Este año ha sido particular para el país y cargado de dificultades para la labor del notariado. La realidad socioeconómica impuso todo su peso en la ciudadanía y las últimas medidas dispuestas por el gobierno nacional complicaron aún más la situación en algunos sectores particulares. El entorno global ya exhibía una reducción importante de escrituras y a ello se sumaron las disposiciones de control de capitales que provocaron el detenimiento casi por completo del tráfico inmobiliario. A los escribanos nos golpeó de diversas maneras, puesto que veníamos con una caída importante en las operaciones de escrituración. Para utilizar la claridad de las cifras, en julio pasado hubo un descenso de casi 29 por ciento respecto de igual mes de 2018, y se realizaron 6.771 operaciones, 28,6% menos que las 9.481 en la comparativa interanual. En agosto se había logrado una mejora leve que se derrumbó luego del primer anuncio sobre los límites impuestos a la compra de dólares, que trajo aparejada una confusión relacionada a las cuestiones técnicas necesarias para resolver los procedimientos de compra y venta de propiedades.
En este sentido, la Comunicación “A” 6787 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunciada el último jueves, es vista como un paso valorable hacia la búsqueda de un desestancamiento de la situación actual del mercado inmobiliario, paralizado por las restricciones en el acceso a la compra de moneda extranjera, aunque aún resulta insuficiente para lograr escapar de esta coyuntura. Desde el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, interpretamos que la adopción de dicha medida fue posible gracias a los aportes realizados desde la institución en las reuniones con funcionarios nacionales del BCRA y del Ministerio de Hacienda llevadas a cabo en las últimas dos semanas, con datos de la actividad del sector.
En este marco de conversaciones e intercambios para la búsqueda de soluciones de manera conjunta, debemos remarcar la importancia de la propuesta de una herramienta denominada “ Certificado de Aptitud Crediticia”, iniciativa que presentamos al Banco Central hace más de un año como proyecto. En esa ocasión, procurando agilizar la operatoria crediticia, dimos a conocer la idea de un certificado que a priori calificara la aptitud de un inmueble, brindando seguridad a la operación para su inmediata concreción. No obstante, se trataba de un escenario que tenía inconvenientes diferentes a los que estamos atravesando hoy en día. De cualquier manera, celebramos que, en vista de la complejidad del caso, las autoridades lo tomen como recurso para aplicar en este contexto.
Por otra parte, comprendemos la preocupación que los funcionarios nacionales mostraron respecto a que se produzcan boletos de compraventa falsos para extraer dólares del circuito legal. Pero hay formas de comprobar la veracidad de un boleto: con la intervención de un escribano.
Por ese motivo, valoramos la apertura al diálogo entendiendo que se trata de una herramienta fundamental en los procesos democráticos y en la generación de consensos. En ese sentido y convencidos de que las mejores soluciones son el resultado de un trabajo conjunto, propiciamos continuar trabajando con otras profesiones del sector con humildad y sin protagonismos ficticios y circunstanciales. Para lograrlo ponemos a disposición los equipos técnicos de las entidades nucleadas en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires para continuar la labor junto a las autoridades, con el objetivo de diseñar herramientas creativas e innovadora que aporten soluciones nuevas a viejos problemas, reestableciendo el circuito de las operaciones inmobiliarias tratando de no comprometer el mercado de capitales.
(*) Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
COMENTARIOS