Al menos siete menores de edad de la comunidad indígena wichí murieron en los últimos días en la norteña provincia de Salta por problemas con el agua y desnutrición. Sin embargo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, dirigentes enrolados en filas del oficialismo parecen estar más preocupados en la discusión -"para la tribuna"- sobre si en la Argentina existen o no "presos políticos".
Se trata de un debate que claramente se desarrolla de espaldas a los inconvenientes urgentes, en serio, que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos, las poblaciones de aborígenes que llevan adelante a duras penas su vida en sitios adonde el Estado prácticamente no llega.
Porque en definitiva, si "no es de hoy que los chicos (wichís) mueren en esta época del año", como planteó con crudeza la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, que agregó que "hace muchos años que sucede esto en la provincia", ¿qué es lo que han hecho en concreto los gobiernos anteriores para evitar que este flagelo continúe sucediendo allí? Esa debería ser la discusión que el oficialismo en general y el peronismo en particular tendría que dar hacia adentro y hacia afuera, en lugar de estar enfrascados en el contrapunto sobre los "presos políticos" con el que tanto parece entretenerse la militancia justicialista por estos días. En la escala de prioridades, la necesidad de luchar contra el hambre y la desnutrición claramente se ubica por delante de esta suerte de "tema de moda" hoy en un sector de la clase dirigente doméstica, de igual manera que la importancia de fomentar políticas que propicien mejores condiciones de vida para la población en general.
Incluso el conductor televisivo Marcelo Tinelli, como integrante del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, parece haber tomado la posta en medio de la conmoción generada por la muerte de los niños wichís y anunció la construcción de 10 pozos de agua en las "zonas más críticas" de Salta, más allá de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, siga de cerca (ahora) este asunto.
Fisuras puertas adentro
Por otra parte, el debate superfluo acerca de las "detenciones arbitrarias" de las que habla el presidente Alberto Fernández, en contraste con otras voces del oficialismo más radicalizadas, puso en evidencia ligeras fisuras dentro de la coalición de Gobierno.
Una polvareda similar levantaron los cruces entre Fernández, Sergio Berni y Sabina Frederic, con el ministro de Seguridad bonaerense redoblando incluso la apuesta cada vez que puede con sus dardos hacia su colega de la Nación. De cualquier manera, se trata de diferencias internas que no giran, al menos hasta el momento, en torno de cuestiones centrales, como por ejemplo, el rumbo económico y la estrategia de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los demás acreedores de la Argentina.
En este sentido, más allá de las opiniones y las polémicas que pueda generar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus críticas al FMI, es el jefe de Estado el que tiene que liderar la misión de reestructurar la deuda externa. Ese fue el rol que el Presidente ejerció justamente durante su reciente gira por Europa, en la que quedó confirmado que para el Gobierno es crucial llegar a un acuerdo -justo- con el Fondo y los tenedores de bonos argentinos como punto de partida para una eventual recuperación económica nacional.
El comienzo del Gobierno de Fernández -que acaba de cumplir dos meses de gestión- será especialmente recordado por el éxito, o no, que pueda llegar a alcanzar en la negociación por la deuda externa que se está llevando adelante. Incluso en el caso de trastabillar en esta misión, las diferencias puertas adentro podrían llegar a profundizarse, además de complicarse en forma sustancial los planes del oficialismo en materia financiera.
¿Por qué? Porque la Argentina tendría que destinar miles de millones de pesos para pagar vencimientos de deuda en lugar de invertir esos fondos en gastos corrientes necesarios para ayudar a salir de la crisis.
La economía, al tope de las preocupaciones
Conjeturas al margen, lo cierto es que para cualquier país convivir con una deuda impagable resulta insostenible. Fernández lo sabe y por ese motivo ha depositado tantas energías en este asunto del FMI y los bonistas.
Lógicamente, si Fernández alcanza un resultado exitoso junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en esta negociación, verá fortalecido su liderazgo, en momentos en los que sigue navegando en la cresta de la ola en mediciones sobre ponderación de imagen y gestión. Según indican recientes encuestas, Fernández atesora un 55 por ciento de valoración positiva, Cristina también mide bien y a cuatro meses de haber perdido las elecciones generales de octubre pasado, el expresidente Mauricio Macri merodea el 40%, un porcentaje similar a la cantidad de votos que obtuvo.
Es decir, la percepción de la población con respecto a la imagen de los principales líderes políticos de la Argentina se mantiene estable, mientras Fernández y su Gobierno aún se están acomodando tras haber llegado al Poder y Macri mantiene un perfil bajo después del traspaso del mando.
Los números de las encuestas confirman de alguna manera las preferencias del electorado, mientras las cuestiones económicas continúan al tope de la nómina de preocupaciones de la población, toda vez que desde finales del gobierno de Cristina las finanzas de los hogares argentinos vienen en declive.
Después de cuatro años complejos de gobierno macrista, además, la gestión del Frente de Todos aún no parece haber mostrado un punto de arranque, más allá de haber cumplido poco más de 60 días, y es de esperar que el verdadero comienzo ocurra tras un eventual acuerdo con los acreedores.
Lógicamente, se trata de mucho dinero el que está en danza: solo en el caso del FMI la administración que lidera Fernández está tratando de "reperfilar" la devolución de unos 44.000 millones de dólares del préstamo otorgado por la entidad al gobierno macrista.
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