Ya con la economía en modo transición, la pregunta de fondo es si Alberto Fernández hará un plan de 180 días, con cepo cambiario y una “tregua” en la economía real producto del acuerdo de precios y salarios. O si habrá un plan integral (monetario, fiscal, tarifario y financiero) que sea consistente en el mediano y largo plazo.
El deterioro económico actual no le da mucho margen a la política económica del próximo gobierno. Y en ese aspecto lo que se deje para resolver más adelante, puede que no se retome o no vuelva a la agenda durante el mandato de Fernández. Otro riesgo es el de perder en el arranque del gobierno la expectativa de la ciudadanía y del mercado. Y que la “luna de miel” post 10 de diciembre sea muy breve o casi inexistente.
De lo que se puede ir leyendo entre líneas de las declaraciones de Fernández y su equipo existen certezas y dudas.
Una de las certezas es que continuará el “cepo cambiario”. Fernández afirmó que “el 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica”. Es decir, el control de cambios seguirá en esta versión que es mucho más restrictiva. Por ello, en la economía convivirán un dólar oficial y otros dólares (blue, “bolsa” y “contado con liquidación”).
Promesas
Otro aspecto en el que hay dudas es si Fernández puede cumplir con su promesa de subir, cuando asuma, las jubilaciones un 20 por ciento. El gasto en seguridad social representa al 66 por ciento del gasto total de la Nación. Y ajusta por la ley de movilidad (un 70 por ciento por inflación y un 30 por ciento índice de remuneración promedio de los trabajadores estables). Y para el comienzo de 2020 se sabe que el cálculo dio 11,56 por ciento de aumento, a cobrar en marzo de 2020. Ese sería recién el primer aumento en la administración de Fernández.
Lejos de lo anunciado por el presidente electo, aquí el punto es si Fernández, que prometió subir jubilaciones, es capaz de desindexar el gasto en seguridad social. Ya que, como los analistas y consultoras proyectan, la economía seguirá en recesión y los recursos tributarios caerán en términos reales. Sin embargo, el gasto en seguridad social sube con la inflación. Es decir, lo más probable es que aumente el déficit fiscal por ese lado.
Acuerdo de precios y salarios
El acuerdo de precios y salarios por 180 días conlleva el riesgo del día 181 ¿Qué pasará ese día? También en estas últimas semanas los empresarios del sector alimenticio subieron los precios. Y se hicieron de un “colchón” de remarcaciones antes que asuma Fernández, anticipando el acuerdo de precios y salarios.
Otro interrogante es qué pasa si alguna de las partes no cumple con el acuerdo ¿qué sanción tiene? De fondo, el acuerdo puede darle tiempo al nuevo equipo económico para resolver otros frentes. Y con la economía más estabilizada, extender el acuerdo de precios y salarios por plazos mayores.
Deuda y esfuerzo fiscal
Por otra parte, está el tema de la deuda con el FMI y con los bonistas privados. El economista Guillermo Nielsen, que probablemente sea Secretario de Finanzas de la Nación a partir del 10 de diciembre, ha dado algunas definiciones sobre el tema. Y que ayudan a armar el “rompecabezas” del programa económico.
Ha afirmado que no se puede cumplir con el cronograma de pagos con el FMI. Respecto al plano fiscal, dijo que “la austeridad fiscal compromete la recaudación”. Y señaló que “hay que crecer para poder pagar la deuda”.
A priori estas afirmaciones descuentan que el esfuerzo fiscal para cumplir con las obligaciones de deuda no será mayor. Van exactamente en dirección opuesta. Y en ese sentido existe una mayor probabilidad de que se esté considerando una quita en el capital de la deuda con bonistas.
No solo un “estiramiento” de los plazos o una “salida a la uruguaya”. Esta postura puede llevar a una negociación más agresiva y puede dificultar más la vuelta a los mercados voluntarios de deuda.
“Pesificación”
Por último, Mercedes Marco del Pont (asesora económica de Fernández) propuso “pesificar” o “desdolarizar” la economía. El punto es cómo se hace. Ya que si la economía está dolarizada es una consecuencia de no tener una moneda sana. Es decir, producto del desmanejo de la política económica por años. Y revertirlo no puede darse “por decreto”, sino que es una cuestión de largo plazo.
Por ejemplo, el cepo cambiario obliga a no comprar dólares hasta un cierto cupo por persona. Consecuentemente, está aumentando “artificialmente” la demanda de pesos. Durante la gestión de Cambiemos en el ejecutivo, el atractivo a pesificarse eran las altas tasas de interés. Sin embargo, no se pudo bajar la inflación que es la vía de pesificación más sana (pesificación voluntaria). Y terminó con controles de cambios.
En resumen, el plan del próximo gobierno tiene algunos puntos más claros y otros más oscuros (o que generan muchas dudas). Si el arranque con el pacto por 180 días entre Estado, empresas y trabajadores es solo para ganar tiempo, es un error. En algún momento, hay que lanzar un plan integral consistente, que marque el rumbo económico. Si las medidas son aisladas e inconexas, si son “parches sobre parches” o se dilatan mucho en el tiempo el anuncio del plan integral, las consecuencias pueden ser graves.
La economía necesita un mínimo de reglas y de previsibilidad para poder salir de la crisis.
(*) Economista Universidad Nacional de La Plata
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