Los funcionarios se esfuerzan por aclarar, en el plano discursivo, que una cosa no tiene nada que ver con la otra; que la convivencia de ambos fenómenos está forzada por la realidad. Pero en los hechos, el escenario que va conformando en el transcurso de la cuarentena, extendida ya en tres ocasiones, encuentra al Gobierno discutiendo internamente cómo afrontar la reestructuración de la deuda externa en un contexto marcado por la incertidumbre global que genera la pandemia.
En ese debate soterrado ganan terreno los que piensan que hay que prepararse para una economía cerrada, parecida a la que emergió de la crisis de 2001/2 cuando la Argentina declaró el default. Esa receta, que ya aplicó el peronismo en el pasado, vuelve ahora a ser considerada por Alberto Fernández, pese a que aún mantiene alguna esperanza de que los bonistas acepten el canje que propone Martín Guzmán. El propio Presidente reveló anoche que prepara un “plan” junto al ministro de Economía.
Una señal en ese sentido acaba de dar la Cancillería argentina al retirarse de las negociaciones que el Mercosur encara para firmar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India. No es que la administración de Alberto F. busque abandonar el Mercosur, sino orientarlo a una cooperación interna que, por otra parte, no sucederá mientras Brasil siga la línea del presidente Jair Bolsonaro. La situación política de ese país torna el cuadro más imprevisible.
La Argentina, en cambio, no afronta un problema de liderazgo. De hecho, Alberto F. lo reforzó en las últimas semanas, desde que se puso al frente del combate contra el virus Covid-19. Las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al Presidente, pese a que la cuarentena trae aparejadas graves penurias económicas para buena parte de la población. Incluso, el sistema político discute si el mandatario no tomó para sí excesivas facultades, a modo de antídoto contra la peste.
La controversia que se generó por la inactividad del Congreso, que aún no logra acordar la forma de sesionar, y por la feria extraordinaria de la Justicia –que no impide la liberación de presos ni los motines de quienes buscan seguir el camino de, entre otros, Amado Boudou-, surgió al calor de la hegemonía presidencial forjada en el transcurso de la cuarentena. El silencio de Cristina Kirchner, figura clave de la política argentina, contribuye a que Alberto F. tome el centro de la escena.
Cristina y la Corte
La Vicepresidenta dio un paso en falso cuando le pidió a la Corte una “declaración de certeza” sobre algo que todavía no sucedió. La negativa del máximo tribunal, bien fundamentada en los fallos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basó en que la Constitución Nacional no fija el control de constitucionalidad en abstracto. Aunque finalmente, Cristina despejó el camino para que el Senado tenga una sesión virtual, que no ponga en peligro la salud de los legisladores.
De todos modos, para prevenir demandas judiciales a posteriori, tanto la titular del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, deberían garantizar la modificación del reglamento de ambos cuerpos, para que las sesiones no tengan que realizarse sólo en forma presencial. En la cámara baja habrá mañana una reunión de labor parlamentaria en la que se abordará esta cuestión que, lejos de ser una formalidad, hace a la legalidad de futuros actos.
El martes, en tanto, se reunirá –a distancia- la Comisión Bicameral de Control de los DNU para aprobar o rechazar 20 decretos que lleva firmados Alberto F. ante la emergencia de la pandemia. El oficialismo tiene mayoría en ese cuerpo y se descuenta un trámite parlamentario, pero en términos políticos y constitucionales, el Congreso no puede dejar de revisar los decretos presidenciales. Aún resta esperar que haya un acuerdo para que se retomen las sesiones.
Por afuera del plano institucional, la preocupación mayor está centrada en la capacidad de la población y de la economía para resistir la cuarentena. El Gobierno reforzará el miércoles con $6.000 las tarjetas Alimentar, lo que significará un desembolso directo de $1.800 millones en el Conurbano, $2.800 millones en toda la Provincia y $7.600 millones a nivel nacional. Además, el ministerio de Desarrollo Social transferirá 20 millones de pesos a cada municipio del GBA.
La situación de los distritos es tan delicada que los fondos que baja el Gobierno nacional a la Provincia son motivo de disputa entre los intendentes y Axel Kicillof. La tensión buscaba ser apaciguada por dirigentes de la primera línea del oficialismo, con gestiones que incluyen al ministerio de Economía nacional. “Nosotros mandamos una parva de guita”, se defienden en la quinta de Olivos. En tiempos de vacas flacas, el cuadro social atemoriza a los gobernantes.
Fechas coincidentes
Ya no se trata solamente de las familias que no tienen ingresos porque se desenvuelven en la economía informal y dependen de subsidios como la AUH y el reciente IFE, sino también de los asalariados cuyos empleos están en riesgo porque las empresas no pueden vender su producción. La transferencia de más de $400.000 millones de pesos a compañías de menos de 800 empleados para pagar hasta la mitad del sueldo del personal es realmente una medida excepcional.
La pregunta, ahora, es cómo hará el Gobierno para financiar semejante desembolso. Hasta el momento lo hizo a base de emisión monetaria, lo que ya generó un recalentamiento de la inflación. En forma paralela se acortan los plazos para la operación de canje de deuda que impulsa el ministro Guzmán. En dos semanas, el 8 de mayo, será la fecha límite para que los bonistas decidan si aceptan la propuesta argentina. Y el 22 de mayo se sabrá si se declara el default.
Ese día se cumplirá un mes exacto del impago de 500 millones de dólares de vencimientos de la deuda, tras lo cual saltó el Riesgo País a más de 4.000 puntos básicos y el dólar alcanzó los $112 en el contado con liquidación y los $120 en el “blue”. Para el 8 de mayo, cuando vencerá el prospecto de Guzmán ante la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos), Argentina seguirá en cuarentena. Y todavía no está claro que, para el 22 del mes próximo, se levanten todas las restricciones.
El confinamiento que decretó el Presidente el 20 de marzo tuvo un efecto concreto: aplanó la curva de casos en todo el país –salvo en el AMBA, donde solo la morigeró- y estiró el momento del pico de contagios del virus para finales de mayo o principios de junio. Con lo cual, va quedando cada vez más claro que el país asistirá a la resolución de la crisis de la deuda en medio del combate al coronavirus. De cómo se afronte esa encrucijada, dependerá el futuro de los argentinos.
“Estamos trabajando para organizar un plan para afrontar la pandemia también desde el punto de vista económico”, aseguró anoche Alberto F. en un mensaje al país desde Olivos, en el que también se refirió al “conflicto de la deuda” que heredó su administración. El mismo día en que anunció una nueva extensión de la cuarentena, estuvo reunido dos horas con Guzmán y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. Ambos problemas, el coronavirus y el default, siguen latentes.
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