Los modelos de simulación matemática que encargó el ministerio de Salud sobre la propagación del coronavirus alarmaron al presidente Alberto Fernández y a sus principales colaboradores. Los cálculos de los especialistas advirtieron que, incluso en un escenario en el que los contagios no fueran masivos, el sistema sanitario colapsaría ante una disparada de la curva de casos, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de camas de terapia intensiva no sería suficiente.
Los números son fríos pero corresponde analizarlos. Si en unas pocas semanas los infectados fueran 250.000 –una hipótesis que se barajó en los informes oficiales-, entonces al menos 50.000 infectados requerirían internación en todo el país, porque se considera que el 80% de los casos se cursa como un resfrío en aislamiento controlado. Pero el otro 20% requeriría de internación y el 5% del total de contagiados –en peligro de vida- necesitaría con urgencia de terapia intensiva.
En la región del AMBA, donde se focaliza el 70% de los casos a nivel nacional, se necesitarían en este contexto unas 35.000 nuevas camas para reforzar la capacidad de los hospitales bonaerenses y porteños. De ahí que el Gobierno de Axel Kicillof estimara que la Provincia necesitará al menos 18.000 plazas. Los cinco hospitales modulares que anunció el Gobierno nacional para el Conurbano incorporaran 300 nuevas camas, de las cuales solo 120 serán de cuidados intensivos.
La brecha entre lo que se necesitaría y lo disponible es notoria. Aunque parezca lo contrario, también en la ciudad de Buenos Aires faltarían camas. En todo el sistema sanitario porteño hay unas 7.000 plazas y, por el momento, la solución de las autoridades pasa por agregar 2.000 camas en hoteles –para la mayoría de casos leves- y otras 1.000 suplementarias en los hospitales y clínicas privadas. En la dimensión de este último sector radica la diferencia con la Provincia.
Con los números sobre la mesa, Alberto F. se convenció de que había que ganar tiempo. Y la cuarentena era la medida que tenía a mano para conseguirlo, sobre todo ante la inminencia del fin de semana largo en el que habría desplazamiento de la población hacia puntos turísticos de todo el país. Si los porteños y bonaerenses que residen donde se localiza el foco del Covid-19 en la Argentina lo desparramaban por todo el país, los cálculos se quedarían cortos con certeza.
Estado de sitio en análisis
El Presidente en persona salió a la calle –en auto entre la Casa Rosada y la quinta de Olivos y ayer en helicóptero en sobrevuelo al AMBA- para ver lo que estaba sucediendo con las recomendaciones de distanciamiento social. Y lo que vio lo preocupó: el ritmo ciudadano parecía el habitual. Alberto F. analizó, como reveló la ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, la declaración del estado de sitio, un recurso contemplado en la Constitución Nacional para ilegalizar la libre circulación de las personas.
Pero puertas adentro del Gobierno, la medida –que remite a la dictadura y a los últimos días del fallido mandato de De la Rúa en 2001- fue considerada muy extrema en la mesa chica de la Casa Rosada. No obstante, permanece en la carpeta oficial porque hay lugares en los que el aislamiento social obligatorio no se está cumpliendo. La preocupación mayor reside en el Conurbano. Ayer se registraron incidentes con un patrullero en Ituzaingó y un saqueo a un super chino en San Martín.
Por el momento, el Gobierno reforzó los controles a cargo de las fuerzas de seguridad: solo en el AMBA hubo ayer casi 750 detenciones luego de que en la primera jornada de la cuarentena se viralizaran imágenes de gente circulando en las calles sin justificación alguna. El problema no radica en los puntos neurálgicos sino en los barrios, donde la Policía no da abasto. En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza reclama al Gobierno que envíe al menos 1.000 gendarmes.
Preocupación por el impacto económico
La crisis del coronavirus tiene otro costado que preocupa a todos los sectores, públicos y privados: el impacto económico. Alberto F. escuchó el último viernes los argumentos de gobernadores que pidieron asistencia nacional para hacerle frente a la demanda presupuestaria que tendrán para afrontar la pandemia. “Todos tenemos problemas para pagar los sueldos; imagínense si tenemos que armar un sistema sanitario paralelo”, deslizó uno de los que habló en la quinta de Olivos.
El Presidente había recibido la misma advertencia de su antecesor Mauricio Macri, en una charla telefónica previa. Aunque el exmandatario llamó para manifestar su apoyo a las decisiones que se estaban por tomar, a Alberto F. no le cayó bien la referencia al “lío” que podría provocar la cuarentena en la economía. “Le dijo eso al Presidente justo el día antes de que el Fondo nos diera la razón”, ironizó un colaborador directo del jefe de Estado para graficar el descontento con Macri.
La referencia al FMI no fue casual. El Gobierno celebró que el organismo volviera a recomendar una quita de la deuda externa argentina, en línea con la estrategia del ministro Martín Guzmán para reestructurar la cartera de bonos –por más de 68.000 millones de dólares- en manos de acreedores privados. El funcionario hizo el viernes una primera presentación y esta semana comenzará una ronda con fondos de inversión, en la que podría develar la propuesta oficial.
“El coronavirus podría prolongar la crisis”, admitió Guzmán en ese mensaje vía “webcast” que emitió desde el Palacio de Hacienda, porque la pandemia le impide salir del país. La propia Cristina Kirchner le había advertido a Alberto F. que las consecuencias económicas podrían ser graves, basada en su experiencia con la Gripe A en 2009. La Vicepresidenta regresa esta noche de Cuba junto a su hija Florencia, un año después del exilio médico/judicial al que se sometió la joven.
También La Cámpora le manifestó su preocupación al Presidente por el impacto económico de la pandemia, en una cena con larga sobremesa que compartieron en la quinta de Olivos. De esa conversación tomaron parte el jefe del bloque de diputados nacionales Máximo Kirchner, el ministro del Interior Wado de Pedro, el legislador Andrés Larroque, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y la titular del PAMI –donde hay despidos en medio de la crisis- Luana Volnovich.
Tras esa conversación, Máximo planteó al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la necesidad de empujar políticamente una “invitación” a las empresas de servicios esenciales a suspender cortes de suministro por falta de pago.
Pero ahora, la urgencia es sanitaria. El Gobierno afronta desafíos concretos: uno de ellos lo representan los 25.000 argentinos varados en el exterior, que reclaman volver al país tras el cierre de las fronteras aéreas y terrestres. Pero la responsabilidad no es solo gubernamental: desde el domingo pasado, cuando Alberto F. cerró las fronteras por decreto, salieron de la Argentina unas 30.000 personas. Una parte de ellas, que está en lugares infectados, demanda la repatriación.
El caso del joven que dio positivo de coronavirus y obligó a poner en cuarentena a la tripulación y los pasajeros del Buquebús resultó sintomático de este tipo de fallas individuales, que pueden dañar al conjunto. El Gobierno porteño gastó 700.000 dólares en el operativo para contener el daño y ahora le iniciará una demanda civil. La toma de conciencia de la población frente a la potencia mortal del Covid-19 es imprescindible para que la enfermedad no se torne incontrolable.
A la luz de lo que sucede en Italia, la cuarentena general representa una bala de plata contra el coronavirus.
COMENTARIOS