El Gobierno logró tildar en estos días los dos primeros objetivos que se propuso alcanzar antes de fin de año y salió fortalecido. En esa suerte de rayuela de la que participa el oficialismo en su afán de ir superando distintos niveles de exigencias y desafíos políticos hasta la llegada del verano, la Casa Rosada consiguió por un lado un aval en Diputados al proyecto de Presupuesto 2019 y por el otro, que el FMI aprobara una ampliación del millonario préstamo acordado con el país.
Resultaron exitosas finalmente las gestiones que llevó adelante el macrismo en las últimas semanas, en especial por intermedio del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para conseguir el respaldo de gobernadores peronistas, mediante sus legisladores, en el Parlamento nacional.
Pese al revuelo interno generado hacia el comienzo de la sesión y los incidentes ocasionados prácticamente en simultáneo en la Plaza del Congreso, al cabo de un extenso debate el proyecto de Presupuesto -con su ambiciosa proyección de déficit cero- recibió luz verde en la Cámara baja.
Un día más tarde, la junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó ampliar a 56.300 millones de dólares su programa de asistencia financiera destinado a la Argentina y dispuso enviar de inmediato una partida de U$S 5.700 millones, en una decisión que generó alivio y regocijo en estas latitudes.
Si bien debido a una cuestión técnica el país recibirá, en definitiva, unos 800 millones de dólares menos de aquellos U$S 57.100 millones anunciados originalmente, el Gobierno con este acuerdo se asegura un impulso significativo de parte del Fondo para tratar de salir de la recesión.
También se garantiza un respaldo financiero de proporciones para afrontar el año electoral 2019, además de dinero urgente que le permita sofocar posibles conflictos sociales especialmente durante las semanas más calientes de fines de año.
Todavía resta que el Senado apruebe el proyecto y sancione de esa manera el Presupuesto 2019, pero el primer paso está dado en el Congreso para el Gobierno, que logró salir fortalecido tras una intensa "rosca" con gobernadores justicialistas.
Horas más tarde, el FMI (también) le palmeó la espalda.
Preservar la paz social
Tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes hacia fines de año, en medio de una crisis que golpea a los sectores medios y bajos de la sociedad especialmente, también debería ubicarse al tope de las prioridades del Gobierno antes de la llegada del verano.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires intensificó en los últimos días su reclamo de actualización por inflación del Fondo del Conurbano: demanda un monto adicional de 19.000 millones de pesos para este año y 2019.
Se trata de una suma de dinero que, de acuerdo con propias palabras de la mandataria María Eugenia Vidal, la Gobernación pretende destinar para asistir a quienes "más lo necesitan", en momentos en los que también intendentes del Gran Buenos Aires están trabajando para prevenir incidentes en diciembre.
Autoridades municipales de La Matanza, Merlo, Escobar, Ituzaingó y Hurlingham, por ejemplo, entre otros jefes comunales del peronismo, vienen manteniendo reuniones con empresarios, comerciantes y hasta supermercadistas chinos para solicitarles que "ayuden a preservar la paz social".
¿De qué manera? Tomando medidas preventivas frente a posibles alborotos sociales y disponiendo de bolsones de alimentos para entregar a los vecinos, para desactivar de esa manera eventuales intentos de saqueos.
"Esperemos que no ocurran, pero llegado el momento, les estamos pidiendo que ellos también ayuden a preservar la paz social", dijo un intendente peronista de la candente zona oeste del Conurbano bonaerense.
El Gobierno ya advirtió que el índice de inflación será elevado en octubre, aunque se espera que se desacelere durante los dos últimos meses del año.
Precios más estables deberían contribuir para que se reactive en parte el consumo, mientras pequeños y medianos comerciantes cruzan los dedos esperando que las próximas Fiestas sirvan de analgésico para mitigar los agudos dolores de cabeza padecidos a lo largo de 2018.
Suavizar el aumento del costo de vida todavía es una materia pendiente para el Gobierno, que antes de que concluya el año deberá también enfocar sus energías en garantizar una exitosa organización de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que por primera vez en la historia se realizará en Sudamérica: del 30 de noviembre al 1 de diciembre aquí, en Buenos Aires.
Militantes de la grieta
Los incidentes desatados frente al Congreso mientras se discutía en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2019 hicieron recordar aquellos desmanes de fines del año pasado, cuando también grupos anarquistas, de izquierda y militantes del kirchnerismo generaron disturbios durante el debate sobre la reforma jubilatoria.
De acuerdo con especialistas, este tipo de violencia termina siendo funcional a la "grieta", y por consiguiente, al Gobierno, más allá de que legisladores del Frente para la Victoria hayan pretendido anotarse como un triunfo (ocasional) el pase a cuarto intermedio que forzaron en el recinto en medio de la batahola fuera del Parlamento.
Ciertamente, se deshilacha con suma facilitad el presunto argumento de que aquellos que van a manifestarse con gomeras, masas, piedras escondidas en mochilas, morteros "tumberos" y clavos "miguelitos" están tratando de defender los derechos de los más desprotegidos frente al supuesto intento del macrismo de perjudicarlos.
Del otro lado del vallado policial que separaba a esos revoltosos de las puertas del Congreso, dentro del Parlamento representantes de quienes sí promueven y valoran el sistema democrático de gobierno, mediante herramientas republicanas que les concede la política, decidieron avalar -con modificaciones- la iniciativa presupuestaria que impulsa la Casa Rosada.
En mayor o menor medida, gobernadores como Juan Schiaretti (Córdoba), Lucía Corpacci (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut) y Omar Gutiérrez (Neuquén) dieron su respaldo y permitieron que el oficialismo obtuviera los 138 votos con los que consiguió aprobar el proyecto.
Es cierto, todos intentan defender sus intereses, pero el apoyo que brindaron al macrismo en su búsqueda de gobernabilidad con vistas al año electoral 2019 deja trascender sus convicciones de que a nadie le conviene un aquelarre legal.
En el abismo pierden todos, el oficialismo lógicamente, al desgastarse la figura del presidente Mauricio Macri, pero también la oposición constructiva: esa que debe favorecer la provisión de reglas de juego claras a los distritos provinciales que así lo demandan.
Los gobernadores son conscientes de que se viene un fin de año complejo debido a la crisis, de igual modo que los intendentes que procuran desalentar eventuales saqueos. De un modo u otro, cada uno buscó en estos días mostrar síntomas de madurez.
Incluso el kirchnerismo se perjudicaría en medio de un revuelo político adicional en estos momentos, ya que correría riesgo de perder esa simpatía que aún despierta en sectores que si bien se sienten decepcionados con el macrismo, entienden que su principal objetivo a estas alturas de 2018 es preservar sus economías familiares de convulsiones innecesarias.
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