Es normal que el debate de una ley periódica y de trámite ordinario esté rodeado de un escenario de máxima tensión dentro y fuera del Congreso Nacional? Este año el tratamiento y la media sanción del presupuesto general de gastos y recursos del Estado argentino para el año 2019 ha estado signado por algunos condimentos que elevaron la natural atención que la sociedad presta a esta etapa anual de planificación de la política económica. Veamos por qué:
Formalidad imprescindible
Todo Presidente está obligado por mandato constitucional –art. 100.6- a presentar ante el Congreso una proyección completa, responsable y verificable de cómo planifica obtener recursos y cómo los gastará el siguiente año para cumplir con su misión esencial de gobernar el país conforme los objetivos que nos llevaron a organizarnos como Nación (fácilmente recordables, pues están en el Preámbulo).
Como prueba de gobernabilidad, el oficialismo busca una señal poderosa de autoridad y liderazgo mediante la rápida aprobación legislativa de un programa económico que apacigüe las presiones del mercado.
Sinceramiento de la crisis
Dentro de esa obligación periódica, en este año de inflación galopante, dólar duplicado y salarios amesetados, el Ejecutivo nacional ha presentado un proyecto presupuestario que refleja para 2019 una retracción generalizada de gastos y un escenario de recesión extendido, aún con una previsión inflacionaria optimista para los índices actuales. Como prueba de gobernabilidad, el oficialismo busca una señal poderosa de autoridad y liderazgo mediante la rápida aprobación legislativa de un programa económico que apacigüe las presiones del mercado.
Condicionamiento externo
Como alguna vez anticipamos en estas páginas, la decisión presidencial de este año de recurrir tras décadas al auxilio financiero del FMI para sortear una crisis interna, ha implicado una transferencia de soberanía con altísimos costos políticos en cuanto a la independencia real. El actual tratamiento legislativo lo evidencia: a) el organismo de crédito internacional formalmente ha supeditado el pago de sus futuras cuotas de un préstamo de estabilización económica a la previa aprobación legislativa de un presupuesto de déficit cero; b) por ello, mientras toda inversión social se reduce en términos inflacionarios, el único gasto presupuestario que prevé un alza real para el 2019 corresponde a los pagos de deuda.
Reacciones lógicas
La resistencia generalizada al tratamiento de un presupuesto de crisis es natural en la Cámara de Diputados en su carácter de caja de resonancia de las múltiples ideologías de la sociedad argentina, máxime ante la inminencia de un año de elecciones presidenciales, factor agonal que amplifica los disensos. Pero además se ha sumado la protesta de movimientos sociales y sindicales, cuestionando que por carácter transitivo la reducción generalizada de los gastos que afrontará el Estado (que es por mucho el principal empleador e inversor económico del país), afectará inmediatamente el poder adquisitivo real de empleados públicos, jubilados y beneficiarios de subsidios. Más allá de la probable sanción final en el Senado, corresponde resaltar que será factible de revisión judicial toda decisión presupuestaria que condene a sufrir por debajo del índice inflacionario a las ayudas de subsistencia de los sectores más vulnerables (como las jubilaciones mínimas y las AUH).
Impacto federal
Las reducciones presupuestarias afectarán mayormente a las previsiones locales de cada provincia, y entonces como siempre seremos los bonaerenses quien –por tamaño y por tradición- deberemos afrontar el mayor peso del ajuste nacional. Por ello, además de las quejas públicas que adelantara el gobierno provincial frente al licuado inflacionario de la reconquista del “fondo por el conurbano”, corresponderá el replanteo judicial ante la Corte federal en caso de resistencia a reconocer ese derecho a actualizar nuestra vieja partida pendiente hace décadas.
En definitiva, lejos de resultar un tema económico, es eminentemente político y social el dilema que configura este año con la tensión por consagrar un presupuesto de crisis diseñado más para apaciguar nervios financieros y conformar auditores extranjeros que nos exigen lo que ni siquiera ocurre en sus países desarrollados (déficit 0), que para atender soberanamente las necesidades de subsistencia de nuestra Nación.
(*) Profesor de Derecho Constitucional UNLP.
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