El anunciado y siempre postergado segundo semestre nunca llegó y a esta altura resulta evidente que tampoco llegará en 2019. Todo lo contrario. La aplicación de una política económica excluyente e insostenible mostró tempranamente sus consecuencias. Una crisis autoprovocada atropelló al Gobierno que pidió que se lo evalúe por su capacidad para reducir la pobreza.
El que pasó fue un año signado por la crisis económica, la aceleración inflacionaria, el empeoramiento de las condiciones laborales y el derrumbe del poder adquisitivo de los ingresos de las familias.
Si bien todavía no se cuenta con información referida a los últimos meses, los datos correspondientes al tercer trimestre de 2018 ya develan un acelerado deterioro en las condiciones de vida. A partir de la publicación de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, desde Cifra-CTA calculamos la pobreza y la indigencia replicando la metodología que usa el propio Instituto.
Los resultados muestran el aumento en la pobreza. Mientras que en el tercer trimestre de 2017 el 25,0 por ciento de las personas vivían en situación de pobreza, en mismo trimestre de 2018 esa proporción ascendió al 28,2 por ciento. Si se proyecta este porcentaje a nivel nacional, se trata de 12,6 millones de personas que vivían en hogares cuyos ingresos resultaban insuficientes para adquirir una canasta básica de consumo. Son un millón y medio más de personas respecto de un año atrás.
Como era de esperarse, también la indigencia se agravó en este período. Mientras que alcanzaba al 5,1 por ciento de las personas en el tercer trimestre de 2017, llegó al 6,0 por ciento en el mismo trimestre de 2018. Es decir: 418.000 personas más cuyos ingresos familiares no cubrían siquiera el costo de los alimentos necesarios para subsistir.
Más allá de la gravedad de esta situación, los datos resultan aún más terribles cuando se refieren a niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 42,8 por ciento (más de 4 de cada 10) vivía en situación de pobreza. Un año atrás esa proporción había sido de 39,6 por ciento.
Estos resultados obedecen a que los ingresos, tanto provenientes del trabajo como de otras fuentes (jubilaciones, pensiones, transferencias, etc.), crecieron muy por detrás de los precios. En efecto, los ingresos promedio de los hogares aumentaron alrededor de 24 por ciento interanual mientras que el nivel de precios subió 35 por ciento. Pero los bienes de consumo básico tuvieron un aumento aún mayor, que alcanzó el 39 por ciento. La inflación perjudica más a los más desfavorecidos.
Las condiciones de vida de las familias sólo pudieron haberse agravado en los meses subsiguientes. Al tiempo que se verificó una importante caída en la cantidad de puestos de trabajo, los aumentos salariales quedaron muy por detrás de los incrementos en los precios que pagan los consumidores, y lo mismo sucedió con los ingresos de las personas jubiladas y pensionadas.
En el último trimestre del año pasado la canasta de pobreza aumentó en 55 por ciento, incluso por encima del aumento general de precios que superó el 47 por ciento. Por ello, como ya admitió la Ministra de Salud y Desarrollo Social, es de esperar que los datos de cierre de 2018 muestren una profundización de esta crisis social que estamos atravesando.
Conociendo estos resultados es difícil entender cómo el Gobierno no se hace eco de la penosa situación que atraviesan los hogares y, en cambio, se empeña en mantener el camino del ajuste sin presentar ninguna política ni plan ni proyecto que se enfoque en la recuperación de la capacidad de consumo de las familias argentinas.
(*) Cifra-CTA.
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