Uno de los momentos más aplaudidos del discurso del Presidente Alberto Fernández el 1 de marzo en el Congreso, y más comentados en redes de mujeres que llorábamos frente a la pantalla, fue sin duda alguna el anuncio de que enviará un proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esa enorme satisfacción por el reconocimiento de un reclamo histórico podría equipararse a la sentida frente a los fundamentos, también explicitados en ese discurso, para dar cabal cumplimiento a la Ley de Educación Sexual Integral.
No solamente porque el lema de las movilizaciones en las calles, de los centros de estudiantes, de los sindicatos docentes ha sido "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". También porque se presenta en el contexto de un gobierno político comprometido con la igualdad de género en sentido pleno y esa perspectiva recupera y fortalece el sentido que orienta a la Educación Sexual Integral.
La ESI es un gran proyecto ético de justicia social e igualdad, que excede la prevención del embarazo, de la transmisión de infecciones o del aborto. La igualdad y la justicia social requieren que se profundice la transformación cultural contra los sesgos machistas en todos los planos de nuestra vida social. Y las escuelas en todos los niveles, desde la escuela infantil hasta la universidad, son espacios en los que se reproducen esas desigualdades y el padecimiento, o se producen esas transformaciones. Como se evidencian ya en las denuncias frente al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos aires: en el 80% de los casos, los niños, niñas y adolescentes denunciantes habían tenido ESI en sus escuelas.
A veces por desconocimiento, a veces por haber tenido una educación plagada de tabúes, se sospecha que la ESI puede dañar a niños/as y jóvenes, que promueve experiencias de manera anticipada o que distorsiona valores consagrados. Nada más lejos de un proyecto de justicia social e igualdad que el Presidente se ha comprometido a fortalecer.
En esa dirección, en el Ministerio nacional se ha creado una Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral y la ESI vuelve a tener centralidad en las políticas educativas.
Sin embargo, sabemos que el sector educación necesita fuertes vinculaciones con otras áreas de gobierno para dar cabal cumplimiento a ese proyecto. En el gobierno nacional de Alberto está presente esa perspectiva de la "integralidad" en todas las carteras para que no queden en soledad los/as docentes con la cantidad de temáticas que afloran cuando se habla de sujetos y experiencias reales. Sobre todo en los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Justicia y sobre todo en Mujeres, Géneros y Diversidad tienen tarea en el gran proyecto de la igualdad de género. De eso trata el compromiso del 1 marzo.
(*) Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del ministerio de Educación y exdecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde desde hace un año se dicta la primera diplomatura en Educación Sexual Integral (ESI).
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