Los representantes de los productores agropecuarios se reunirán nuevamente este fin de semana para definir cómo se posicionan frente a las retenciones actualizadas por el gobierno nacional, al aumento del inmobiliario dispuesto por el gobierno provincial y al aumento de tasas dispuesto por diferentes intendencias. En los comunicados que difunden a la prensa se declaran respetuosos de los resultados electorales y la institucionalidad republicana, pero al mismo tiempo anticipan un endurecimiento que llegará hasta el cese de comercialización si no obtienen lo que demandan.
Nadie quiere una escalada de este conflicto hasta los niveles irracionales a los que se llegó en el pasado, por lo que urge profundizar el diálogo antes de que las posiciones extremas y las declaraciones altisonantes lo vuelvan imposible. Para esto, creo, es necesario ponernos de acuerdo sobre algunos puntos.
En primer lugar, entender que las retenciones son mucho más que una forma de recaudar impuestos (en realidad, derechos de exportación). Son fundamentalmente un instrumento de política económica que permite desenganchar el precio local de los alimentos que consumimos con respecto a su precio internacional en dólares. Si no correjimos de algún modo esa relación directa, deberíamos pagar nuestra comida a valor internacional pero con nuestros salarios nacionales.
El valor de los alimentos es el componente principal del valor de los salarios, de modo que cuando se sacan retenciones, aumenta la comida, aumentan los salarios, se produce una transferencia de ingresos desde todos los sectores hacia el sector agropecuario y baja la productividad promedio de la economía. Es lo que ocurrió durante el gobierno de Macri y un perjuicio que él mismo acabó reconociendo al reinstaurar las retenciones meses antes de irse derrotado.
En segundo lugar, entender que la rentabilidad agrícola está atravesada por múltiples variables además de las retenciones, aunque desde un sector del gremialismo agropecuario (el que representa a los actores más grandes) se pretenda convertirlas en bandera por encima de cualquier otra cuestión. El carácter político más que gremial de esta postura es evidente: la beligerancia contra la actualización dispuesta por Alberto Fernández no se condice con la mansa aceptación con que recibieron su reimplantación por parte de Macri. Algo parecido sucede con las reacciones contra Kicillof por medidas menos agresivas que las tomadas por Vidal en el pasado.
Entre las variables que afectan la rentabilidad del negocio agrícola y que no aparecen en la discusión pública está el valor de la tierra (que hace que la renta por tener sea mucho más alta que la ganancia por invertir y trabajar), el valor de los combustibles (que han dejado de ser subsidiados), la concentración de los mercados proveedores de insumos y los comercializadores, la desaparición del crédito productivo, etc. Todos actores y cuestiones que no se sientan a la mesa a la hora de discutir ante la población lo que "el campo" necesita. Las retenciones son uno más de muchos temas, ni siquiera el más importante.
Cuando se analizan en detalle, se concluye que el sector agropecuario no tiene objetivamente una agenda única sino múltiples agendas según el tamaño de la explotación, la distancia a puertos, el destino de su producto, la espalda financiera, el encadenamiento productivo, etc. Sin embargo, la agenda de los más fuertes se impone mediáticamente intentando arrastrar detrás de sí a los más débiles. "Todos somos campo" es la nueva consigna que reemplaza a "Todos somos el campo". Esta última es muy difícil de reinstalar luego de cuatro años de beneficios terratenientes que en lugar de derrame en los pueblos redundó en miseria generalizada. Con "Todos somos campo" se aspira a no perder voluntades entre los actores agropecuarios más chicos, que son los que mejor están siendo escuchados por el gobierno.
Subrayo la disputa política que surge clara detrás de las nuevas movidas. El objetivo casi confeso es que el Estado permanezca bobo, que la política no se meta y deje que los jugadores grandes se queden con todo, incluso con el negocio de los chicos. Se ayudan para eso difundiendo falsedades que pueden ser desenmascaradas fácilmente. Niegan que cada vez que el Estado no impuso regulaciones, las cosas terminaron muy mal (si la política no hubiese intervenido en 2002 ¿cómo habría quedado el mapa de los productores luego de ejecutadas las hipotecas?). Insisten con su oferta de que sin retenciones nuestros pueblos vivirán un paraíso de crecimiento económico. La eterna promesa incumplible del proyecto agroexportador argentino.
La realidad es que la duplicación del área sembrada, los récords de cosecha que se batían año tras año, el descenso del desempleo y la pobreza y el crecimiento de toda la economía, se dieron con retenciones y con el Estado regulando. Todo está para discutirse, ojalá sea con argumentos genuinos.
(*) Concejal por el Frente de Todos de Junín.
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