El deterioro de las expectativas, los temores por otra corrida del dólar y sus efectos desbastadores, la inflación y la recesión, han disparado en las últimas semanas diversas apelaciones de los economistas, y desde la política de “correcciones” al acuerdo vigente con el FMI. Algunas directamente descreen de cualquier acuerdo con el organismo internacional, otros subrayan los errores de diseño del programa, y mencionan, en particular, la necesidad de achicar la banda de intervención del Banco Central con el dólar. Palabras más o menos, esos reclamos creen que la autoridad monetaria local tiene las manos atadas y que debiera acordarse mayor libertad para intervenir en el mercado de cambios.
El Fondo, por su parte, mantiene sus criterios básicos, de no consumir los dólares que presta al país para venderlos a la especulación en el mercado de cambios, y de intervenir lo menos posible.
En los últimos días también se difundieron algunas correcciones al programa oficial, dirigidas a dar más oferta al mercado del dólar y facilitar el traslado de las tasas de interés que paga el Banco Central por las Leliq, a los ahorristas. La lógica oficial es que de esta manera, las tasas de interés en pesos al público resultarán más atractivas, y habría menos presión sobre el dólar.
El Fondo, por su parte, mantiene sus criterios básicos, de no consumir los dólares que presta al país para venderlos a la especulación en el mercado de cambios, y de intervenir lo menos posible.
En cuanto a las opiniones que se realizan en los medios de “corregir” el acuerdo con el Fondo Monetario y achicar la banda de intervención del dólar, desde el Gobierno el ministro Nicolás Dujovne, declaró que no hay nada para cambiar allí, y que existen suficientes dólares para abastecer la demanda que podría ocurrir en los próximos meses. El viernes, el organismo internacional acordó otro desembolso por 10.800 millones de dólares.
Sin dudas, la gestión económica y el programa son relevantes pero tienen un efecto acotado cuando lo que está en juego es el riesgo político con la elección presidencial de fines de este año. El riesgo país roza otra vez los 800 puntos, muy por encima de lo que indican los fundamentos económicos. Algunos estudios creen que las sobretasas que soporta la Argentina por el riesgo político ronda entre 250 a 300 puntos básicos. Una enormidad que no depende de la economía, sino de la política. Los instrumentos monetarios o fiscales no están imaginados para resolver los desaguisados políticos.
La Argentina tiene un largo historial de golpes de timón con cada cambio de gobierno y de una clase política que una semana vota la intangibilidad de los depósitos de los ahorristas y a la siguiente la pesificación, celebra el default de la deuda con triunfalismo, que de un plumazo rompe contratos, sanciona la argentinización de YPF, y paga luego sumas astronómicas a los antiguos dueños expropiados o paga al Fondo Monetario deuda cash o al Club de París y mantiene por décadas impagos bonos al sector privado.
Es una larga historia de desarreglos que podría asimilarse a la experiencia con los jubilados, el Estado y las leyes votadas por distintas gestiones políticas: con promesas permanentes, reparaciones históricas, debate de índices de actualización, etc., pero que finalmente terminan en un deterioro permanente de esos ingresos y miles y miles de juicios que nunca se resuelven. No es casualidad que en el tema de las jubilaciones, la opinión mayoritaria es de hartazgo y descreimiento. Con matices, lo mismo ocurre con los mercados internacionales y los inversores externos. Quieren ver para creer, y esperan las definiciones de las PASO y de los comicios de octubre próximo para decidir.
Es igual con los argentinos que tienen ahorros, grandes o pequeños, que los depositan fuera del país o los dolarizan por las dudas, ante la incertidumbre electoral. No se trata de un fenómeno nuevo, pero se renueva hoy con el dilema si habrá reelección para el presidente Mauricio Macri, volverá la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o quien del PJ podría tomar la posta, o si habrá algún otro candidato que surgirá no se sabe de donde. En definitiva, con un grado de incertidumbre de esta naturaleza y la experiencia del pasado, no parece que un programa económico de la actual gestión podría solucionarlo, más allá de sus errores o falencias. La política y sus principales dirigentes, en definitiva son los que tienen las mayores responsabilidades de lo ocurrido en el pasado y en el presente. Y no sería diferente en los próximos meses con los miedos económicos que surjan con la contienda electoral. Muy diferente sería un escenario en donde hubiera consensos básicos sobre la economía, la política fiscal, monetaria y el desarrollo local. Hoy una quimera, una ilusión bastante lejana a la realidad cotidiana, en donde las palabras han dejado de tener valor, más aún en el debate público y político.
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