Entre el lunes y el martes pasado, las luces del tablero del comité de emergencia de la Provincia empezaron a encenderse. En los comedores y escuelas del Gran Buenos Aires donde se entregan bolsones de alimentos, la demanda se había disparado a niveles récord. Muchos sectores sociales informales urbanos (desde un chofer hasta una peluquera, un peón o un parquero) comenzaron a demandar asistencia alimentaria. Después de 15 días sin movimiento, clientes ni ingresos, eran cada vez menos los que tenían recursos para subsistir sin ir al comedor.
La segunda semana con restricción de circulación en la Provincia por el coronavirus dejó al descubierto la fragilidad social en enormes sectores del Conurbano bonaerense, donde la cuarentena y el encierro comenzaron en los últimos días a mezclarse con el hacinamiento, la violencia intrafamiliar y las adicciones.
El Área Metropolitana, que concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19 en el país, se instaló como la principal preocupación del Gobierno nacional y también del bonaerense. Aun con tropas del Ejército en las calles, (que cumplen tareas de asistencia alimentaria, pero también disuasorias), con fuerzas federales y con los grupos de reserva de la Bonaerense, la sensación es la de una olla a presión que amenaza estallar.
Bolsones de ayuda
A partir de mañana, la Provincia saldrá a “reponer” bolsones de comida a través de la red del Servicio Alimentario Escolar, de comedores municipales y de movimientos sociales. Los paquetes con 12 kilos de alimentos secos que se entregaron hace diez días ya se terminaron en casi todos los hogares. El nuevo bolsón, explican en Gobernación, incluirá alimentos frescos (no carne, pero sí frutas y verduras) e incorporará por primera vez productos de higiene, como jabones. Los municipios, a su vez, recibieron un refuerzo de fondos de Nación, igual que las organizaciones, que esta semana se sumaron al operativo de contención alimentaria, coordinado por Daniel Arroyo.
En el Gobierno bonaerense y en el ministerio de Desarrollo Social de Nación coinciden en una mirada. Lo ideal sería desplegar políticas que pongan “plata en el bolsillo” a los sectores que, en seguida, lo vuelcan para el consumo esencial. Pero en este contexto, el alto nivel de informalidad de la economía quedó expuesto a la vista y las opciones como la tarjeta Alimentar no alcanzan a cubrir la demanda, por lo que es necesaria la entrega directa de alimentos.
La situación social en el Área Metropolitana, el principal escenario de casos de coronavirus, fue una de las preocupaciones centrales del Gobierno bonaerense. La otra fue contener una situación política que generó un frente de tormenta con intendentes, donde por primera vez quedaron a la luz diferencias con jefes comunales del propio peronismo.
Municipios díscolos
Empujados en muchos casos por demandas de los vecinos -su electorado al fin y al cabo-, muchos alcaldes habían decidido bloquear accesos y caminos para “protegerse” de posibles contagios de coronavirus. La situación no solo había disparado complicaciones logísticas, sino que había abierto un escenario complicado en términos de gobernabilidad. ¿Quién ordenaría un caos de intendencias tomando medidas por su cuenta en medio de un escenario de pánico por la pandemia?
“El debate ya quedó saldado. Pueblos aislados no queda ninguno”, aseguran en calle 6. Lo que sí quedaron fueron algunas esquirlas políticas. Como en el caso de Ezeiza, donde los Granados (el padre Alejandro y el hijo Gastón) se “plantaron” y levantaron montículos en calles.
El fin de semana pasado, la zona de countries de ese municipio había sido un descontrol: autos circulando y empleados trabajando. En la intendencia, reaccionaron bloqueando caminos y accesos.
Diferencias superadas
La cuestión con los intendentes, dicen en Gobernación, ya quedó resuelta, después de un cruce de mensajes que mantuvo Kicillof en el grupo de WhatsApp que tiene con los intendentes. Otros apuntan en una dirección distinta para explicar cómo se ordenó ese escenario y señalan como clave la charla que Granados padre mantuvo con Alberto Fernández. Como en otros casos, para los intendentes la comunicación resultó más fluida con la Casa Rosada que con la Gobernación.
En la relación de la Provincia con los intendentes asoma otro factor de tensión: Sergio Berni. Fiel a su estilo, desde su desembarco en Seguridad Berni fue moviendo piezas para centralizar el control de la Policía en detrimento de los intendentes. En concreto, les sacó a las secretarías de seguridad de los municipios el control de las policías locales la facultad de disponer de móviles y efectivos. Entre los intendentes, la medida cayó pésimo. ¿Podrá Kicillof desactivar este nuevo foco de conflicto?
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