La duplicación del valor del dólar frente al peso entre abril y septiembre desnudó hoy otro daño colateral para el bolsillo de los usuarios de gas: deberán hacerse cargo de deudas contraídas por las distribuidoras con las petroleras por contratos firmados en moneda norteamericana.
Según estimaciones de las compañías y de la propia Secretaría de Energía, los usuarios de gas deberán afrontar el pago de unos 10.000 millones de pesos adicionales.
Lo harán en un plazo de 24 meses, para "atenuar" el impacto sobre los bolsillos, que ya debieron soportar subas de entre 30% y 35% a partir de octubre, más las que ya se aplicaron en períodos anteriores.
Voceros de una distribuidora consultados por NA recordaron que en la última audiencia pública, realizada el 4 de septiembre último, la empresa alertó que la deuda acumulada con productores como consecuencia de la devaluación ya rondaba los 4.000 millones de pesos a septiembre.
Es que los contratos con los productores se firmaron a un dólar de $ 20,80 aproximadamente, en abril último, pero la divisa norteamericana fue escalando día a día casi sin parar hasta llegar a los casi $ 40 de los últimos días.
Esto fue generando una "deuda" diaria que ya acumula más de 10.000 millones de pesos y que, según el marco regulatorio, debía ser "compensada" por los usuarios en algún momento, que ahora llegó.
Las tarifas que pagan los usuarios del denominado "segmento regulado" (hogares, comercios y pymes) se mantuvieron desde que comenzó la crisis cambiaria.
El marco normativo establece que esas "diferencias diarias" generadas a favor de las petroleras por la variación del dólar se devolverán en seis meses una vez producida la actualización de los cuadros tarifarios.
También dispone que deberán cancelarse entre octubre de 2018 y marzo de 2019.
Ante semejante deuda acumulada, la Secretaría de Energía a cargo de Javier Iguacel resolvió prorratearla a dos años, en una medida de fuerte contenido político, alertado el gobierno del malestar que ya existe entre los usuarios por los fuertes aumentos tarifarios.
El tema fue negociado por las empresas del sector con el Enargas, el ente regulador del sector, según indicaron fuentes del sector energético.
"Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio del gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, el Enargas instruirá a las prestadoras al recupero del crédito a favor de los productores en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019", estableció finalmente la Secretaría de Energía.
Incluso, dispuso que las "diferencias serán actualizadas al 31 de diciembre de 2018 a la tasa activa de la cartera general diversa del Banco Nación".
Además, la financiación del monto "se actualizará según la tasa pasiva plazo fijo pizarra del mismo banco".
Por si quedaban, dudas, el Poder Ejecutivo recordó que la Ley Nº 24.076 prevé que "las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación".
El marco regulatorio sostiene que la distribuidora no puede ganar ni perder, y hasta fija su margen de utilidad, que según pudo saber NA ronda el 18%.
Lo que más pesa en la ecuación de ese mercado regulado es el precio del gas: 30%.
El resto de la tarifa está compuesto por lo que perciben los transportistas y, con fuerte peso también, los impuestos que gravan las boletas.
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