no lo revelará hasta que culminen las negociaciones con los acreedores. Hasta ahora, más allá de esa revelación, nunca hizo explícito como es ese plan, si realmente existe. En medio de la actual conmoción ¿Por qué razón considera que debe mantenerlo en secreto en lugar de explicarlo? Similar a su afirmación de que los manifestantes están confundidos, un jefe de Estado debiera aclarar en lugar de acusar. La sociedad está ávida de certezas en una crisis de esta magnitud. Con la negociación de la deuda, las conversaciones se vuelven a prolongar con motivos poco claros. La diferencia entre la oferta oficial y de los acreedores parece más técnica que real, por un valor millonario que suena enorme, mientras el Banco Central y los sectores productivos pierden sumas mayores.
Los parámetros de costos y beneficios ya se inclinaron hacia la franja roja de país, con miles de millones de dólares de pérdidas de reservas y acumulación de nuevas deudas, adicional a caminar al borde del default o desatar juicios en Nueva York por el total de la deuda, más intereses, costas y otros gastos de comisiones y honorarios jurídicos también millonarios. El Presidente afirmó que quiere llegar a un acuerdo y ya pagó el costo de una mala negociación. La oferta oficial trepó de una paridad del 37/38 por ciento, a la actual de algo más del 50 por ciento.
¿Cuánto más tiene sentido regatear por una diferencia que ya se perdió en el camino? ¿Hasta cuando el Presidente seguirá con su idea de ocultar sus planes económicos?
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